Gobierno mexicano, especialista en espionaje político

El espionaje político que practica el gobierno mexicano es, ante todo, un abuso de poder y una característica del autoritarismo y la falta de democracia que se padece en el país.

La experiencia de los agentes estatales en este campo data de la llamada Guerra Sucia, cuando la extinta Dirección Federal de Seguridad (cuyo papel ahora desempeña el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen) daba “seguimiento” a todos los opositores del régimen, no sólo a guerrilleros, sino también a luchadores sociales e incluso estudiantes.

Así que desde hace décadas el gobierno interviene ilegalmente las comunicaciones, aunque esta intromisión es cada vez más invasiva. Ahora ya no se reduce a las comunicaciones (telefónicas, radiotelefónicas y digitales; incluso las que están cifradas: correos electrónicos, mensajería de texto, chats tanto de correos como de redes sociales –Facebook, Twitter– y aplicaciones: Skype, Whatsapp, BBM, Facetime, Tango, Fring, Telegram); sino que también abarca la geolocalización en tiempo real de la persona espiada.

Además, la tecnología empleada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) –que, por cierto, no está facultada por ninguna ley y bajo ninguna circunstancia a intervenir comunicaciones–, el Cisen y la Procuraduría General de la República permite a los espías del gobierno ver y escuchar en todo momento a la víctima: remotamente activan cámara y micrófono del dispositivo electrónico intervenido (teléfono celular, tablet, computadora).

Pero esto no es todo. Las tres instituciones del gobierno cuentan con la capacidad tecnológica para manipular a distancia computadoras, radios, teléfonos celulares y cualquier tipo de teléfono inteligente o smartphone, sin que las víctimas del espionaje puedan advertir estas órdenes remotas (Zósimo Camacho, Contralínea 294, 22 de julio de 2012).

Como lo reveló este semanario desde hace 5 años, con el software de la plataforma Pegasus –ahora señalado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Social TIC de ser utilizado por agentes del Estado para espiar periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción– también posibilita el acceso a todos los archivos generados o almacenados en los dispositivos que infectan (fotografías, documentos, textos).

“Los agentes podrán ‘operar con las siguientes funciones de adquisición de datos: extracción de SMS/MSM; lista de contactos; registros de agenda; monitores de e-mail; intercepción de voz; extracción de mensajería instantánea; información de ubicación GPS/Cell ID; captura de imágenes de pantalla y de la cámara; acceso y manipulación del sistema de archivos; información y estado del sistema; información de la tarjeta SIM; información del hardware, sistema operativo y software; denegación de capacidades de servicio, y detener el funcionamiento del dispositivo’”, refieren los contratos que firmó la Sedena con Security Tracking, SA de CV, y AV y D Solutions, SA de CV (Contralínea 294).

El tema no es menor: el espionaje político rompe el estado de derecho, porque es ilegal y quebranta principios básicos de los derechos humanos, garantizados en la Constitución y en tratados internacionales que el Estado mexicano está comprometido a cumplir.

Y es que quien debería garantizar el orden jurídico es quien viola libertades de los ciudadanos que “representa”, entre los que destacan los derechos a la intimidad, la seguridad, la vida privada, la libre expresión, la libre asociación, los datos personales y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.

Por ello es muy grave que reporteros, defensores de los derechos humanos, activistas anticorrupción y ciudadanos en general sean víctimas de espionaje en este sexenio, tal como lo reveló –el pasado 19 de junio– el informe Gobierno espía. Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos.

Según ese análisis de la R3D, Artículo 19 y Social TIC, las comunicaciones de los periodistas Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui (y su hijo Emilio), Rafael Cabrera, Sebastián Barragán, Daniel Lizárraga y Salvador Camarena habrían sido intervenidas a través de software maliciosos vinculados a la plataforma Pegasus, de uso exclusivo del gobierno.

También, “entre los meses de abril y junio de 2016, Mario Patrón, director del Centro Prodh [Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez]; Stephanie Brewer, coordinadora del Área Internacional, y Santiago Aguirre, subdirector de esa misma organización, recibieron mensajes que se ha confirmado constituyen intentos de infección con el malware de espionaje Pegasus”.

De acuerdo con la organización, “los mensajes fueron recibidos en fechas clave dentro del trabajo de defensa de derechos humanos que el Centro Prodh ha realizado en casos de alto impacto, como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la masacre de Tlatlaya y los casos de tortura sexual en Atenco”.

Otra organización afectada por estas prácticas ilegales es el Instituto Mexicano por la Competitividad (Imco), pues se documentó que su director Juan Pardinas y la investigadora Alexandra Zapata recibieron cuatro mensajes intentando infectar sus dispositivos móviles, a finales de 2015 y en mayo de 2016.

Según el Centro de Derechos Humanos, “Imco ha sido una de las organizaciones que ha liderado esfuerzos de incidencia para la reforma legal anticorrupción, en particular fue impulsor de la ley conocida como ‘Ley 3 de 3’, la cual generó gran resistencia y ataques por parte de fuerzas políticas asociadas al gobierno federal durante el primer semestre de 2016, justo en el momento en que fueron recibidos los mensajes”.

Es injustificable que el gobierno invada la privacidad de las personas y que utilice esa información para fines totalmente contrarios a su mandato legal. No basta con la declaración que dio la Presidencia de la República, de que no hay evidencias de que desde el gobierno se espíe periodistas y defensores; el tema se tiene que castigar.

Está claro que esas 10 personas de las que se ha comprobado son víctimas de espionaje no son, ni de lejos, las únicas. Ahora mismo, y sin ningún pudor, las conversaciones de miles de ciudadanos son intervenidas por agentes del gobierno.

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]

Nancy Flores

Contralínea 545 / del 26 de Junio al 02 de Julio de 2017