La criminalización del periodismo en Baja California Sur

Como anticipé en este semanario (edición 421 del 25 de enero pasado), la prensa alternativa en Baja California Sur está siendo acosada por la corporación Exploraciones Oceánicas, S de RL de CV, filial de la empresa estadunidense Odyssey Marine Exploration, que a través del diario el El Sudcaliforniano publicó el 12 de noviembre de 2014 una seudoentrevista al licenciado Luis Manuel Guadarrama, representante legal de la corporación, en la que expuso de manera ambigua que la minera estaba emprendiendo acciones legales en contra del periodista Carlos Ibarra Meza, del portal BCS Noticias (www.bcsnoticias.mx), por haber comenzado: “…una campaña dirigida a los medios que nace en un blog […] lleno de mentiras, difamación, distorsiones y verdades a medias, diseñadas para desinformar y antagonizar el proyecto ante la comunidad, las autoridades federales, estatales y municipales”. Todo lo anterior sobre las actividades del proyecto minero Don Diego, que la corporación pretende llevar a cabo en el corredor pesquero San Carlos-Las Barrancas-San Juanico, en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur, en la costa del Océano Pacífico (http://contralinea.com.mx/2015/01/25/ataques-la-prensa-alternativa-en-baja-california-sur/ ).

El proyecto minero Don Diego pretende ser emplazado en una zona rica en biodiversidad, en la que destacan las tortugas marinas, y en la que se encuentran gran cantidad de bivalvos (almejas) y gasterópodos (caracoles y abulones) que habitan el fondo marino, además de que a través de ésta transita la ballena gris. Y de la que, asimismo, dependen cientos de familias de pescadores. De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la zona del Golfo de Ulloa ha sido caracterizada como una Región Marina Prioritaria para la Conservación por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). Zona reconocida por su alta productividad biológica y sitio de gran importancia para la pesca de la región: ahí se lleva a cabo el 42 por ciento de la actividad pesquera del estado (www.cemda.org.mx/10/proyecto-minero-propuesto-podria-extraer-350-millones-de-toneladas-de-arena-fosfatica-del-fondo-marino-en-bcs/ ).

Como es sabido, cualquier actividad extractiva conlleva un grado de impacto ambiental, y la minería marina no es la excepción, la principal técnica de extracción que emplearía Exploraciones Oceánicas es el dragado para remover sedimentos en 34 mil 993 hectáreas de fondo marino, y así extraer millones de toneladas de arena fosfática. Fondo en el que Exploraciones Oceánicas ya ha realizado perforaciones y toma de muestras, mismas que de acuerdo con las investigaciones de Ibarra se han ejecutado sin los permisos correspondientes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (www.bcsnoticias.mx/oceanica-realizo-360-perforaciones-en-comondu-sin-permiso-de-semarnat ).

Los ataques mediáticos intimidatorios que la minera inició contra Carlos Ibarra en noviembre de 2014, con la seudoentrevista mencionada y otras notas en el diario aludido, han escalado en intensidad y pasado a otro nivel, ya que la empresa interpuso una demanda penal contra Ibarra y cinco personas más, tres de ellas miembros de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Puerto Chale, SCL, ante la Procuraduría General de la República (PGR), expediente AP/BCS/SPPA-AMPFDC/176/2014, misma en la que se acusa a Ibarra de la presunta comisión de “delitos contra la economía pública”, de acuerdo con la Revista Teorema Ambiental, debido a que el juicio está basado en el artículo 253 del Código Penal Federal, Título Decimocuarto, Delitos contra la Economía Pública (www.teorema.com.mx/tendencias/exploraciones-oceanicas-denuncia-penalmente-a-reportero-de-bcs-noticias-por-cobertura-sobre-mineria/ ). Tal acción legal es sin duda un ataque ilegal contra el ejercicio periodístico del reportero y su medio de comunicación.

Pero el trasfondo de la acusación va más allá, y su propósito no es solamente intimidar a Ibarra: también va con dedicatoria para aquellos periodistas y medios que, ejerciendo su legítimo derecho a investigar e informar, abundan en cuestiones medioambientales, cuya exposición puede generar controversia, independientemente de si las acciones, en este caso de la corporación minera, son legales o ilegales y dañinas para el medio ambiente y la sociedad. Además, al atacar a Ibarra, la corporación ataca a la sociedad, pues al pretender silenciar al periodista busca quitar nuestro derecho a estar informados; intenta ser excluyente de la toma de decisiones sobre lo que acontece en el territorio mexicano y en los mares y, en este caso en particular, quiere abstraer de lo que sucede en el Golfo de Ulloa; pretende que no haya conciencia del daño que se puede generar al medio ambiente marino y con ello que no exista manifestación de nuestro rechazo a la minería marina.

Al respecto, varios medios de comunicación, así como diversas organizaciones no gubernamentales, se han pronunciado en defensa del periodista y del medio ambiente. En el tema de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos del periodista, destaca la activa participación de la organización internacional Artículo 19, misma que además de emitir un comunicado denunciando las acciones intimidatorias llevadas a cabo en contra de Carlos Ibarra, también ha hecho un llamado para que el Ministerio Público federal respete y garantice los derechos del reportero durante el proceso, además de que le ha pedido a la PGR desestime las acusaciones contra Ibarra por considerarlas ambiguas y cuya verdadera intención es inhibir el ejercicio periodístico del reportero.

Al parecer, la presión ejercida por la ciudadanía en las redes sociales, así como la intervención de diversas organizaciones y medios informativos en defensa del reportero de BCS Noticias, ha dado algunos frutos, pues, de acuerdo con el mismo Ibarra, en días recientes la PGR desestimó la denuncia y la turnó a la Procuraduría General de Justicia del Estado, en lo que parece un intento por restarle relevancia a un asunto gravísimo, represivo y contrario a la libertad de expresión y opinión, que ha generado un enorme descontento de varios sectores de la sociedad surcaliforniana; que ha merecido, además, la intervención de organizaciones internacionales que defienden los derechos referidos, pero sobre todo en los casos de violaciones a los derechos humanos fundamentales de los periodistas.

Ante la intimidación y las acciones legales infundadas de la corporación minera en contra del ejercicio periodístico de un reportero, cuyas notas sobre el tema en cuestión son fundamentales para las comunidades directamente relacionadas con las áreas en las que se pretende emplazar la minería marina, así como para la sociedad mexicana en general, debemos difundir lo acontecido, defender al reportero y al espacio informativo al que pertenece, porque sólo así nos defenderemos a nosotros mismos de los detractores del derecho a la libertad de expresión y opinión, así como al acceso a la información, en un asunto que indudablemente es de interés público.

*Maestro en ciencias en exploración y geofísica marina, licenciado en arqueología especializado en contextos sumergidos y buzo profesional; licenciado en letras hispánicas, licenciado en diseño gráfico. Integrante de la Red de Talleres de Crónica A Ustedes les Consta

Roberto E Galindo Domínguez*

[Sección: Opinión]

 

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 Contralínea 433 / del 19 al 25 de Abril 2015