La destrucción del derecho laboral y la trata de esclavos asalariados

1. Cuando el bloque hegemónico se llena orgullosamente la boca para decir que el antiguo régimen se democratizó súbitamente, de la noche a la mañana, milagrosamente, gracias a la simple alternancia en la administración pública entre la conservadora derecha siamés –la confesional decimonónica y la priista, reciclada en neoconservadora y neoliberal–, y que las elites se transformación repentinamente de autoritarias en un ejemplar republicano digno de respeto y, sin embargo, ellas mismas se han encargado de obstaculizar la democratización real del orden establecido, de mantener arraigadas las viejas prácticas despóticas del sistema presidencialista, de cogobernar con los mismos abusos del poder del pasado reciente, sin contrapesos legales, con la ausencia del estado de derecho y el mismo proyecto de nación económica, social y políticamente desigual y excluyente.

2. Cuando al margen de los trabajadores, que han sido anulados de las discusiones y del juego político –debido a la inexistencia de mecanismos de representación que les permitan defender sus intereses, la ilegitimidad de los gobernantes que actúan por encima y en contra de la mayoría de los gobernados, la debilidad de los sindicatos como resultado del desempleo y el miedo al mismo y la falta de empleos formales que reducen el número de sus agremiados, la pérdida de su independencia y capacidad de negociación ante el secuestro de sus organizaciones por dirigentes venales que depredan sus recursos y obtienen beneficios pecuniarios, cuotas de poder y protección a cambio de su subordinación a la estructura corporativa del Estado y la venta de contratos de protección a los empresarios, la represión padecida por los obreros a manos de sus enemigos de clase antedichos, y el cambio y la aplicación arbitraria de las leyes del trabajo por parte del gobierno (las juntas de Conciliación y Arbitraje, la Secretaría del Trabajo, los legisladores, el Ejecutivo, la Corte)–, la oligarquía, los priistas, los panistas y sus aliados del Congreso impondrán la contrarreforma neoliberal laboral que legalizará el desmantelamiento de los derechos constitucionales en la materia iniciado durante el salinato, profundizará su destrucción por medio de la “flexibilidad” en el mercado de trabajo y garantizará la derrota de los proletarios frente a los empresarios, que los reducirá al papel de indefensos esclavos ante las formas más salvajes de la acumulación privada de capital, cabe preguntarse:

¿Qué opciones se les deja a los trabajadores para luchar por sus derechos laborales constitucionales y sus conquistas sociales históricas?

En los países “democráticos” del Reino Unido, Francia, Grecia, Portugal o España, gobernados por la derecha y los “socialistas”, los sindicatos y otros sectores de la población han recurrido a la movilización, la protesta y violencia social ante las soluciones autoritarias impuestas por las elites dominantes para trasladarles los costos de la crisis del capitalismo global, el saneamiento de las finanzas públicas y la reconstrucción de la acumulación privada del capital: una dosis adicional de neoliberalismo, la mayor “flexibilidad” laboral, el despido fácil con menores compensaciones, el recorte de los salarios nominales y de las prestaciones, como los servicios de salud, la ampliación de la jornada laboral, la reducción del gasto público social, de los servicios básicos, las pensiones y del seguro contra el desempleo, entre otras políticas.

En el Magreb y el Medio Oriente (Túnez, Libia, Egipto, Baréin, Marruecos y Arabia Saudita, entre otros), la sociedad, víctima del despotismo político, la exclusión social y el hambre, en su espontaneidad, falta de organización y de un proyecto claro de nación, optó por los días de furia y la revuelta social para deshacerse de sus sátrapas y poner en jaque a otros regímenes políticos, pese a la sangrienta represión a la que ha sido sometida.

Los trabajadores mexicanos no deben desdeñar esas experiencias. Sobre todo, cuando los neoliberales primero los condenaron a ser precarios, pobres y miserables, y ahora los quieren completamente “flexibles”.

Porque el Partido Revolucionario Institucional (PRI) –que fue remiso al momento de apoyar a Vicente Fox y Felipe Calderón en su fracasado intento por completar la destrucción de los derechos laborales, proceso iniciado por Carlos Salinas y Ernesto Zedillo– cambió radicalmente su posición. En su ambición de reconquistar el gobierno a cualquier precio, arrojó al bote de basura su propuesta presentada al Congreso en diciembre de 2010, la cual se contraponía a la iniciativa cavernícola presentada por el troglodita Javier Lozano y preservaba diversas conquistas laborales consagradas en el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo. En su esfuerzo por retornar a la Presidencia, para lo cual requiere el apoyo de, al menos, uno los verdaderos electores del país, el PRI está dispuesto a garantizarle a la oligarquía la realización de sus sueños caramente ambicionados. Ya les ha entregado otros despojos de la nación a su depredación: los contratos incentivados en la industria energética y otros mecanismos de coinversión pública-privada o las telecomunicaciones, lo que explica que ese grupo esté fabricando generosamente la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto, quien les garantizaría la continuidad económica neoliberal y el autoritarismo político.

