Nutriéndose de fondos europeos de cooperación al desarrollo, en países africanos la Unión Europea (UE) financia equipos militares, formación de policías, centros para migrantes repatriados y sistemas para la recogida de datos que garantizarán en Europa el reconocimiento del país de origen, lo que facilitará las expulsiones. Los objetivos: controlar las migraciones desde África, así como fortalecer los gobiernos del país de origen y de tránsito de las rutas migratorias para frenar a quienes aspiran cruzar el Mediterráneo. El Fondo Fiduciario de Emergencia para África ha asignado alrededor de 600 millones de euros a esta finalidad. Dicho fondo ha sido criticado por financiar proyectos en Estados con regímenes acusados de crímenes contra la humanidad, como Sudán y Eritrea, así como por utilizar dinero del presupuesto destinado a la lucha contra la pobreza.

En octubre de 2015, los líderes de los Estados europeos dieron vida al Fondo Fiduciario de Emergencia para África, un instrumento fuera del control del Parlamento Europeo que tiene como objetivo financiar iniciativas para afrontar las causas de las migraciones irregulares.

Hoy, el Trust Fund cuenta con 2 mil 820 millones de euros, de los cuales el 95 por ciento proviene de instrumentos de la UE dedicados a la cooperación y a la ayuda humanitaria.

El informe del Trust Fund de 2016 enumera 106 proyectos aprobados hasta el momento por un total de casi 1 mil 600 millones de euros. En Mali, la riqueza está tan vinculada a las remesas de los migrantes –800 millones de dólares sólo a través de canales oficiales en 2016– que cuenta con un ministerio para los malienses en el extranjero. El fondo fiduciario ha aprobado un proyecto de 25 millones de euros para consolidar el registro civil en el país africano. Con él, se pretende crear un archivo informático de huellas digitales y otras características fisiológicas para identificar a los inmigrantes malienses en situación irregular en el extranjero y, con ello, favorecer las repatriaciones. El mismo proyecto se desarrollará en Senegal, con un costo de 28 millones de euros. En ambos países los fondos serán gestionados por la cooperación belga y por la empresa francesa Civipol.

El Parlamento Europeo ha denunciado que el Trust Fund “viola las reglas financieras y compromete los éxitos de las estrategias a largo plazo” de cooperación al desarrollo de la UE a través de varias resoluciones. “Existe el riesgo de que se concentren las ayudas en los países interesados en las rutas hacia Europa y nos olvidemos de los países más pobres”, afirma.

 “El objetivo de la cooperación al desarrollo es solo uno: la erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades”, añade Schelein, quien lidera un grupo de trabajo sobre migrantes y refugiados en la Comisión de Desarrollo del Europarlamento. “Me gustaría entender cómo los proyectos de formación y gestión de fronteras pueden reducir la pobreza y la desigualdad, porque me parece que hacen lo contrario. Existe el riesgo de que los aumenten aún más”.

Las afirmaciones de Schlein son compartidas por el Parlamento Europeo, que ha criticado a la Comisión en varias resoluciones por haber “desviado créditos de los objetivos y principios establecidos para canalizarlos a través del Fondo Fiduciario de la UE para África”, lo que representa “una violación de las reglas financieras y compromete el éxito de las estrategias a largo plazo de la Unión”.

Desde la Comisión Europea defienden que la “Unión Europea reconoce una relación entre la seguridad y el desarrollo”, lo que se materializa en diferentes iniciativas, como la formación de las fuerzas del orden y su equipamiento.

En cuanto al cambio de dirección de los fondos, objeta: “la operación Trust Fund se encuentra en la línea con nuestros procedimientos” y reivindica la transparencia del fondo.

La Agencia Francesa de Cooperación (AFC) gestiona con Civipol en Níger el proyecto Apoyo a la Justicia, a la Seguridad y a la Gestión de las Fronteras por un importe de 30 millones de euros. El director de la AFC, subraya que la agencia “se ocupa del reforzamiento de la agencia nacional para la lucha contra las migraciones irregulares mientras que Civipol apoya a la policía y a las fuerzas del orden”.

Este proyecto destina 20 millones de euros al gobierno nigerino como “apoyo a su presupuesto”. Su objetivo es la aplicación de la ley contra el tráfico de personas. Esta normativa, promulgada por el gobierno de Níger tras presiones europeas, ha influido en la reducción de las salidas hacia Libia desde la región nigerina de Agadez y en el establecimiento de caminos alternativos por Mali y Chad.

Las rutas alternativas nacidas después del cierre de los pasos tradicionales evitan los centros urbanos, lo que las hace más peligrosas; y la misión de la Comisión Europea es asistir y apoyar a las fuerzas de seguridad del país.

Se destinan 28 millones de euros al equipamiento de las fuerzas de seguridad. EUCAP Sahel Níger también ha coordinado el inicio del proyecto –financiado por el Trust Fund con 6 millones–, en el que las fuerzas de la policía francesa y española, colaboraron en la creación de un equipo de policía especializado en las investigaciones sobre redes de inmigración irregular en Níger.

Ludovica Jona/Centro de Colaboraciones Solidarias

[OPINIÓN]

Contralínea 542 / del 05 al 11 de Junio de 2017