Uno es político; el otro, empresario (aunque ambos grillan y han sido beneficiados con negocios en los cuales los gobiernos en turno han sido no únicamente complacientes, sino incluso omisos para castigar sus tropelías). Los dos están hoy en el centro de la atención por diversas razones, pero saben que tienen una larga vida de placeres en tanto la impunidad sea lo cotidiano en México. Tanto que vamos como cangrejos en eso de aplicar la ley. Estamos, en el índice mundial de corrupción, en el lugar 105 de 174 países.

 

Hablamos de Jorge Emilio González, mejor conocido como el Niño Verde, y de Germán Larrea, accionista principal del Grupo México, compañía que maneja salas de cine, mineras y otras empresas donde hay enormes ganancias y generalmente se viola la Ley Federal del Trabajo.

 

El primero, dos veces diputado e igual número de ocasiones senador, recibió hace tiempo una franquicia de su padre Jorge González Torres: el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Éste es el único en el mundo que no está afiliado a la internacional de esas organizaciones por dos razones, entre otras: levantar como bandera la pena de muerte y oponerse a las corridas de toros, contradicción flagrante.

 

Eso no ha importado al PVEM, ya que lograron, con engaños y con propaganda subliminal, captar los votos requeridos para obtener curules. Desde luego, en este sinuoso transitar los han ayudado las autoridades electorales, pues recientemente el llamado Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les perdonó un castigo millonario debido a que realizaron propaganda ilegal con actores de Televisa. Y el duopolio televisivo, por cierto, utiliza a los Verdes en contra de quienes desean un proyecto en telecomunicaciones que abra las puertas a la variedad informativa y a la libertad de expresión.

 

Recientemente Jorge Emilio, a quien Froylán López Narváez motejó como el Niño Muerde –ya que se le filmó pidiendo una cuota millonaria a un edificador, el cual quería construir en Quintana Roo–, fue detenido en el Distrito Federal por conducir en estado de ebriedad. Hizo el numerito clásico de los prepotentes: insultó a la autoridad, se negó a soplar en el alcoholímetro, llamó a sus guaruras, éstos “cesaron” a los policías que realizaban su trabajo y, finalmente, al verse perdido, dijo llamarse de otra manera.

 

Logró un amparo, medida no muy sana, pero que han podido realizar cientos. Después alegó que hizo ese trámite porque eran horas de la madrugada y tenía frío, hambre y sed (resaca mediante). Espetó: “No había agua para tomar agua” (sic líquido).

 

La mayoría de sus compañeros políticos lo censuraron, incluidos los priístas, entre ellos Emilio Gamboa quien le pidió actuar con más cuidado. Casi todos los consultados al respecto lo zarandearon en serio. El escritor Agustín Sánchez González, quien es un experto en José Guadalupe Posada y en las historietas de la Familia Burrón, dijo: Jorge Emilio debe ser petrolero: “cuando no está crudo, está refinado”.

 

No debemos olvidar que Jorge Emilio tiene otras historias aparte de los sobornos, como el de una dama búlgara que se arrojó en Cancún de un departamento titulado a su nombre. En aquella ocasión dijo que había rentado el lugar a otra persona. Y un exdiputado de su club verde, Arturo Escobar, fue detenido en el Sureste cuando transportaba 1 millón de pesos en efectivo en una maleta.

 

Dice bien Julio Hubard en un ensayo acerca de la democracia (Letras Libres, 170): “a la larga, resulta mucho más lesiva una devaluación de la palabra que de la moneda”.

 

Germán Larrea no es hombre de palabras, más bien las elude porque su verbo es el dinero. Por medio de ese dios de los financieros ha sabido comprar voluntades, tantas que espanta.

 

A 7 años (19 de febrero de 2006) de la tragedia en Pasta de Conchos, Coahuila, donde 65 mineros perdieron la vida, no hay investigaciones al respecto y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del panismo al actual priísmo, enmudecieron.

 

Afortunadamente el obispo de Coahuila, Raúl Vera López, dijo: “fue un crimen oculto”, ya que varios investigadores y científicos demostraron que luego de la explosión había rastros de vida. Empero, nada se hizo para sacar los cadáveres (y las posibles víctimas). Algo que continúa hasta la fecha.

 

Para el clérigo, “restaurar la justicia y reparar el daño significa garantizar la no repetición del hecho”. Y ya sabemos que luego de este grave acontecimiento sucedieron otras tragedias mineras, sin que en ningún caso, el hoy valentón Javier Lozano moviera un dedo para rescatar a los trabajadores, consolar a las familias, indemnizar convenientemente a las víctimas y hacer un homenaje póstumo a quienes ofrendan su existencia para que unos cuantos se hinchen las bolsas de lana.

 

Pero, como son insaciables los acumuladores de dólares, hoy otra empresa de Larrea, Cinemex, tiene en la mira la compra de los 31 complejos cinematográficos de Cinemark. De lograr ese propósito, tendría el manejo de casi el 40 por ciento de las pantallas. Y sabemos que el cine es un negocio muy rentable por su elevada tarifa: de 50 a 80 pesos la entrada por persona. Además, en dicha salas no se promueven, sino ocasionalmente, los filmes mexicanos, ya que los tradicionales son los estadunidenses.

 

En este último caso, la venta de Cinemark a Cinemex, falta que la Comisión Federal de Competencia dé su aval. Aunque será difícil oponerse a tan poderoso caballero. De llevarse a cabo la fusión, la compañía de Larrea junto con Cinépolis serán el duopolio en la exhibición cinematográfica. Algo parecido a lo que ocurre en televisión con las empresas de Emilio Azcárraga tercero y Ricardo Salinas Pliego.

 

El México de la impunidad no acepta la demagogia oficial.

 

*Periodista

 

 

Fuente: Contralínea 324 / marzo 2013