El consejo ciudadano que enmendó la plana a Calderón

Debieron estar sonrientes las almas ciudadanas de los 19 integrantes de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación aquel 3 de diciembre de 2009. Sus esfuerzos colegiados duraron poco más de un año, pero habían logrado que el gobierno de Calderón corrigiera una mala decisión. Y, lo más importante, es que lo consiguieron sin mayores daños que lamentar a pesar de que había ocurrido, sordamente, una confrontación entre un pequeño consejo consultivo de ciudadanos con el gobierno federal.

Desde la media tarde de ese día, Mario Luis Fuentes, presidente del cuerpo ciudadano, informó por correo electrónico a los demás asambleístas la rectificación gubernamental. En minutos, el hecho brincó a los medios y corrió la noticia: Ricardo Bucio Mújica, exsecretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, había sido designado presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

La enmendadura presidencial conquistada por una instancia ciudadana es un hecho insólito en un país donde lo habitual es que los gobernantes no rectifiquen y los consejos consultivos se presten para legitimar.

Es una gran historia, aunque no fue merecedora de grandes titulares en la prensa comercial porque las dos partes no hicieron escándalos y, aunque chocaron, se movieron con inteligencia, sin crispaciones innecesarias. Merece conocerse.

Por el lado del gobierno, para la enmienda final, fue decisoria la intervención de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón; luego de Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, y de Blanca Heredia, coordinadora de Desarrollo Político de esa secretaría. Al principio, en Presidencia y Gobernación, fueron omisos deliberadamente, pero sus resistencias fueron vencidas hasta que escucharon, se criticaron, prometieron enderezar, se fijaron fechas para enderezar, y cumplieron.

Por la Asamblea Consultiva, todos sus integrantes –y eso es parte del valor de la historia– actuaron en distintas formas e intensidades, pero coincidentes en defender una causa y en diseñar y defender una agenda común. Lo asombroso fue eso: la unidad, la actuación en bloque a pesar de tener tan distintos orígenes, formaciones, actividades profesionales, filias políticas y estilos que se antojaría imposible el acuerdo entre ellos. Júzguese esta pluralidad (en orden alfabético para no herir autoestimas):

Rosa María Álvarez de Lara, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Judit Ester Bokser Misses-De Liwerant, coordinadora del Programa de Postgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; José Luis Buendía Hegewisch, socialdemócrata confeso, director ejecutivo de la Fundación Prende; Roy Campos Esquerra, presidente de Consulta Mitofsky; Renee Dayán Shabot, directora de Tribuna Israelita; Arturo Díaz Betancourt, secretario ejecutivo del Comité Técnico de Observación y Vigilancia Ciudadana en VIH/Sida; Mario Luis Fuentes Alcalá, exdirector general del Instituto Mexicano del Seguro Social, director general del Centro de Estudios e Investigación de Desarrollo y Asistencia Social; Olivia Joanna Gall Sonabend, presidenta del Consejo Directivo del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir; Isabel Gardea Espino, investigadora del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, AC, en Sonora; Roberto Gutiérrez López, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco; Roberto Javier Blancarte Pimentel, director del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México; Sandra Jiménez Loza, activista por los derechos de la mujer en el Distrito Federal; María Angélica Luna Parra, presidenta de México, Ciudad Humana, AC; Adriana Ortiz Ortega, investigadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México; Covadonga Pérez Villegas, presidenta de la Asociación Mujeres en Serio; Alejandro Quintero Novellla, cardiólogo y directivo del Club Rotario de Polanco; Francisco Javier Rangel González, empresario, director general de Silverline; Jesús Eduardo Toledano Landero, presidente de la Fundación Dime, AC, y el periodista Rogelio Hernández López.

La mayoría de la gente seguramente sabe que el Conapred fue creado en 2003, pero su origen primigenio fue el debate entre seis aspirantes presidenciales en 2000. Según las crónicas de entonces, Rincón Gallardo ganó de calle. Allí mismo Fox se comprometió a hacer suya la propuesta central de Gilberto para legislar y disminuir la desigualdad social.

Después de las elecciones, Rincón Gallardo y parte de su equipo decidieron promover una ley antidiscriminación. Se convocó a formar la Comisión Ciudadana de Estudios Contra la Discriminación. Se hicieron siete foros regionales, más de 15 análisis comparativos de toda la legislación nacional y de 50 leyes de otros países. Se entregó el proyecto de ley elaborado por impulso ciudadano.

