Los surcalifornianos han luchado desde hace años por vivir en un medio ambiente libre de minería tóxica, y no es que exista de otro tipo: todo proceso extractivo de minerales lo es; lo que los hace diferentes es su escala y los métodos que emplean, y de eso depende la letalidad que dejan en los suelos en que se realizan, así como los prolongados lapsos en que los contaminantes permanecen y afectan al medio ambiente.
Los intentos por explotar esta región mediante megaminería no son nuevos. El mega proyecto minero para la extracción de oro en la Sierra de la Laguna fue presentado a las autoridades desde hace 3 décadas. Durante el sexenio de Felipe Calderón se presentaron tres propuestas con los nombres Paredones Amarillos y Mina Concordia, por la minera canadiense Vista Gold, cuyas peticiones fueron denegadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ante la movilización de la sociedad civil. Después, la empresa Desarrollo Zapal, SA de CV, presentó nuevamente el proyecto en octubre de 2013 con el nombre de Los Cardones; cuya manifestación de impacto ambiental (MIA) fue aprobada en junio de 2014 por la Semarnat, bajo la administración federal de Enrique Peña Nieto, a pesar de que parte de la zona que sería explotada se encuentra en un Área Natural Protegida decretada reserva de la biósfera en 1994, misma que forma parte de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera protegidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Esa autorización fue condicionada a tener un plan de manejo de residuos mineros y obtener los permisos necesarios de la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas.
El 9 de febrero de este año, la Sala Especializada en Materia Ambiental y Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió una resolución a la demanda interpuesta en agosto de 2015 por el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav), declarando la nulidad de la autorización condicionada concedida al proyecto minero Los Cardones por la Semarnat, mediante el oficio SGPA/DGIRA/DG-05124. La declaratoria de nulidad impide a la empresa promovente realizar cualquier actividad extractiva de minerales, pues ésta ya no tiene validación para los impactos ambientales que implica el emplazamiento de su mina. Cabe aclarar que la resolución de Tribunal Federal de Justicia no se pronuncia sobre el futuro: si la empresa insiste en su proyecto y solicita otro resolutivo de la Dirección General de Impacto Ambiental (DGIRA) de la Semarnat, el fallo no establece que éste se niegue o se otorgue. Eso, desgraciadamente, quedará a la discreción de las autoridades de dicha dirección y dependencia, que anteriormente ya se han mostrado afines y complacientes con los promoventes, a pesar de que éstos incumplen repetidamente los requisitos y las diversas reglamentaciones correspondientes.
En la sentencia se establece que durante la tramitación y expedición de los permisos al proyecto minero Los Cardones no se respetó el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que la ley marca, ya que no se consideró que el artículo 48 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece que las actividades productivas en las zonas de amortiguamiento de las Reservas de la Biósfera sólo pueden ser realizadas por las comunidades que ahí vivan –o con su participación– al momento de la expedición de la declaratoria. Lo que está plenamente invalidado, ya que Desarrollo Zapal, Grupo Invecture y demás empresas y consorcios que están detrás del proyecto Los Cardones, son tanto nacionales como internacionales, y desde luego no tienen ningún vínculo con Baja California Sur, y menos con el área que pretenden devastar.
El Freciudav es una organización de la sociedad civil surcaliforniana sin fines de lucro, ni religiosos y tampoco partidistas, que agrupa a diversos colectivos y sectores sociales de todo el estado, que han convergido desde diversos frentes de lucha social para combatir en contra del establecimiento de la megaminería. La participación ciudadana para este efecto ha abarcado desde la concientización de la sociedad sobre los perniciosos efectos de la minería a tajo abierto, mediante la difusión de la problemática en diversos foros, así como en las redes sociales; la protesta social pacífica, incluida la desobediencia civil; y la vía legal, esta última a través de la que han logrado una vez más detener el establecimiento de la megaminería tóxica en Baja California Sur. Este logro de la sociedad civil organizada es sin duda surcaliforniano, pero debe ser considerado también un triunfo nacional; y, por supuesto, un ejemplo de que la sociedad puede determinar su devenir en las políticas públicas si se lo propone y ejerce la debida presión sobre las autoridades correspondientes, que cada vez están más complacientes con las autorizaciones de proyectos de diversas actividades industriales y comerciales, que no cumplen con las reglamentaciones nacionales e internacionales correspondientes y que atentan contra el medio ambiente y la vida de los mexicanos.
Roberto Galindo*
*Maestro en ciencias, arqueólogo, buzo profesional, literato, diseñador gráfico. Cursa la maestría en apreciación y creación literaria en Casa Lamm. Miembro del taller literario La Serpiente
[OPINIÓN]
Ultraprocesados, fraude alimentario causante de cáncer Darren García, diciembre 21, 2024 Casi una tercera parte…
Casi una tercera parte de las calorías ingeridas por la población mexicana es de productos…
El 3 de diciembre, el presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, declaró la ley marcial de…
La Habana, Cuba. El año 2024 concluye para Alemania con muchas oportunidades perdidas: desde la…
Ciudad de Panamá, Panamá. El 5 de mayo de 2024, se realizaron en Panamá comicios…
Puerto Príncipe, Haití. La próxima Cumbre India-Comunidad del Caribe (Caricom) será celebrada en 2025 en…
Esta web usa cookies.
