Xavier Caño Tamayo*/Centro de Colaboraciones Solidarias

 

José Manuel Paredes, catedrático de derecho penal, dice que “hay delitos económicos que no se juzgan y, cuando se juzgan, casi nunca acaban en condena”. Cierto. Los delitos económicos, los que comete la minoría rica, se persiguen poco y se castigan menos. Y cuando raramente los delincuentes de esa minoría son imputados, sus abogados dilatan los procedimientos hasta poder acogerse a la prescripción de los delitos. Por fin, los escasos condenados suelen ser indultados. Impunidad.

 

Delincuentes que malversan dinero público, corrompen, blanquean dinero, evaden impuestos, se enriquecen ilícitamente, especulan, falsifican documentos, estafan, se apropian de lo que no es suyo, alteran precios… Sin olvidar las grandes empresas trasnacionales que usan su enorme poder para monopolizar materias primas, establecer precios abusivos de venta, forzar precios ruinosos de compra, hundir a la competencia… Corporaciones y bancos actúan de hecho como organizaciones criminales que perpetran graves delitos, violan derechos humanos, destruyen libertades, vacían la democracia, causan pobreza y provocan hambre.

 

Los grandes bancos de inversión engañaron al mundo: vendieron productos financieros tóxicos camuflados, provocaron la crisis y abrieron la caja de los truenos para perpetrar la mayor agresión a los derechos irrenunciables de la mayoría de población mundial. Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America y Barclays, además de ser causantes de la crisis, especulan en el mercado de alimentos y han provocado un aumento de precios que ha significado hambruna y muerte. Goldman Sachs, además, escondió la contabilidad verdadera de Grecia y fabricó otra falsa para que ese país pudiera ingresar en la Eurozona. Ya sabemos lo caro que están pagando los griegos esa infamia.

Nadie ha sido juzgado

 

Además de grandes bancos, grandes corporaciones son también responsables de crímenes. Sony, Bayer, Motorolla, IBM, Alcatel, Compaq, Dell, Epcos, Hitachi, Intel, Ericsson, HP, Lucent, Nokia, Siemens, AMD, AVX, Kemet, Nec… han presionado, mentido y manipulado, promovido y financiado bandas armadas y guerrillas para mantener un estado permanente de guerra en África central. Y poder saquear impunemente sus riquezas naturales, además de disponer de todo el coltán que necesiten a buen precio para fabricar móviles, smartphones, computadoras, tabletas… Un informe de la Organización de las Naciones Unidas acusó a 29 empresas occidentales de haber saqueado el Congo y a otras 85 de haber violado gravemente las normas de conducta empresarial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

 

Pero nadie ha rendido cuentas ante la justicia. Nadie ha pagado por los delitos cometidos. Es el imperio de la impunidad.

 

El Reino de España tiene larga tradición de impunidad. Como la más antigua y repugnante impunidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados por el régimen franquista: más de 130 mil desaparecidos. Un régimen al que la ONU declaró fascista en su origen, naturaleza, estructura e historial.

 

Por no hablar del perdón a policías torturadores, en el que destacan los indultos a cuatro mossos d’esquadra (policías de Cataluña), condenados por torturas a un detenido e ¡indultados dos veces! por el gobierno (al ser firme la sentencia y después, cuando la Audiencia de Barcelona, a pesar del primer indulto, ordenó el ingreso en prisión de los torturadores por “prevención, peligrosidad criminal, repulsa y alarma social”). Y no entraron en la cárcel.

 

Entran más delincuentes económicos, pero por poco tiempo. Personajes condenados por prevaricación, malversación de fondos públicos, múltiples escándalos urbanísticos… La lista de esos indultados es larga, muy larga. Tanto que Jueces para la Democracia ha denunciado el creciente número de indultos a cargos públicos, delincuentes económicos y policías. Da igual que los indultos a placer de los gobiernos del Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular a banqueros, alcaldes, cargos políticos, grandes empresarios y policías torturadores sean legales. Porque esos gobiernos se han pasado por el arco del triunfo que la ley es igual para todos. Y cuando la ley no es igual para todos, la democracia no es democracia; es un chiste, una burla.

 

No sólo en España, al iniciado combate por la democracia de verdad, cabe incorporar una actuación inmisericorde contra la impunidad de delincuentes económicos, muñidores de países empobrecidos y torturadores. O la democracia conseguida estará coja.

 

*Periodista