En Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia está revisando un caso de información privilegiada (insider trading) que podría sentar un valioso precedente en este tema que amenaza la equidad y transparencia de los mercados de valores. En Estados Unidos, desde hace varias décadas, se reconoce que la información privilegiada es un flagelo difícil de detectar y muy complicado en su persecución. Las leyes federal no tienen muchas atribuciones y ha sido la Comisión de Valores (SEC, por sus sigla en inglés), la que ha castigado a traders e inversionistas a quienes se ha encontrado culpables de este delito de manipulación y uso de información en beneficio particular y, por supuesto, en perjuicio de los inversionistas. El problema con la información privilegiada es que vulnera la confianza en los mercados de capitales y, por supuesto, genera un daño sistémico.

Ahora, en Estados Unidos, el caso de Bassam Salman, quien ganó millones de dólares gracias a la información que obtuvo de un familiar, lo colocó en la mira del Departamento de Justicia en una investigación por el uso delictivo de información privilegiada que está cobrando relevancia. Más allá de un caso que bien podría ser el guión de una película al estilo de Wall Street, el caso que ya llevó a Salman a cubrir una pena de tres años en prisión, podría ser un ejemplo para otros países como México en donde el tema se analiza poco y en silencio. A nadie le gusta hablar de un problema que no sólo involucra al mercado de capitales sino al de divisas en donde el país sufre un flanco débil.

Pero en Estados Unidos también tienen grandes retos. Mientras a Salman – quien apela su caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación– se le ha juzgado por usar información de un familiar que trabajó en Citibank, al operador de Hedge Funds y tiburón de los mercados financieros, León Cooperman, tiene todo el tiempo del mundo para defenderse. No sólo eso, niega los cargos. El presidente de Omega Advisors advierte, además, que no entrará en ninguna etapa de negociación con las autoridades del mercado de valores de Estados Unidos. Fue hace 1 mes cuando la SEC acusó al fondo de Cooper una participación en Atlas Pipeline Partners adelantándose a una operación pública. El tema da para mucho.

En México, a partir de la creación de un nuevo sistema de pensiones, el mercado de valores dejó concentrarse en un bajo porcentaje de la población. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores reporta sólo 199 mil 950 cuentas de inversión en casas de bolsa; sin embargo, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro tiene registradas más de 48 mil 187 cuentas, cuyos recursos se invierten en el mercado de valores, la mayor parte en títulos de deuda del gobierno federal pero también en deuda de compañías.

Es por ello, que la información en el mercado de valores, el manejo de ésta, los círculos de comunicación pero sobre todo la restricción que se hace de ella en beneficio de ciertos grupos económicos cobra relevancia para el periodismo de investigación.

Desde la perspectiva financiera, además, el manejo de información privilegiada en el mercado de valores ha provocado debacles, en perjuicio de los pequeños ahorradores e inversionistas. En 2008, la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos fue resultado de la manipulación de datos sobre el comportamiento del mercado de créditos para la vivienda; de la selectividad con la que se liberaron los datos en torno al comportamiento real de los financiamientos para éste sector.

Nuevas regulaciones, mayores restricciones y sobre todo mayor vigilancia sobrevinieron a la época que algunas analistas califican como la exuberancia irracional, en donde se desafiaron los límites de una economía como la estadounidense en donde el consumo y el sector financiero eran la maquinaría principal del país. El mecanismo de esa maquinaria se colapso y junto con la crisis económica en Europa se inició una nueva etapa de regulación en el sector financiero.

México pospone plan satelital

En medio de una época de recortes, funcionarios del gobierno mexicano han manifestado ante sus contrapartes del ExImbank de Estados Unidos que, al menos por el momento, no tienen previsto retomar los planes para un nuevo lanzamiento satelital. Usted seguramente recuerda que fue en mayo de 2015 cuando el Satélite Centenario prácticamente se desintegró luego de su lanzamiento desde un cosmódromo en Kazajistán.

Un documento de la Auditoría General del Congreso de los Estados Unidos (GAO), fechado en agosto, establece que para el ExImbank la operación de créditos que otorgó al gobierno mexicano para el lanzamiento de tres satélites ha sido un proceso complejo. Fue en julio de 2015 cuando el gobierno mexicano canceló el desembolso de 74.3 millones de dólares que formaban parte del paquete crediticio para esta operación satelital y que constituía la última fase del financiamiento que otorgó el ExImbank para la adquisición de equipo para estos satélites. A diferencia de otros años en los que el ExImbank reportó que el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no había entregado en tiempo y forma los reportes técnicos y los balances anuales que formaban parte de los compromisos firmados en los convenios crediticios. En este momento, la GAO espera que el ExImbank emita un dictamen sobre el nivel de cumplimiento que dio el gobierno mexicano a esos acuerdos informativos. Por ahora, los funcionarios de ExImbank aseguran que no tienen previstos nuevos planes de inspección a México para realizar inspecciones de la operación de esos tres satélites que sí lograron ponerse en órbita.

Claudia Villegas

IQ Financiero