Pero los suspirantes son varios. Otros, que llevan a cabo una guerra soterrada en contra del delfín, están dispuestos a envilecerse aún más. Para ocupar ese puesto, no dudan en ocupar el lugar de Peña en el lecho del procusto oligárquico. Manlio Fabio Beltrones, con su propuesta de contrarreforma fiscal, ofrece más beneficios a las grandes empresas y los sectores de altos ingresos, que serían pagados con los impuestos al consumo de las mayorías. Francisco Rojas está dispuesto a arrojar la cabeza de los trabajadores a la jauría. En su reculón, los priistas saquearon descaradamente la mayor parte de la propuesta laboral de Lozano –lo que explica su beneplácito ante su iniciativa “priizada” y sus pendencieros denuestos en contra de quienes se oponen a ella, calificándolos de “intolerantes brutales”, “mentirosos”, “cobardes” (La Jornada, 25 de marzo de 2011)–, que era la de la burguesía, con un agravante adicional: la volvieron más reaccionaria gracias a la asesoría de los leguleyos de la Confederación Patronal de la República Mexicana y del Consejo Coordinador Empresarial.

El dictador Augusto Pinochet y los Chicago Boys necesitaron asesinar la democracia chilena, imponer una dictadura, bañar de sangre a su país, liquidar e ilegalizar al sindicalismo opositor, encarcelar y matar a sus líderes para parir el engendro neoliberal y someter a los trabajadores a la “flexibilidad” laboral, modelo que después fue copiado por otros dictadores y “demócratas” del resto del mundo. En México, sólo ha sido suficiente la permanencia del autoritarismo presidencialista priista-panista.

¿Qué entendieron Pinochet y sus adictos a las doctrinas neoliberales por la exportada “flexibilidad” laboral que sólo beneficia a los empresarios? La sustitución de la seguridad y la estabilidad en el empleo por la eventualidad, la transitoriedad y la subcontratación –también conocida como tercerización y outsourcing– que actualmente afecta, al menos, al 70 por ciento de los asalariados chilenos; el relajamiento legal de la higiene y la seguridad laboral; el derecho empresarial para cambiar arbitrariamente los horarios de trabajo, rebajar los salarios y las remuneraciones; pagar jornales desiguales sin prestaciones para trabajos iguales; contratar a rompehuelgas, cuando sus empleados le declaran el paro, además de impedirles su ingreso a sus instalaciones, facilitar sindicatos de protección y cuantos sean necesarios dentro de sus empresas para pulverizar la fuerza organizada de los trabajadores; la castración de los sindicatos y sus derechos a la huelga, incluyendo las solidarias; el favoritismo de las autoridades laborales hacia los empresarios.

¿Qué proponen el PRI-Partido Acción Nacional (PAN)? Son tan creativos como los criminales dictadores y “demócratas” neoliberales. Entre otras propuestas, que seguramente serán aprobadas por esa mayoría del Congreso, destacan la legalización de la trata de esclavos asalariados por medio de la subcontratación de empresas que venden a trabajadores a otras empresas, con menores salarios y prestaciones para trabajos iguales y sin la posibilidad de aspirar a la estabilidad; los contratos temporales de “prueba” y por horas, en condiciones similares a los anteriores; la reducción del tiempo de los juicios laborales, en beneficio de los empresarios respecto de los llamados salarios caídos, lo que abaratará el despido de los obreros, por lo que ahora podrán arrojar a la calle a los más antiguos y contratar a carne joven en peores condiciones; la permanencia de los contratos de protección y de los turbios negocios de los líderes corporativos, que garantizarán la antidemocracia de los sindicatos, su falta de representatividad, su control, su fragmentación y sus limitaciones en el derecho de huelga; la permanencia de las arbitrariedades y el control de los trabajadores y sus sindicatos ante las cavernícolas autoridades laborales, al estilo de Lozano, que decidirán la toma de nota y registro de esas organizaciones, así como sus derechos de huelga.

La propuesta del PRI, con la que aspira recuperar la Presidencia, es sencilla: reducir a los asalariados a la calidad de siervos en nombre de la productividad, competitividad y rentabilidad empresarial. Dicho retorno implicará el triunfo oligárquico.

Se equivocan quienes señalan que la propuesta priista es una traición a los trabajadores, pues ese partido siempre ha sido su enemigo histórico. Desde la creación de la Confederación Regional Obrera Mexicana, recién terminada la Revolución Mexicana, dirigida por Luis M Morones, se ha enajenado a los trabajadores al PRI, a su antecesor Partido Nacional Revolucionario (PNR, 1928). Los cinco lobitos, Fidel Velázquez, Jesús Yurén Aguilar, Fernando Amilpa, Alfonso Sánchez y Alfonso Quintero, que crearon la Confederación de Trabajadores de México en 1936, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, reforzaron su sometimiento corporativo al travestido PNR en el Partido de la Revolución Mexicana (1938) y en el actual PRI (1946). Hampones sindicales como Leonardo Rodríguez Alcaine, Joaquín Gamboa Pascoe, Víctor Flores o Elba Esther Gordillo, que venden sus oficios al amante en turno, ya sea priista o panista, han servido para someter a los asalariados y reprimir al sindicalismo independiente para garantizar su vasallaje ante el Estado y los empresarios.

Ante el bloque dominante, PRI, PAN, empresarios y otras franquicias parasitarias, como el Verde Ecologista y Nueva Alianza, que se afanan por mantener cerrado al régimen político despótico e imponer la esclavitud asalariada, los proletarios, para defender sus derechos, aún en su debilidad, tienen el derecho histórico de experimentar lo de otras latitudes: la movilización, la protesta, la violencia, la furia, la revuelta social, ya sea para imponer la democracia en México o aspirar a un sistema poscapitalista. No les dejan otras opciones para acabar con los déspotas que los aplastan.

*Economista

Fuente: Contralínea 228 / 10 de abril de 2011