La guerra de Estados Unidos contra el pueblo de México

Balas por piedras. El 22 de junio de 2010 otra vez agentes de la Border Patrol, o Patrulla Fronteriza, asesinaron a un mexicano. Fue baleado en pleno territorio nacional con el pretexto de que “lanzaba piedras”. José Alfredo Yáñez Reyes estaba en Tijuana, Baja California, a la altura de la colonia Castillo, cuando recibió un disparo por parte de la Border Patrol a través de una malla. Yáñez era un trabajador, quien ahora deja a un hijo de un año y medio, y a su esposa embarazada de cinco meses. Los recientes crímenes en la frontera norte contra Ramsés Barrón, Anastacio Hernández, Sergio Adrián Hernández y de cientos de migrantes más, quedan invariablemente en la impunidad. Al mexicano se le trata en calidad de esclavo, a quien se puede asesinar libremente, incluso, en territorio mexicano.

No sólo se criminaliza a los migrantes que trabajan sin derechos como esclavos: también se lucra con ellos. En su documental Inmigrantes a la venta, la organización Cuéntame –radicada en Los Ángeles, California– denuncia que las redadas y el envío a la cárcel de inmigrantes son una rica fuente de ganancias. El trabajo exhibe que la detención de migrantes es una industria multimillonaria, puesto que más allá de las leyes antiinmigrantes, representa un gran negocio para las cárceles privadas. A éstas se le pagan 200 dólares la noche por cada migrante capturado. Lucran como si fueran hoteles, ya que necesitan más ocupantes para así poder ganar más dinero. Las corporaciones Corrections Corporation of America (CCA), GEO Group, Managment and Training Corp (MTC), albergan 150 mil espacios para camas, con ganancias de hasta 5 mil millones de dólares. No es extraño que grupos cabilderos como el Consejo de Intercambio Legislativo Estadunidense (ALEC, por su sigla en inglés) impulsen leyes como la SB1070 de Arizona y redacten leyes antiinmigrantes para aumentar las redadas y así favorecer este negocio. El gobierno de Barack Obama deportó en 2010 a 400 mil migrantes, hecho que alimentó las ganancias de las cárceles privadas.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha destruido la economía mexicana y ha obligado a que medio millón de mexicanos a emigre anualmente. Las grandes corporaciones estadunidenses no sólo han invadido los mercados nacionales sino que garantizan mano de obra barata, sin derechos, esclavizada en su territorio. La dependencia y los planes de anexión de Estados Unidos no han ayudado al desarrollo de México. Todo lo contrario, han traído crisis, crimen, miseria y caos, y han disparado la emigración como nunca antes.

Pero Estados Unidos agudiza sus políticas antiinmigrantes, al tiempo que la falta de empleo y los bajos salarios en México provocan la emigración. Las crisis provenientes en Estados Unidos desde 2008 han demostrado que es un error garrafal el que México dependa de la economía de estadunidense. Y la crisis continúa. Hace unos días Obama tuvo que reconocer que en el primer trimestre de 2011 su economía apenas creció 1.9 por ciento anualizado. La profunda crisis sigue ahí. Es una crisis estructural del capitalismo que solamente se remediará con el cambio a un sistema en el que no sean las grandes corporaciones las que se lleven y controlen todas las ganancias. México debe ser un país soberano económicamente y no estar atado a los vaivenes de la economía Estados Unidos. También la economía mexicana se está desacelerando este año. En abril tuvo su menor tasa de crecimiento en 17 meses desde diciembre de 2009. El cuento de que “ya salimos de la crisis” es falso.

Esta dependencia no sólo afecta el desarrollo económico, sino también sujeta al país a las exigencias del mercado de la droga de Estados Unidos que sigue siendo el mercado más grande para la cocaína; en 2009 se consumieron 157 toneladas, lo que equivale al 36 por ciento del mercado mundial. En este país se vendieron 37 mil millones de dólares de esa droga, según datos de la Oficina de Drogas y Crimen de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tomados de su Reporte anual 2010. En Estados Unidos se da la máxima distribución de droga, ¿y quién la moviliza por todo ese país? Se habla de los carteles mexicanos; pero en Estados Unidos, que es donde está el gran negocio ¿quién lo controla?

Al criminalizar a México –inundando al país con sus armas, hecho propiciado por el mismo gobierno de Estados Unidos y sus agencias Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por su sigla en inglés), la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (DEA, por su sigla en inglés) y el FBI (Oficina Federal de Investigación, por su sigla en inglés), como develó el escándalo de la Operación Rápido y Furioso–, Estados Unidos pretende no sólo aprovecharse de nuestra mano de obra, sino seguir adueñándose de nuestras riquezas con la complicidad de los gobiernos emanados tanto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y como del Partido Acción Nacional (PAN). Es sabido por todos cómo han dado prioridad a los intereses de las grandes corporaciones en detrimento de los intereses de México. Los contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) con las trasnacionales Schlumberger, Halliburton y Weatherford, violan la Constitución en sus artículos 25, 27 y 28. El mal gobierno actual pisotea la ley y los derechos del pueblo, así como la soberanía nacional con tal de servir a las corporaciones extranjeras. El petróleo es estratégico para la economía y la industria, el cual debe ser explotado exclusivamente por la nación. Lo mismo ocurre con minerales como la plata, el oro, el plomo, el zinc, el litio, la fluorita, el ópalo, la cal, el cobre, el estaño, y el gas. Esas riquezas deben ser para los mexicanos, para el desarrollo del país y para el bienestar del pueblo. México es un país rico, pero es saqueado impunemente, inmerso en un estado de pleno neocolonialismo. Y eso no es aceptable.

