El fantasma de la privatización del sector salud parece abandonar su forma etérea para materializarse a través de una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados que pretende aniquilar el actual modelo de atención a enfermedades y riesgos de trabajo que instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) prestan a millones de trabajadores y burócratas, tal y como lo establece la Constitución.

El proyecto de ley entregado en el Congreso, plantea cambios a la Ley General de Salud haciendo referencia directa a las instituciones de seguros especializadas en el ramo de la salud, anticipando lo que está por venir y que bajo un esquema neoliberal de “universalidad” terminará por dejar a la población sin la cobertura médica de tercer nivel que actualmente les permite a los mexicanos ser atendidos, dentro del marco regulatorio de la seguridad social, lo mismo en intervenciones quirúrgicas que en padecimientos de enfermedades crónico degenerativas como el cáncer, la diabetes o la insuficiencia renal.

La opción que salta a la vista es que sean las empresas aseguradoras –las mismas que aseguran autos– las que ofrezcan a la gente de escasos recursos, lo mismo que a derechohabientes, la contratación de una póliza de gastos médicos que cubra el costo de estas operaciones y tratamientos en hospitales privados, tal y como ya ocurre en los sistemas de salud de países como Estados Unidos y España donde son los recursos económicos de cada persona los que marcan la diferencia entre vivir o morir. Bajo esta inercia privatizadora, el derecho a la salud ha dejado de ser un derecho humano para transformase en una mercancía regida por las leyes de la oferta y la demanda.

La propuesta depositada en San Lázaro antes de concluir el pasado periodo de sesiones, propone la creación de la Comisión Federal para la Regulación y Vigilancia de los Establecimientos y Servicios de Atención Médica, organismo descentralizado de la Secretaría de Salud, pero ligado presupuestalmente a la misma, que se encargará de dar autorizaciones a los nosocomios privados, lo mismo que de regular, vigilar y sancionar tanto al funcionamiento de las instalaciones como a todos los actores del ramo de la salud que se encuentren inmersos en el ámbito de la portabilidad.

El planteamiento, no hay duda, buscar dotar a la Secretaría de Salud de un instrumento que justifique y abra las puertas del millonario negocio privado que se avecina, como una más de las contrarreformas implementadas en contra de la población mayoritaria. Es por ello que establece: “Este nuevo órgano fomentaría la construcción de un modelo de gestión de calidad uniforme para todos los habitantes del país, constituyéndose en un garante de su eficiencia y efectividad en el contexto de la universalidad”.

Pero además, y con la intención de salvaguardar los intereses de las empresas privadas que suplirán a las instituciones de salud en franco desmantelamiento, los fallos que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) emita ya no serán únicamente para proteger a los usuarios sino además a los prestadores de servicios, por lo que con el nuevo modelo sus resoluciones adquirirán la jerarquía de sentencias; es decir, serán cosa juzgada.

La subrogación que se ha venido dando en el sector salud desde la pasada década forma parte de los antecedentes de lo que ahora se propone en los cambios a la Ley General de Salud y a la propia Constitución. Los hechos hablan por sí mismos pues, por ejemplo, la exparaestatal Pemex –hoy transformada en una Empresa Productiva del Estado–, ha aceptado públicamente la contratación, en diciembre pasado, de la empresa MediAcces para proveer de servicios de salud a 108 mil de sus trabajadores y empleados en 90 ciudades, bajo la firma de un contrato anual por 1 mil 200 millones de pesos.

En diversas partes del país, el Seguro Social lo mismo que el ISSSTE y otras instituciones del sector salud están enviando a sus derechohabientes y enfermos que requieren tratamientos de hemodiálisis a clínicas privadas, donde los costos se elevan y el servicio que reciben es malo, de tal suerte que el escenario que se avecina de no echarse atrás la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados, es el de un encubierto genocidio en un futuro no muy lejano, sobre todo si se considera que muchos de los actuales pacientes que son atendidos de enfermedades crónicos degenerativas son gente de la tercera edad que se encuentra en depauperadas condiciones, imposibilitados para contratar con una aseguradora una póliza de gastos mínimos, y menos una cobertura total de gastos mayores.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población había en México, en 2015, 12 millones 111 mil personas adultas mayores que constituyen el 10 por ciento de la población. Y, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), casi la mitad de las personas mayores de 65 años se encuentran en situación de pobreza. Por si esto fuera poco para alimentar lo que apunta a ser un apartheid de la salud en nuestro país, la Encuesta Nacional Sobre la Discriminación en México (Enadi), de 2010, señala que la magra protección que actualmente ofrece la seguridad social y los reducidos montos de las jubilaciones son factores que impiden en nuestros país trasformar los años laborables de una persona en certidumbre económica y en atención a la salud cuando llega el momento de envejecer.

El mismo jefe de la Unidad de Pensiones Privadas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Pablo Antolín, alertó en su reciente visita al Senado de la República que millones de mexicanos a punto de jubilarse bajo el sistema de cuentas individuales de las Administradpras de Fondos para el Retiro (Afores) están por enfrentar un “gran desencanto” cuando se enteren que el monto de sus pensiones no rebasará el 20 por ciento de su salario actual. El alto funcionario del organismo internacional se mostró asombrado por las pérdidas registradas en el ahorro de los trabajadores, vía las “minusvalías”, que ascienden a más de 400 mil millones de pesos, curiosamente la cantidad que la banca privada, dueña de las Afores, reporta como ganancias. De hecho, recomendó que las voraces operadoras de las cuentas individuales reduzcan el cobro de comisiones, considerado el más alto en el mundo.

Por todo lo anterior, la iniciativa sembrada ya en el Congreso debe concitar a todos los sectores sociales a pedir a los legisladores una amplia información al respecto, pues bajo esta visión de “universalidad” el desmantelamiento del IMSS y el ISSSTE se encamina a ser un hecho consumado, haciendo añicos la inexistente gratuidad del Seguro Popular y la salud como un derecho humano, consagrado en la Constitución.

Lo mismo en España que en Grecia y otros países del mundo, millones de personas han salido a las calles en los últimos años a exigir un alto a la masacre en contra de la seguridad social y las pensiones, que está orillando a las personas de la tercera edad a la pobreza y condenándolas a la muerte por la falta de atención médica. Y México no está excluido de esta tendencia globalizadora que busca entregar de la salud pública al negocio de las aseguradoras de autos.

Martín Esparza Flores*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

 [BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ARTÍCULO]

Contralínea 489 / del 23 al 28 de Mayo 2016