Fox cumplió su palabra. Turnó la propuesta a la Cámara de Diputados el 26 de noviembre de 2002. Estaba por terminar el periodo legislativo. Las comisiones lo recibieron y dictaminaron a marchas forzadas. Fue de los primeros asuntos del siguiente periodo. El 10 de abril fue aprobado por unanimidad y el 14 fue turnado al Senado. Allí las comisiones respectivas también trabajaron rápidamente para presentarla a la plenaria 15 días después, el 29 de abril. También ganó por unanimidad. Para septiembre de ese año, Rincón Gallardo, ya presidente del nuevo consejo, dio posesión a la Junta Directiva del Consejo y ésta después nombró a su Asamblea Consultiva.

El Conapred comenzó a funcionar. No todos entendieron su nuevo rol. Se construía entre dificultades e incomprensiones, de fuera y entre el mismo personal de trabajo. Gilberto fue sufriendo crisis de salud por problemas añejos y falleció el 29 de agosto de 2008, cinco años después de creado el consejo.

Alerta temprana

Desde los primeros días de ese enorme vacío en el Conapred, circuló un temor entre los integrantes de su asamblea ciudadana: que quien fuera encargado de presidirlo careciera del perfil para hacerlo bien. La Secretaría de Gobernación y el presidente de la república, por ley, tienen la responsabilidad de la designación. Se realizaron varios intercambios y la asamblea tomó su primera decisión colectiva ya sin Rincón Gallardo: definir un perfil y comunicarlo formalmente.

Se redactó y entregó una primera carta a Felipe Calderón, el 8 de septiembre de 2008, donde se asentaba que quien supliera a Gilberto Rincón debería tener: “experiencia, conocimientos y capacidad de entender las causas de la desigualdad y la discriminación; reflejar una vocación democrática e incluyente, sentido de la negociación política, capacidad para definir agendas políticas plurales, así como el permanente diálogo con la sociedad civil”.

Otro consenso de la asamblea fue no proponer una persona en particular, para que los evaluadores del gobierno no se sintieran ceñidos.

Sin embargo, a pesar de la cuidadosa actitud de la asamblea, ésta sólo recibió silencio. Incivilidad pedestre. Así pasaron septiembre, octubre, noviembre. Entre los asambleístas deambulaba, casi como certeza, que se nombraría a una persona de clara filiación panista, alejada de los esfuerzos ciudadanos contra la desigualdad y la intolerancia. Pero fue peor.

Sin formación y sin reflejos

El 11 de diciembre de 2008 varios de los consejeros ciudadanos se enteraron, por la prensa, que estaba tomando posesión de la presidencia del Conapred la ingeniera Perla Bustamante. La principal virtud que tomaron en cuenta para presidir el Conapred –lo reveló después quien la propuso a Felipe Calderón– era su enjundia. Y como constancia mostraron que era una destacadísima atleta paralímpica. Se calculó que su actitud enjundiosa sería suficiente para ocupar la presidencia de un órgano con determinante esencia social.

Pasó luego todo enero de 2009. La asamblea esperaba ser convocada, al menos informalmente para discutir cómo enfrentar los rezagos que, desde agosto del año anterior, se acumulaban en el Conapred. Ni siquiera el saludo recibió.

El 29 de enero, Mario Luis Fuentes entregó, a nombre de la asamblea ciudadana, una carta en donde la urgió a un encuentro formal: “Considere (usted) llevar a cabo una sesión extraordinaria urgente de la Asamblea Consultiva del Conapred, a fin de conocer cuáles son las líneas de política, los proyectos y los programas que está desarrollando el Conapred para cumplir con lo que establece la ley”. La respuesta fue lenta, impolítica.

Mientras tanto, el Conapred comenzó a registrar fuertes sacudidas al interior y aislamiento con el exterior. Parte de lo que padecía se reflejó en una nota de la reportera Laura Toribio publicada en Excélsior el 7 de marzo de 2009:

“Entre renuncias y despidos han salido casi 50 personas del consejo (Conapred); el más reciente es Luis de la Barreda, integrante de la Junta de Gobierno. En sólo cuatro meses, poco más de 50 personas que trabajaban en el Conapred salieron de él, incluidos directores.”

