Es momento de dar un paso histórico que de pie a la transformación de la vida económica, política y social de México. A lo largo de la Historia, cada cambio a representado golpes: definitivos al viejo sistema: en la Independencia, al sistema colonial; en la Reforma, a las viejas estructuras de propiedad en manos mayoritarias de la Iglesia; tras la Revolución y el Cardenismo, al viejo régimen de haciendas, de la oligarquía porfirista y de dependencia hacia Estados Unidos.

Además, la nueva correlación de fuerzas se ha reflejado en una nueva Constitución. El gobierno federal tiene la oportunidad y el deber de encontrar una salida para deshacerse de la brutal herencia neoliberal. De no hacerlo, se encajona y se hunde aprisionado por esa estructura que domina el poder en México. De esa forma, se frustra la necesaria transformación.

En el México actual, hay un problema estructural que no se puede resolver sin soluciones estructurales. Se requiere desmontar de raíz las Contrarreformas del viejo régimen. Hay que ir al fondo del problema; no quedarse por las ramas.

El pueblo mexicano ha sido sistemáticamente despojado de sus derechos más elementales, a partir de las Reformas Neoliberales. Con éstas, el PRIAN prohijó este sistema de privilegio, en favor de las grandes corporaciones a costa de la sobrexplotación de los trabajadores. De igual manera, propició el sometimiento al imperio estadunidense y sus organismos financieros al servicio de Washington.

Tras la victoria popular de 2018, se ha abierto la posibilidad, la necesidad y el deber de revertir el neoliberalismo y transformar al régimen para que este al servicio de los intereses populares y nacionales. Sin embargo, el período de transición no termina hasta que se hayan modificado las estructuras y líneas generales del viejo régimen. Este último se empeña en mantener a la macroeconomía sujeta a las leyes del sacrosanto mercado.

Sin bien se ha paliado la situación de la gente con los programas sociales, esto no soluciona el gran problema: alcanzar plena garantía de los derechos constitucionales del pueblo; además del debido desarrollo nacional y el cuidado de la madre naturaleza.

Se pretende que es suficiente experimentar un cambio, pero siempre cuidando que no toque los viejos intereses. En líneas generales, los intereses populares se continúan sacrificando en pos de la “estabilidad”.

El justo movimiento de la CNTE muestra la necesidad de desmantelar las viejas leyes neoliberales, por ejemplo, en el tema de pensiones. En lo tocante a la ley Zedillo de 1997 y la de Calderón en 2007, tanto en las campañas de López Obrador como en la de Claudia Sheinbaum, se prometió echar para atrás estas reformas.

Sin embargo, ante la demanda de los maestros, la presidenta dice que, por problema de sus finanzas publicas, no puede ser atendida por el Estado mexicano. Así, repite una y otra vez que no hay presupuesto.

Una transformación de la vida económica, política y social tiene que conducir a una situación en la que el presupuesto atienda las demandas urgentes. Si el actual no lo logra, habrá que transformarlo.

Hay recursos. Sin embargo, se dedica casi 1 billón 400 mil millones de pesos al servicio de la deuda. Por cierto, la misma se disparó de 10.5 billones a 19 billones de pesos, entre 2018-2025.

En las transformaciones y gobiernos progresistas, se ha suspendido el pago de la deuda. Asimismo, se han negado a los prestamos abusivos y odiosos. Pasó tras la independencia, en los gobiernos de Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Valentín Gómez Farías y Benito Juárez.

También, durante la Revolución en 1914, se suspendieron. Igualmente, en su momento, Obregón y Calles negaron el pago, y durante al crisis mundial hasta el fin de la administración de Cárdenas.

Si el gobierno de Sheinbaum suspende los pagos para auditar la deuda llena de trampas y corrupción y se renegocia en términos ventajosos para el país, habrá presupuesto.

Hay dinero si se cobran impuestos equitativos a quienes más ganan. La fortuna de Carlos Slim pasó de 60 mil millones de dólares en 2018 a 102 mil millones en 2024.

Respecto a German Larrea del Grupo México, su capital aumentó de 17 mil 300 millones en 2018 a 32 mil 780 millones en 2024, según Forbes. Se destaca que el 10 por ciento posee aproximadamente el 80 por ciento de la riqueza de México. Así se debe implementar impuestos sobre la propiedad, la riqueza y el ingreso para que quienes más tienen contribuyan proporcionalmente más al fisco.

Por otra parte, es necesario que las grandes corporaciones paguen lo justo. Raquel Buenrostro, siendo titular de la Secretaría de Economía, ha señalado que las empresas mineras en México contribuyen con sólo el 0.002 por ciento en impuestos al gobierno federal.

En contraste, mientras que los grandes contribuyentes aportan alrededor del 2.4 por ciento de sus ingresos, los trabajadores asalariados pagan entre el 30 por ciento y el 35 por ciento por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Con esas tres medidas, el presupuesto aumentaría sustancialmente. Además, hay que considerar que las medidas neoliberales han ralentizado la economía. La misma creció al 6 por ciento promedio anual antes del neoliberalismo como producto de las reformas cardenistas y factores externos.

