La minería es una actividad estratégica que puede ayudar mucho al desarrollo del país si es transformada a fondo. En la actualidad es un cáncer para México. Se ha utilizado para despojar a la nación. En diversos momentos, empresas mineras se han apoderado de más de la mitad del territorio nacional: 117.6 millones de hectáreas.
Sólo el gobierno de Felipe Calderón concesionó 35.5 millones de hectáreas a las mineras. Y existen concesiones de hasta 50 años. Hoy en día se tienen 25 mil 267 concesiones mineras vigentes por una superficie de 21.3 millones de hectáreas, es decir, 10.6 por ciento de la superficie del territorio nacional. En la explotación del oro el 60 por ciento lo tienen compañías extranjeras y el 40 por ciento corporaciones mexicanas como las de Slim y Bailleres.
Los proyectos mineros en exploración en 2018 eran 77 por ciento canadienses, 10 por ciento de Estados Unidos, 8 por ciento de México y 5 por ciento de otros. Tienen impactos ambientales importantes, pues implican la perforación de cientos de pozos, también llamados barrenos. El PRIAN dejó nuestra minería en manos extranjeras. De los 1 mil 113 proyectos en exploración en 2018, el 68 por ciento estaba destinado a buscar minerales preciosos, principalmente oro.
Esto supone un problema ambiental, pues en la actualidad el oro extraído en el país se explota bajo la modalidad a cielo abierto (Pérez-Jiménez 2018). En tan sólo 8 años se duplicó la cantidad total de proyectos mineros en México, que pasó de 667 en 2010 a 1 mil 531 en 2018. Los proyectos en producción se quintuplicaron, pues pasaron de 54 en 2010 a 274 en 2018. La minería en México, desde Salinas de Gortari hasta Peña, ha sido rapaz.
Son corporaciones que acaparan el agua y la contaminan, así como al aire, el suelo y el subsuelo. Se apoderan de las tierras de ejidos y comunidades, incumplen los acuerdos a los que llegan con la gente, ocasionan terribles accidentes que matan a los trabajadores y afectan regiones enteras. Actúan con total irresponsabilidad e impunidad y llegan hasta a dividir a las comunidades, con violencia y sobornos y a mandar asesinar a los opositores a sus proyectos.
Sonora, Durango y Zacatecas concentran el 50 por ciento de nuevos proyectos mineros. El 75 por ciento será o ya es a cielo abierto. Es necesario ver la gravedad de este panorama, ya que esta técnica de extracción de metales origina gran impacto paisajístico, ambiental, social y cultural.
Es necesario renovar la Ley Minera y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental para que esta actividad se enfoque en beneficio de las comunidades y del desarrollo regional y nacional. Hasta ahora todas las ventajas se les dan a los concesionarios a los que la antigua Ley Minera les da prioridad, y hasta se expropia a los campesinos para entregarles su tierra a las mineras. Por eso es necesario abrogar la Ley Minera y elaborar democráticamente una nueva Ley.
Dado que la minería es estratégica, y que si bien puede ayudar al aprovechamiento de las riquezas para la nación y su población, en la época neoliberal ha llevado al saqueo y el abuso. En particular es necesario cambiar la Ley General de Equilibrio Ecológico y prohibir la minería a cielo abierto, que ha sido prohibida ya en Estados Unidos, Canadá y en Europa. Así como el uso indebido del cianuro.
Actualmente la minería deforesta millones de hectáreas y pulveriza montañas, millones de toneladas de roca y desaparece totalmente bosques, selvas y toda cubierta vegetal. Elimina para siempre hábitats de flora y fauna, incluso endémicas o en peligro de extinción. Durante la actividad minera se generan grandes cantidades de materia fina, “polvillo” tóxico constituido por metales pesados que son absorbidos por animales y seres humanos, y generan una gran contaminación ambiental y del agua e impactos en la salud. Particularmente nociva es la práctica del fracking.
Es necesario estudiar a fondo los impactos ambientales y darle un papel muy importante a la comunidad en la toma de decisiones. Y en la limitación de la explotación minera para que ésta sea racional y lleve al bienestar general.
En particular es menester ser rigurosos y democráticos en las consultas a los pueblos indígenas y que se involucren en el estudio de los proyectos para decidir conscientemente y penar las prácticas de dádivas y sobornos que dividen a las comunidades. Asimismo se tiene que impedir el debilitamiento y destrucción de las culturas originarias en las zonas mineras.
Tiene que existir una información transparente, automatizar la información dándole seguimiento vía satélite para conocer la cantidad de minerales que se obtienen y tener un control sobre el mismo. Darle un presupuesto suficiente al Servicio Geológico Mexicano.
Es urgente conocer las hectáreas que son acaparadas y por quién; llevar un registro y control para evitar la contaminación, los abusos, las derramas. Detener el saqueo de nuestras riquezas hoy a cambio de muy reducidos impuestos o de multas ridículas que no detienen a las corporaciones. Mientras haya concesionarios, deben sujetarse a pagar derechos, la fiscalización y control de su operación. México debe obtener mayores ingresos e impuestos y que se quede en nuestro país el mineral, tomemos en cuenta que muchos de ellos son para la industria.
Se necesita un Plan Maestro Nacional para que la toma de decisiones sea democrática y beneficien a las comunidades y la rectoría Estatal para garantizar el buen rumbo de la industria minera para el beneficio nacional y comunitario.
Las ganancias por la minería deben beneficiar tanto al desarrollo nacional como al desarrollo de proyectos productivos, a los trabajadores mineros y al impulso de la ciencia y la tecnología. Los recursos mineros son importantes para la nueva producción que requiere México. Es irracional que México tenga oro en Reino Unido (120 toneladas), pero además se compró al Reino Unido, siendo que aquí se produce oro. Además, se pagan 3 millones de pesos anuales por su custodia.
Es hora de aprovechar nuestras riquezas. En Sonora tenemos litio que es tan necesario para la producción de autos eléctricos, medicamentos y otros muchos productos. Actualmente se pretende concesionar su explotación a compañías canadienses y chinas.
La riqueza minera es de México. El principio de propiedad originaria, consagrado en el primer párrafo del Artículo 27 Constitucional determina que la propiedad originaria le corresponde a la nación, y que debe dar a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público.
Dada la importancia de la minería ésta debe ser nacionalizada, eliminando las concesiones en manos extranjeras y a las grandes corporaciones nacionales que han abusado de los trabajadores y del medio ambiente, logrando que la industria respete todas las normas. Y desarrollar la industria minera de forma racional y benéfica, armónica con la naturaleza y canalizar sus ganancias para el bien de la sociedad y el desarrollo económico soberano de México.
Pablo Moctezuma Barragán**
*Este artículo es producto de las reflexiones en el Foro Alternativa Democrática del Congreso de la Soberanía
**Doctor en estudios urbanos, politólogo, historiador y militante social