En materia eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está ahorcando a la industria y violando la Constitución, al darle 37 mil millones de pesos en contratos a empresas privadas y retirar 24 plantas para dar espacio a productores privados. La privatización de la industria eléctrica está impulsada por Washington y corporaciones extranjeras, lo que genera en conjunto altas tarifas y la desnacionalización de la industria. Los sectores estratégicos, como el sector energético –dice la Constitución– deben ser explotados exclusivamente por la nación y los contratos están explícitamente prohibidos. Pero Vicente Fox firmó la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) con el presidente George W Bush y el primer ministro de Canadá, Paul Martin, el 23 de marzo de 2005 en Waco, Texas, para la integración en seguridad y energéticos de Canadá, Estados Unidos y México. De ahí se deriva la intensificación de la apertura de los sectores estratégicos y de los energéticos para favorecer a las corporaciones estadunidenses y canadienses. Los 10 años de gobierno panista han significado la aceleración de la entrega de México y su anexión a Estados Unidos, iniciada desde los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.

Desde la década de 1980, al iniciar las políticas neoliberales, se ha buscado propagar la idea de que la inversión foránea y la deuda son apoyos. Eso es totalmente falso. La inversión extranjera y la deuda han empobrecido como nunca al país y al pueblo trabajador. La deuda externa bruta de México se elevó a 257 mil millones de dólares durante este gobierno, nivel nunca observado antes, impulsada principalmente por la inversión extranjera en el mercado interno de bonos gubernamentales. Cada mexicano debe 28 mil 993 pesos por la deuda interna, más 22 mil 930 pesos por la deuda externa, es decir, que cada connacional debe 51 mil 923 pesos por deudas que no sólo no han beneficiado al país sino que lo han hundido en la dependencia extranjera y en la miseria, porque se paga más de intereses y amortizaciones que lo que ingresa. La deuda gubernamental llegó en enero pasado a casi 182 mil millones de dólares, lo que implicó un crecimiento de 54 por ciento en lo que va del actual gobierno, según informes del Banco de México (Banxico) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Por otro lado, al comenzar el sexenio, el débito del sector público era de 54 mil 766 millones de dólares, los cuales al final de 2010 llegaron a 107 mil 100 millones. Es decir, la deuda casi se duplicó durante el gobierno de Felipe Calderón.

Otra de las falacias que se han mencionado es la que de la deuda ayuda al desarrollo del país. En 1970 se debían 3 mil 600 millones de dólares, hoy 257 mil millones,¿y estamos mejor? ¡Claro que no! En 1970 el monto de la inversión extranjera directa en su totalidad sumaba 5 mil millones de dólares. Actualmente, según datos de la Secretaría de Economía, entre enero de 2007 y diciembre de 2010 el país recibió 88 mil 510.2 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED). ¿Y ésta ha ayudando al desarrollo económico de México? ¿Ha mejorado la situación de los trabajadores, aumentado el empleo, el bienestar? ¡Para nada! La dependencia extranjera produce el saqueo de las riquezas nacionales y el atraso del país. El neocolonialismo ha hundido a México.

El 30 de julio se cumplen 200 años de la muerte de Miguel Hidalgo, hombre que luchó por la independencia de México, por su soberanía política y económica, contra los monopolios, el mal gobierno, las alcabalas, la esclavitud, y hoy por hoy, su lucha sigue vigente, convocándonos a luchar para derrotar al neocolonialismo y alcanzar la plena soberanía.

Además de todo el dinero que sale por los capitales que usurpan las empresas extranjeras y por los intereses y amortización de la deuda que asciende alrededor de 30 mil millones de dólares anuales, con Calderón se han fugado 93 mil millones de dólares al extranjero. El saqueo de México está peor que nunca. Es impresionante cómo se redobla la explotación de los trabajadores y empeoran las condiciones de trabajo, a la vez que se agudiza el desempleo.