El producto interno bruto (PIB) creció un 16 porciento en 1944; luego en 1964, aumentó casi el 12 por ciento. Sin embargo, desde 1982 a 2018, sólo fue un raquítico 2.2 por ciento. Y en el último sexenio, sólo un 0.9 porciento.

No puede haber recaudación fiscal si no se impulsa el desarrollo económico del país. Para ello, es necesario que el Estado ponga los recursos para dar prioridad al crecimiento interno, regional y local. El hecho de decir que no hay presupuesto indica que algo esta fallando en el actual modelo económico. El aumento del consumo interno y del mercado interno.

Con las tres medidas expuestas y con un dinámico desarrollo nacional, el presupuesto podría aumentar lo suficiente para fortalecer las finanzas y apoyar el desarrollo industrial, agrícola y de servicios, el sector público y las cooperativas. Éstas, a su vez, fortalecerían las finanzas públicas recuperando el ritmo de crecimiento del 6 por ciento anual, el cual tuvimos en la época anterior al neoliberalismo.

Hay que desmontar la estructura neoliberal derogando las reformas anticonstitucionales. El artículo 135 de la Constitución establece que la Carta Magna puede ser reformada por el Congreso de la Unión. Sin embargo, hoy debe garantizar y ampliar derechos; no limitarlos o despojar al pueblo de sus conquistas.

Por otro lado, el artículo 136 declara que la Constitución es inviolable y no pierde fuerza, incluso si se interrumpe su observancia por alguna rebelión. Desde su perspectiva, esto implica que las reformas que han cercenado derechos fundamentales no son válidas. Deben ser revertidas por anticonstitucionales y antipopulares.

No se comprende cómo se sigan aplicando las leyes neoliberales, como del agua o las minas en lo fundamental, las cuales fueron aprobadas en la época de Salinas; o también, las pensiones de Zedillo y Calderón. Ni que hayan sido privatizados sectores estratégicos de la economía.

El gobierno no tiene presupuesto, porque el dinero se lo llevan las corporaciones. En 2024, las ganancias récord de los bancos alcanzaron utilidades por 288 mil 340 millones de pesos.

Mientras los contribuyentes pagamos por el “rescate bancario”, a través del IPAB Bonos de Protección al Ahorro por un monto de 63 mil 700 millones de pesos. Pero… ¡¿No hay presupuesto?!

El neoliberalismo significó un proceso de privatización de empresas y recursos nacionales que deben regresar a sus dueños. El agua, las minas…  fueron objeto de concesiones escandalosas.

Las principales empresas públicas se privatizaron: ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos. Se desmanteló CFE y endeudó a Pemex con las Pidigeras. De igual manera, la industria, la agricultura, los servicios se abrieron a los monopolios extranjeros.

Se abrieron puertas y ventanas a los megaproyectos privatizadores; el Estado Nacional se empobreció. Desde 1983, la participación del Estado en la economía mexicana ha experimentado una disminución significativa.

Ha reflejado una transición hacia un modelo económico controlado por la oligarquía financiera internacional. En 1983, el gobierno mexicano representaba aproximadamente el 18 por ciento del producto interno bruto (PIB). Para 2023, esta cifra se redujo a alrededor del 8.6 por ciento.

El gobierno actual fue votado para que profundice la transformación y rompa con el nuevo régimen. Cada movimiento revolucionario y transformador en México lleva a un cambio de correlación de fuerzas.

Esto se refleja en la constitución. Durante la Independencia, se aprobó la Constitución de Apatzingán, y a su triunfo la de 1824. Durante la Reforma, la Constitución de 1857; y con la Revolución Mexicana, la de 1917.

Luego del auge revolucionario y tras el cardenismo, vino el reflujo y las (contra) reformas. A la actualidad la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 ha experimentado mas de 700.

Sólo una pequeña fracción de los artículos originales de 1917 se mantienen sin cambios. Por ejemplo, en 2017, se reportó que únicamente 22 de los 136 artículos originales permanecían intactos.

De modo que primero hay que derogar las reformas anticonstitucionales y proceder a trabajar para tener la correlación de fuerzas necesaria para aprobar una nueva Constitución, la del siglo XXI.

Ésta debe ser como la del siglo XX: una Constitución de avanzada mundial. Una Constitución que estructure la vida económica y social al servicio del ser humano y de la naturaleza; y no del mercado y la oligarquía financiera.

Actualmente, la propiedad está monopolizada. Las tres transformaciones de México llevaron a expropiar la propiedad mal habida, afectando los intereses de los grandes propietarios en interés de la población. Si se fortalece la propiedad publica y nacional, entonces sí habrá presupuesto.

De modo que hay que pasar del no se puede, y no hay que tocar intereses, al vamos a poder, moviendo los principales obstáculos en el camino, vamos a lograr que sí se pueda.

Pablo Moctezuma Barragán*

*Doctor en estudios urbanos, politólogo, historiador y militante social

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