Legitimidad judicial en la voz del pueblo

Legitimidad judicial en la voz del pueblo

El mandato popular –expresado en las elecciones de 2024 con el apoyo al “Plan C”– echará abajo el modelo que implantó Ernesto Zedillo
FOTO: 123RF

Este domingo vivimos una jornada histórica. Por primera vez, el pueblo eligió de forma directa a las personas que integrarán el Poder Judicial Federal. Haber formado parte de este proceso como candidata a Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido un honor, pero sobre todo una gran lección de vida. No sólo recorrí ciudades, municipios, plazas y universidades, también conocí de primera mano las heridas, las esperanzas y la dignidad de un pueblo que sigue creyendo que una justicia cercana es posible.

En esta campaña propuse construir una justicia con equidad, sentido social y responsabilidad institucional. Porque la justicia no podía seguir siendo una promesa para la mayoría ni un privilegio para unos cuantos. En estas semanas escuché historias que confirman que muchas veces los tribunales se sienten más como obstáculos que como soluciones. Pero también encontré en cada rincón del país una firme voluntad de transformar esa realidad.

Fueron las mujeres que han enfrentado la violencia institucional, los pueblos indígenas que aún luchan por ser escuchados en su idioma y bajo sus propios sistemas de organización; o las juventudes que exigen transparencia y cercanía. Y fueron, sobre todo, los rostros anónimos que siguen confiando, que siguen tocando las puertas de la justicia porque no se resignan al abandono.

A todas esas personas, les reitero mi compromiso de seguir trabajando desde cualquier trinchera para recuperar la confianza ciudadana en el Poder Judicial.

Y es que este proceso electoral no fue un simple cambio de método de designación. Fue el inicio de una nueva etapa, el nacimiento de un Poder Judicial democrático que tendrá que ser distinto desde su raíz. La legitimidad de las personas electas no proviene ahora del nombramiento burocrático o de una carrera entre pares, sino del mandato popular. Un cambio tan profundo que trasciende lo jurídico,  para innovar en lo ético y en lo político.

Entramos, así, a una nueva era. Una en la que las personas juzgadoras no podemos limitarnos a emitir sentencias desde el aislamiento. Tendremos que construir un nuevo modelo de comunicación, más abierto, más horizontal y más humano. Ya no se trata únicamente de argumentar con excelencia técnica, aunque ello sigue siendo indispensable, sino de aprender a dialogar con una sociedad que exige comprensión, transparencia y participación.

Es momento de que la judicatura se sacuda la arrogancia institucional. De que quienes impartimos justicia reconozcamos que no basta con resolver conforme a derecho, sino que también debemos explicar, rendir cuentas y escuchar activamente. La justicia sin escucha es imposición y la justicia que no se entiende, no genera confianza.

Uno de los aprendizajes más valiosos de esta campaña ha sido comprender que el pueblo no quiere jueces alejados ni ministros de élite. Quiere personas juzgadoras que conozcan su realidad, que tengan conciencia de los privilegios y de las desigualdades, y que estén dispuestas a poner sus conocimientos al servicio del pueblo.

En esta nueva era, la Corte debe ser una guía, no una torre de marfil. Tiene que marcar el rumbo de un nuevo Poder Judicial que actúe con empatía y con visión de futuro. Debe defender los derechos de quienes han sido históricamente marginados y actuar con firmeza ante la corrupción, el nepotismo y el influyentismo.

La transformación de la justicia no se decreta. Se construye día a día, con cada decisión y cada gesto hacia la ciudadanía. Y aunque aún queda un largo camino por recorrer, el 1 de junio dimos un primer paso. Un paso fundamental para que las instituciones judiciales dejen de ser percibidas como instrumentos del poder y empiecen a ser reconocidas como defensoras de los derechos del pueblo.

Estoy convencida de que estamos inaugurando una etapa inédita. Una era en la que la justicia será evaluada no sólo por sus formas, sino por su impacto, con legalidad y legitimidad. Una era en la que las personas juzgadoras tendremos que ser juristas, sí, pero también servidoras públicas con conciencia social.

Porque al final del día, como aprendí en cada conversación con la gente, no hay mayor honor que servir a la justicia cuando ésta sirve al pueblo.

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