La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México (Cdi) ejerció –en nombre supuestamente del mejoramiento de la vida de las naciones, pueblos y tribus indias de este país– un presupuesto de más de 5 mil millones de pesos durante 2015. Le había sido autorizado, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un monto superior a los 7 mil 300 millones; sin embargo, luego de los “ajustes presupuestales” que ordenó para todo el gobierno federal la oficina que entonces encabezada Luis Videgaray, le fueron recortados casi 2 mil 300 millones de pesos.
Desde enero de 2013, la dirección de la Cdi está a cargo de la contadora pública Nuvia Mayorga Delgado, quien antes de este nombramiento había sido diputada federal y secretaria de Finanzas en el gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong en Hidalgo (2005-2011), siempre bajo las siglas de Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) auditó una muestra de apenas el 17.5 por ciento del total del presupuesto ejercido por la Cdi. Se trató de la revisión de 75 contratos para obras en Guerrero, Hidalgo y Michoacán por 792 millones 561 mil pesos, y de la celebración de tres convenios específicos con la Comisión Federal de Electricidad por 93 millones 102 mil pesos. Así, el monto total de lo auditado por el órgano de fiscalización ascendió a 885 millones 663 mil pesos.
Nueve contratos por más de 140 millones, que se adjudicaron a empresas privadas para la realización de obras, presentaron irregularidades que van del incumplimiento de las bases de la convocatoria a la presentación de propuestas de empresas supuestamente independientes entre sí pero que registraron la misma maquinaria.
Por ello, la ASF emitió una recomendación para que, en lo subsiguiente, los funcionarios de la Cdi adjudiquen los contratos “a empresas que cumplan con los requisitos establecidos en las bases de licitación, a fin de que los procesos de licitación se realicen con imparcialidad y transparencia”.
Pero también realizó promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria contra los funcionarios que no desecharon las propuestas de las empresas que incumplieron con los requisitos y que finalmente resultaron “ganadoras”.
En otros 14 contratos, las empresas privadas no concluyeron las obras en el periodo estipulado. Y resulta que la Cdi no aplicó ninguna penalización. De haberlas aplicado, la Cdi hubiera recibido 1 millón 651 mil 900 pesos. También la ASF promovió la investigación y la sanción contra los funcionarios que no aplicaron las penalizaciones.
Además, en 48 obras públicas por 447 millones 522 mil 100 pesos la Cdi nunca contó con las autorizaciones para que fueran realizadas: oficios de validación técnica, manifestaciones impacto ambiental, validaciones de aprovechamiento del agua y/o estudios de costos de operación y mantenimiento. En efecto, la ASF promovió de nuevo responsabilidades administrativas sancionatorias.
Del total de las obras realizadas por la Cdi para supuesto beneficio de las poblaciones indígenas, el órgano fiscalizador sólo inspeccionó físicamente 10. En una de ellas encontró –contrato CDI/HGO/1301/OP/2015– que la empresa no concluyó en tiempo y forma los trabajos y la Cdi no aplicó penalización alguna; por el contrario, firmó el acta de entrega-recepción de la obra sin que ésta estuviera concluida y pagó completo.
Se trata de la construcción del camino rural Fontezuelas-Tlamaya, en el estado de Hidalgo. De acuerdo con el contrato y dos posteriores convenios, la Cdi pagaría por la obra 21 millones 152 mil 400 pesos. Se estipuló que los trabajados iniciarían el 29 de mayo de 2015 y concluirían el 24 de noviembre de ese mismo año.
Sin embargo, “la empresa contratista no ejecutó la obra conforme lo pactado en el contrato”, ya que en un tramo de la carretera los trabajos no se concluyeron y, en otro, “hubo deficiencias en su acabado”. Con todo, la Cdi pagó en su totalidad, en mayo de 2016.
Todavía más: la empresa reportó un avance del ciento por ciento en el documento que presentó a la Cdi, “Seguimiento de Avances Físicos y Financieros”, el 31 de diciembre de 2015, a sabiendas de que la obra no estaba concluida. Y la dependencia gubernamental aceptó firmar el acta de entrega recepción de la obra el 14 de enero de 2016. En realidad los trabajos concluyeron hasta el 30 de septiembre pasado.
Fue gracias a la intervención de la ASF que la Cdi requirió a la empresa contratada el reembolso de 1 millón 252 mil 100 pesos, “derivado del cálculo de los trabajos no ejecutados, que incluye el cálculo de las penalizaciones por 926 mil 200 pesos y 325 mil 900 pesos por los intereses derivados del atraso en la aplicación de los recursos”. Por supuesto, la Auditoría inició una “promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria”.
En esta pequeña revisión de la ASF se pudieron comprobar irregularidades en contratos por más de 500 millones de pesos. Lo peor es que seguramente estas “promociones sancionatorias” de la Auditoría harán apenas sonreír a los funcionarios. ¿Así es como la Cdi sirve a la población y a las comunidades indígenas, siendo “sensibles a sus necesidades, a entenderlas y atenderlas, a conocerlas y reconocerlas”, como reza en su página electrónica?
Fragmentos
Mientras, un esfuerzo realmente indígena avanza muy lejos de las instituciones asistencialistas de gobierno; muy lejos de las organizaciones corporativistas, e incluso, muy lejos de los partidos de “izquierda” con registro electoral. Se multiplican en el territorio mexicano las reuniones y “conversatorios” convocados por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) rumbo a la conformación de un Concejo Indígena de Gobierno. Familiares del mayor jaramillista Félix Serdán y el Instituto Cultural Rubén Jaramillo están invitando a discutir, en Morelos, la propuesta del CNI y el EZLN. Los trabajos, a realizarse los días 8 y 9 de abril, constituirán también un homenaje al general Emiliano Zapata en su 98 aniversario luctuoso.
Zósimo Camacho
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ZONA CERO]
Contralínea 531 / del 20 al 26 de Marzo 2017