Durante décadas Estados Unidos desarrolló un control económico de México, para pasar al control político y ahora al control militar, que es la fase que atraviesa el país. Para tener el control directo del territorio nacional, Estados Unidos tiene planteado instalar bases militares en México. Y ya comenzaron. En el marco del Plan Mérida y la fallida guerra contra el narcotráfico, el 10 de mayo, al oriente de la capital del estado de Puebla, comenzó la construcción de una base militar estadunidense disfrazada de Academia Estatal de Formación y Desarrollo Policial. Esta base militar tendrá lugar en la zona Los Encinos de la junta auxiliar de San Salvador Chachapa. Cabe destacar que el Plan Mérida es un programa subsidiado por Estados Unidos en la supuesta guerra contra el narcotráfico, cuyo resultado es lo que vemos todos los días: una desarticulación del tejido social como nunca se había visto en la historia de México, producto de la injerencia del gobierno estadunidense, a través de su exembajador Carlos Pascual, que ya antes había tenido experiencia en Colombia, Europa del Este, África y Haití, para desmantelar “estados fallidos”. La presentación del proyecto estuvo a cargo de Rafael Moreno Valle y Keith W Mines, director general de Iniciativa Mérida, quien fue muy claro y precisó que la FBI, el Servicio Secreto de los Estados Unidos, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), y el Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS, por su sigla en inglés) entre otros, tendrán injerencia directa.

Todo esto es anticonstitucional y violatorio de la soberanía nacional. Además de esta base, ya están piloteando los aviones no tripulados estadunidenses en cielo mexicano y se ha establecido, autorizada por Calderón, la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI), ubicada en avenida Reforma 265, en la ciudad de México. También la Armada de México se ha integrado a las maniobras militares de Estados Unidos. Y se han establecido aduanas internas de ese país Estados Unidos en la república mexicana.

Por otra parte, es preocupante que después de invadir Afganistán y de mantener una guerra de ocupación contra su pueblo, manden a México como nuevo embajador a Anthony Wayne, quien era ¡embajador adjunto en Afganistán! El envío de éste nuevo embajador es siniestro. Carlos Pascual era el operador en el territorio ocupado de Irak. Wayne era el operador en Afganistán: otro experto en invasión y desmantelamiento de un país.

Keith W Mines, director general de Iniciativa Mérida, es un exmilitar con 22 años de experiencia en el ejército de Estados Unidos. Ha trabajado en misiones tanto militares como diplomáticas en Granada, Honduras, El Salvador, Israel, Somalia, Haití, Hungría, Afganistán, e Irak. En este último país estuvo encargado de las acciones políticas y económicas del gobierno de ocupación de la provincia iraquí de Al Anbar. Trabaja en la Agencia de Inteligencia Central y actualmente está asignado a la embajada de Estados Unidos en México como encargado del Plan Mérida. Él fue quien inauguró la supuesta Academia Policial, pero su experiencia es militar no policial.

La integración militar con Estados Unidos busca que los militares y agentes estadunidenses operen en México y también que los mexicanos se sumen a las guerras intervencionistas, tal y como Canadá ha enviado tropas a Afganistán. Esta integración se realiza en momentos en que Estados Unidos intensifica sus intervenciones. Tiene asaltados Irak y Afganistán y bombardea Pakistán, Yemen, con los drones o aviones no tripulados, mismos que ya patrullan los cielos mexicanos. En las últimas semanas, Obama dispuso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte para bombardear Libia poniendo como pretextando “ayuda humanitaria” y la “protección de civiles inocentes”. Los bombardeos han causado ya una masacre de más de 1 mil muertos y 4 mil heridos, un enorme daño y desgracia. El Premio Nobel de la Paz sin autorización de su Congreso bombardea Libia.

La guerra en México es parte de las guerras que ha desatado Washington en el mundo. Por eso fue acertado que la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad hubiera presentado su pacto ciudadano el 11 de junio pasado en el monumento a Benito Juárez, Ciudad Juárez, y planteado un juicio político contra Felipe Calderón y Genaro García Luna, así como también hubiera demandado el fin a la estrategia de guerra, el regreso del ejército a los cuarteles y la eliminación del fuero militar; y exhorta a dar por terminada la Iniciativa Mérida y otros proyectos de asesoría policiaco-militar que procedan de Estados Unidos. Pero, estos puntos fueron excluidos por la cúpula del Movimiento por la Paz y no se plantearon en la reunión que organizó Calderón en el Castillo de Chapultepec.

Es importante destacar que la guerra en México no es un asunto de Calderón. Esa guerra fue planteada por Washington. Ellos venden las armas, compran las drogas, lavan el dinero. La guerra en México, forma parte del esfuerzo militar de un imperio en decadencia que busca mantener su hegemonía haciendo uso de la fuerza. Sus planes belicistas son abiertos y descarados y México no debe verse embarcado en esa aventura imperial. La anexión o integración de México que pretende Estados Unidos hunde a la nación en la guerra. El camino de la paz es el de la independencia y el de la soberanía. Hoy más que nunca hace falta romper con el gobierno de la guerra y lograr un gobierno que vele por la paz y el desarrollo. Esa es la lucha actual que se debe de librar.

*Politólogo, historiador y urbanista; dirigente de Mexteki y vocero del Congreso de la Soberanía

[TEXTO PARA TWITTER: “Guerra” en México, controlada por EU. Ellos ponen las armas, compran las drogas y lavan el dinero]

Fuente: Contralínea 242 / 17 de julio de 2011