Que se equivocó Ernesto Zedillo durante su mandato (1994-2000) en las políticas aplicadas para combatir las drogas, centradas exclusivamente en la criminalización y represión, lo cual llevó a México, hasta la fecha, a un fracaso rotundo y, yo agregaría, convirtió al país en un gran cementerio, con más de 200 mil muertos que todavía en 2018 siguen acumulándose.

Tardíamente, el expresidente mexicano reconoce el grave error que cometió y que los presidentes que lo sucedieron han continuado (Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto), a pesar de ser un tema advertido oportunamente por investigadores expertos en el tema de drogas, por estudiosos y académicos, así como por políticos de oposición conscientes de que la confrontación y la “guerra” contra el crimen organizado no era el camino.

Pero tanto Zedillo como todos los demás presidentes sumisos, que incluye también incluye a Carlos Salinas, estaban más preocupados por cumplir las directrices enviadas desde el gobierno de Estados Unidos para que México sea el filtro de contención para a los cárteles del narcotráfico y toda la violencia que generan se quede de este lado de la frontera. Pero de esa sumisión y dependencia no dice nada Zedillo.

Aun así, las declaraciones del exmandatario fueron aceptadas y hasta aplaudidas en México, incluido el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien ha pedido a su equipo de trabajo –que asumirá el gobierno a partir del 1 de diciembre– que trabajen en el proyecto de despenalizar el consumo de drogas, algo que se tuvo que haber hecho desde hace medio siglo.

Pero Ernesto Zedillo no sólo se equivocó en materia de drogas, su tibio e inepto gobierno estuvo cargado de negligencia y corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias e impunidad, así que ahora no sólo venga a decirnos que reconoce el error que cometió al prohibir las drogas y establecer un Estado represor que criminalizó a los consumidores.

Lo cotidiano en la política mexicana es que sus actores principales cometan abusos sin sufrir consecuencia alguna y los puedan repetir una y otra vez, ahí está el caso de la impune secretaria Rosario Robles (quien hasta el 30 de noviembre contará con la protección presidencial), sin que la justicia los reclame. Aún más, esos abusos van acompañados del cinismo por parte de los políticos, quienes cometen arbitrariedades y después dictan conferencias para pretender decirnos qué debemos hacer.

Eso mismo le ocurre al expresidente mexicano, quien durante su mandato (1994-2000) se enfrentó a su antecesor Carlos Salinas de Gortari y metió preso a su hermano Raúl por los delitos de homicidio, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico (aunque 10 años después éste quedara libre por “falta de pruebas”), por lo que una vez concluido su mandato, Zedillo huyó del país ante el miedo que le infligía Salinas y se refugió en Estados Unidos, en donde es asesor empresarial y catedrático de la Universidad de Yale.

Sería bueno que en la memoria colectiva no se olvidara cómo Zedillo y su entonces secretario de Hacienda José Ángel Gurría –actual secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)- aprovecharon para sí mismos y sus familias beneficios fiscales que ellos habían promovido.

De acuerdo con documentos oficiales de la Secretaría de Hacienda de aquellos años, en 1998 José Ángel Gurría otorgó un trato preferencial a los hermanos de su jefe el presidente, de nombres Rodolfo, Verónica Crystela y Luis Eduardo Zedillo, así como a la empresa Grupo Intecom, propiedad de la familia del exmandatario, para omitir el pago de impuestos correspondientes al periodo 1991-1996, y que tuvieron que liquidar parcialmente cuando se vieron descubiertos.

Al concluir el sexenio de Zedillo y en los primeros días del gobierno panista de Vicente Fox, el llamado zar anticorrupción Francisco Barrio, responsable de la Secretaría de la Contraloría, prometió que realizaría una exhaustiva investigación del caso y que, de haber elementos, aplicaría la ley a todos aquellos que hubieran participado en las supuestas anomalías fiscales. El entonces contralor pidió ayuda al secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, para investigar a la familia Zedillo Ponce de León, pero su petición fue rechazada y le negaron las pruebas de la evasión fiscal.

En diciembre de 2000, en esta columna dimos cuenta de la explicación que el arquitecto Rodolfo Zedillo, presidente del Grupo Intecom, hacía sobre los beneficios fiscales que recibieron por parte del secretario Gurría.

En aquella ocasión Rodolfo Zedillo decía que “no había recibido un trato preferencial de la Secretaría de Hacienda en la liquidación de sus adeudos fiscales”; sin embargo, reconocía haber incurrido en retrasos de obligaciones tributarias “por causas externas a las propias empresas”.

Aseguraba que los adeudos fiscales fueron liquidados con “cargos muy sustanciales en apego a la ley”. Es más, agregaba, “jamás he recibido un trato especial de autoridad alguna y que, por el contrario, las autoridades han sido especialmente cuidadosas con mi familia para que ésta cumpla con el pago de sus impuestos”.

Sin embargo, las pruebas que aún guardo en viejos archivos señalan otra cosa: las cuatro empresas de la familia del expresidente –Integración del Sistema para la Construcción, Conductores Eléctricos de México, Promociones Electro Iris e Inmobiliaria y Constructora Gegaza– acumularon deudas y recargos por impuestos no pagados al gobierno federal hasta por 15 millones 275 mil 343 pesos, entre1991 y 1996, cuando su hermano era secretario de Programación y Presupuesto.

Para resolver este problema antes que su pariente dejara la Presidencia de la República, el arquitecto Rodolfo Zedillo simuló un arreglo con las autoridades de Hacienda que estaban bajo las órdenes de su hermano el presidente, por lo que en mayo de 1998 logró que mediante el pago de 8 millones 103 mil 779 pesos quedaran liquidados sus créditos fiscales, lo que le significó una reducción de más de 7 millones de pesos.

Según la tarjeta informativa que el exsubsecretario de Ingresos, Tomás Ruiz, le envió al secretario José Ángel Gurría –cuya copia está en mi poder-, el Servicio de Administración Tributaria también les autorizó a las empresas de la familia Zedillo incorporarse a los convenios del Programa de Apoyo Fiscal, que les permitió pagar en una sola exhibición el saldo de los adeudos y los relevó de las obligaciones de presentar la garantía del interés fiscal y, por si eso fuera poco, los créditos que les otorgó Hacienda no fueron garantizados y al final les condonó las multas.

Nada distinto del abuso de poder, del tráfico de influencias y la corrupción cometidos por otras familias presidenciales como López Portillo, De la Madrid, Salinas de Gortari, Fox-Sahagún, Calderón y Peña Nieto.

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