En lo álgido de ese ambiente se realizó en marzo la primera reunión legal de la Asamblea Consultiva que la presidenta aceptó, por fin, convocar. Lo que al principio de la sesión fueron peticiones comedidas para que se informara de planes, programas y tareas de trabajo, se fueron convirtiendo en reproches ante la incoherencia general y por la paralización ante varios de los programas sustantivos que involucraban a organizaciones sociales. Allí mismo desconcertó a varios el saber que internamente se hacían investigaciones de gestión en todos los niveles; sin embargo, se pidió que fuesen auditorías formales, ajustadas a la ley y al respeto a los derechos de la gente. Pero más que eso, causó estupor que se informara a la asamblea que se habían impuesto prohibiciones estrictas para comer y beber en las instalaciones, no usar los elevadores cuando fuesen usados por la presidenta o sus allegados; que se había impuesto vigilancia excepcional a la mayoría del personal para saber qué hacía en las computadoras, entradas y salidas, tiempo y lugares para comer, y si lo hacían en grupos. La sede del órgano social que se creó para combatir la intolerancia se estaba tornando en una especie de reclusión para el personal. Las críticas a la persecución policiaca, entonces, fueron más que severas. Perla Bustamante no respondía a nada, sólo anotaba y a veces extrañamente sonreía.

El 10 de agosto fue enviada una segunda carta a Felipe Calderón con petición de audiencia firmada por algunos asambleístas. Se acumulaban más vacíos y errores en la conducción del consejo. La respuesta también fue menospreciadora.

Se optó por redactar un balance-denuncia que firmaron los 19 integrantes de la Asamblea Consultiva. El 24 de agosto se mandó también a la Presidencia de la República con la decisión de que sería el último intento de obtener respuesta positiva sin crispar ánimos públicos.

Situación preocupante en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, decía el encabezado del largo texto donde se enumeraron las razones de la inconformidad acumulada en los ocho meses de la gestión de la atleta Perla Bustamante Corona: incumplimiento de metas y programas; aislamiento social; desaciertos administrativos…

Los integrantes decidieron entonces acudir a otras formas de hacerse escuchar hasta recuperar el consejo. La oportunidad de hacerlo con energía fue en el acto de recordación por el primer año del fallecimiento de Gilberto Rincón Gallardo, en el Palacio de Bellas Artes el 27 de agosto. Fue una ceremonia organizada por la fundación que lleva su nombre y que presidiría, como invitada especial, Margarita Zavala.

Allí, gracias al apoyo de Silvia Pavón y otros directivos de la fundación, la mayoría de asambleistas ciudadanos del Conapred fueron invitados; su presidente, Mario Luis Fuentes, pudo leer otro posicionamiento colectivo a quienes atiborraban la sala Manuel M Ponce, incluida la esposa del presidente de la república, quien no pudo ocultar su irritación al escuchar:

“…Quienes integramos la Asamblea Consultiva de este organismo estamos profundamente preocupados porque aquello por lo que Gilberto luchó tenazmente, hoy no sólo se encuentra comprometido, sino en riesgo de sufrir retrocesos que pueden dañar la aún frágil institucionalidad que hemos construido para combatir la inmensa discriminación que persiste en México.”

Varios diarios reportaron la recriminación pública de la asamblea ciudadana ante la presencia de Margarita Zavala. La Secretaría de Gobernación recibió una llamada de la presidenta nacional de Desarrollo Integral de la Familia. Y entonces ahora sí se programó rápidamente el primer encuentro del secretario con la Asamblea Consultiva.

Así el 11 de septiembre de 2009 se inició un ciclo de reuniones de integrantes de la asamblea con Fernando Gómez Mont y con su coordinadora de Desarrollo Político, Blanca Heredia, quien personalmente encabezó durante semanas la redefinición de las políticas públicas frente a la discriminación y preguntó sobre posibles sucesores.

Escucharon, reconocieron el error del nombramiento de Perla Bustamante, ofrecieron salidas, pidieron 40 días para ofrecer una solución integral y cumplieron. Parte de lo insólito es que Gómez Mont desde el primer día se autocriticó:

“De veras ésa fue mi responsabilidad. Partí de la lógica de Gilberto de que la primera salida a la discriminación era hacer visibles a las víctimas, potenciarlas. Tal vez nos equivocamos y fue sin querer. No queremos hacer estereotipos. De veras no era poner en un escaparate a una discapacitada para que digan qué bueno es el presidente. No. De veras…”