Este 1 de junio fue histórico para México por el triunfo de los ciudadanos. Con su voto, hicieron valer su derecho a elegir democráticamente a sus jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.

Así, propinaron una de las más duras derrotas a la derecha neoliberal. De la mano de impartidores de justicia corruptos, secuestró por más de seis sexenios al Estado de Derecho.

Frenaron la justicia social y entregaron las empresas públicas a voraces empresarios, quienes no hicieron nada por fortalecer la economía nacional, ni el nivel de vida de millones de mexicanos.

Lamentable para el país que, por ejemplo el Máximo Tribunal se convirtiera en un grupo de exquisitos cínicos donde, ni por asomo o descuido, escucharon o se dignaron recibir a grupos u organizaciones de campesinos, trabajadores o indígenas.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “aplicaban la ley” desde una burbuja de privilegios. Cobraron millonarios sueldos. También, gozaron de toda suerte de canonjías que chocaban con el nivel de pobreza y marginación de la mayoría. E, irónicamente, nunca tuvieron un fallo a su favor de este Cártel de la Toga y el Birrete.

Desde que a finales del pasado sexenio se conoció el proyecto para depurar a fondo al corrupto Poder Judicial. La derecha y sus poderes fácticos se dieron a la tarea de iniciar movilizaciones. E incluso, alentaron paros de labores bajo el fantasioso axioma de la defensa a su autonomía.

Algo que sólo existía en sus palabras. En los hechos, quienes guiaban las determinaciones de los jueces, magistrados y ministros, eran otros dos poderes: el Poder Ejecutivo y el poder del dinero.

Uno de los magnates –que seguramente estará sufriendo de insomnio–  es Germán Larrea. Él fue uno de los beneficiarios consentidos de Carlos Salinas, con la venta a precio de regalo de las empresas públicas.

Iniciaron en el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. Larrea obtuvo la Mina de Cananea, en Sonora, y de ahí inició el despegue de su Grupo México. Es responsable de crímenes de industria aún pendientes ante la justicia, como la muerte de los mineros de Pasta de Conchos, ocurrida en febrero del 2006.

No hay que olvidar que el empresario se negó al rescate de sus cuerpos en repetidas ocasiones, con el apoyo de los gobiernos panistas de Vicente Fox y el narcopresidente, Felipe Calderón.

También, es responsable del crimen ambiental por la contaminación del Río Sonora. Sin embargo, Larrea tuvo de su lado a jueces corruptos para obtener amparos. Incluso, estuvieron de su parte y declararon inexistentes los movimientos de huelga en las minas de Sombrerete, Zacatecas; Taxco, Guerrero y Cananea, en Sonora.

Ahora que arriben a sus cargos los nuevos jueces, magistrados o ministros, Larrea deberá ser juzgado por su infinidad de violaciones a las leyes ambientales y a los derechos laborales y humanos de los mineros.

Gracias a la lenidad y deshonestidad de los altos ministros, quienes no defendieron los intereses de la nación, se cedieron 1 mil 200 empresas públicas, por migajas. Muchas de ellas altamente rentables como Teléfonos de México.

De igual manera, se permitió la venta de los Ferrocarriles Nacionales y la entrega de los ahorros de millones de trabajadores para liquidar el sistema solidario de pensiones por las cuentas individuales de las Afores. Ante estos abusos, los integrantes de la Corte se cruzaron de brazos.

Los anteriores ministros dejan a su paso una estela de injusticias en contra de la clase trabajadora, como fue el despido injustificado de 44 mil electricistas del SME, el 11 de octubre del 2009.

Sistemáticamente, jueces se negaron a otorgar amparos contra un ilegal Decreto de Extinción de la Empresa Pública, Luz y Fuerza del Centro, expedido por el espurio de Felipe Calderón.

Después, los ministros de la Corte se atrevieron a echar abajo el fallo de un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo, que ordenaba a Calderón a asumirse como patrón sustituto, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En una de las peores galimatías jurídicas, en enero 2013, los ministros cumplieron  la orden del entonces presidente en turno, Enrique Peña Nieto, cómplice en la devastación del energético de México, junto a los expresidentes panistas.

Los integrantes del Cártel de la Toga y el Birrete asumieron obedientes una más de las órdenes del Ejecutivo, como años atrás lo hicieron para no llevar ante la ley a la prima de Margarita Zavala, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, por la muerte de los niños de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

Hoy, la derecha junto con los políticos del PRIAN –y otros partidos como Movimiento Ciudadano (MC)– tratan de descalificar la elección. Pretenden anularla bajo el tema de que los 13 millones de mexicanos son un bajo porcentaje del padrón de 97 millones de electores registrados en el Instituto Nacional Electoral (INE).

La presidenta Claudia Sheinbaum dio una puntual respuesta al recordarles los raquíticos porcentajes de votación alcanzados en la elección de 2024: el PAN sólo logró 9,6 millones de votos; MC 6-2 millones; y el PRI apenas llegó a los 5.7 millones.

Con tales rangos de aceptación entre los ciudadanos, no tienen cara la hablar de escasos niveles de votación, pues en el caso del PRI es evidente su condición de partido en vías de extinción.

Al conocerse los nombres de quienes integraran la Suprema Corte, los grupos de poder acostumbrados al tráfico de influencias y a burlar la ley ven esfumarse los viejos esquemas de corrupción e impunidad. Estaban acostumbrados a lesionar los derechos de diversos grupos sociales.

De acuerdo a los porcentajes de votación, quien presidiría el Máximo Órgano de Justicia del país, sería Hugo Aguilar Ortíz, propuesta de la Presidencia de la República, y excoordinador General de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

De manera indudable, es un hombre que conoce de los atropellos cometidos contra los pueblos originarios. Anteriormente, sólo se favoreció a los megaproyectos, los cuales han devastado diversas zonas indígenas del país… Han ocasionado daños severos ambientales.

También, repetirá en el cargo una mujer que ha demostrado su convicción por hacer valer los derechos de la clase trabajadora: la ministra Loretta Ortiz. Igualmente, la composición de la mayoría de los nuevos integrantes de la Corte muestran perfiles muy opuestos a los de la mafia de togados. Estos últimos están muy pronto de  comenzar a hacer sus maletas.

Por eso, la derecha ha recibido un duro golpe, pero millones de mexicanos perciben una esperanza para alcanzar por fin alcancen esa justicia por la que han venido peleando por tantos años.

Martín Esparza*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

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