El problema de los altos cobros de la electricidad que viene afectando a millones de mexicanos desde hace más de 2 sexenios, agudizado en el centro del país tras el aberrante decreto de extinción de Luz y Fuerza en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, es uno de los agravios sociales que no admite dilación alguna por parte de los miembros del partido mayoritario en el Congreso, para analizar la iniciativa ciudadana que propone la aplicación del borrón y cuenta nueva,  el establecer una tarifa social y elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad como un derecho humano.

A principios de marzo pasado este lastre heredado al nuevo gobierno hizo crisis en entidades como Tabasco, donde el gobernador Adán Augusto López se vio precisado a girar la instrucción para detener a los trabajadores y vehículos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que en la entidad cortaran el servicio a usuarios domésticos, sobre quienes pesan acumulados adeudos por la imposición de  tarifas como la 1C y 1D –de las más caras del país–, aplicadas de manera arbitraria por décadas en 14 de sus municipios.

Vivir en regiones con climas en extremo cálidos hace de la electricidad un medio indispensable para la subsistencia. Desde hace años, medio millón de tabasqueños se mantienen en resistencia por los exagerados cobros de la CFE,  que en los gobiernos neoliberales extravió el sentido social de la prestación del servicio.

En el centro del país el asunto apareció luego de que Calderón Hinojosa cerrara de la noche a la mañana a Luz y Fuerza, dejando sin empleo a 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Como parte de la estrategia impuesta por los organismos internacionales para desmantelar y privatizar al sector eléctrico nacional, el expresidente panista echó mano de la más rancia demagogia para prometer a los 6 millones de usuarios que eran atendidos por la exparaestatal, una baja en las tarifas y un mejor servicio.

Como lo constató la sociedad en su conjunto, el golpe al SME y la cancelación de la entidad pública resultaron contraproducentes para el bienestar de la población porque en la mayor de las irresponsabilidades públicas, la CFE inició de manera “estimada” el cobro de los consumos sin tomar siquiera en consideración el nivel socioeconómico de los usuarios.

De la noche a la mañana miles y miles de atropellos empezaron a reproducirse por doquier al llegar  recibos con cantidades impagables a innumerables hogares humildes y de clase media. Los funcionarios de Calderón y el extraviado mandatario prefirieron dar la espalda a quienes prometieron algo totalmente distinto.  Así como los electricistas del SME se encontraron de un día a otro sin empleo, los usuarios se enfrentaron ante la disyuntiva de comer o pagar la luz.

Durante su campaña, el expresidente Enrique Peña Nieto prometió atender las anomalías y bajar la electricidad, pero  su compromiso no pasó de ser uno más en el repertorio de la gastada retórica neoliberal. Terminó su gobierno y las tarifas no bajaron, como tampoco se dio una solución al borrón y cuenta nueva, planteado por el SME junto con la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE). Esta última, una organización surgida de la sociedad civil y que a la fecha suma miles de adherentes en varios estados de la República.

El pasado 11 de octubre, aún con la administración pasada, la ANUEE, el SME y otras organizaciones, realizaron una multitudinaria marcha a la Cámara de Diputados para entregar al coordinador de Morena, Mario Delgado,  la iniciativa ciudadana acompañada de más de 200 mil firmas, para que el derecho a la electricidad adquiera rango constitucional como un derecho humano en beneficio de millones de mexicano, a través del establecimiento de una tarifa social, amén de solicitar la aplicación del borrón y cuenta nueva que ponga fin a la persecución judicial y administrativa de la CFE en contra de usuarios cuyo único delito es ser pobres y no poder pagar los “recibos locos” de la ahora empresa productiva del Estado.

Los legisladores no pueden seguir prorrogando un tema que ha terminado por extender sus costos a las propias instancias de gobierno, acorraladas por la insolvencia de pagos a la Comisión Federal y que está afectando de manera directa a la prestación de servicios básicos como el abasto de agua potable. Alcaldes de ciudades tan distantes y disímbolas como Acapulco y Ecatepec han lanzado un SOS al nuevo director de la CFE para que también a ellos se les haga extensivo el borrón y cuenta nueva.

El edil Fernando Vilchis Contreras ha solicitado la condonación de 447 millones de pesos, pues de lo contrario miles de habitantes corren el riesgo de quedarse sin agua en uno de los municipios más poblados y marginados de México.

Las consecuencias de haber extraviado todo sentido social en la prestación del servicio eléctrico en los gobiernos neoliberales, están a la vista y la solución en manos de los nuevos funcionarios y los legisladores de un partido que deben sentarse a escuchar y a analizar junto con millones de afectados la mejor solución.

Es evidente que la nueva política energética busca recobrar el sentido nacionalista que inspiró la Expropiación Petrolera de 1938 y la Nacionalización de la Industria Eléctrica en 1960, en los gobiernos de Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos.

Nadie puede vivir sin electricidad y buena del desarrollo integral del país depende de las pequeñas y medianas empresas así como del comercio y la prestación de servicios. Una tarifa social ayudará a que los que menos tienen no vean afectada su frágil economía por excesivos cobros, y una política integral de tarifas justas ayudará a salir adelante a muchos negocios que han debido cerrar a consecuencia de los recibos locos que han causado infinidad de estragos en la antes zona de influencia de Luz y Fuerza del Centro.

En dos ocasiones la iniciativa de la ANUEE, con el acompañamiento del SME, fue ignorada por los Congresos de corte neoliberal. Es momento de que los legisladores de Morena vuelvan los ojos a la tercera presentación de la misma, donde miles de mexicanos les piden ejercer de manera nacionalista y responsable su papel como representantes de un pueblo cansado de sacrificar su vestido, alimentación y hasta salud por tener que pagar su electricidad.

Martín Esparza Flores*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

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