La extensa presencia del crimen organizado en territorio nacional impacta de muchas formas a la niñez mexicana, pero son cinco las principales amenazas asociadas: homicidios dolosos, desapariciones, reclutamiento para delinquir, trata –sobre todo en su modalidad de tráfico sexual y pornografía infantil– y adicciones. Ello, porque los menores de edad son altamente vulnerables ante el poder de las bandas, en muchos casos, coludidas con autoridades (de los tres niveles de gobierno y de los tres Poderes de la Unión).

La atención a estos problemas –incluido también el apoyo a los infantes en situación de orfandad por violencia– son más que urgentes, pues la impunidad propicia casos tan desgarradores como el atroz asesinato de dos niños mazahuas, de 12 y 14 años de edad, que se encontraban desaparecidos desde el 27 de octubre y cuyos restos fueron hallados el pasado 1 de noviembre en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

No hace falta repetir aquí los detalles del crimen, sino destacar que se asoció a la Unión Tepito, uno de los grupos criminales que operan en la capital del país. Dos hipótesis de las autoridades apuntan en ese sentido –a supuestos “ajustes de cuentas” por “cobro de piso” o por narcomenudeo–, sin que a la fecha se haya esclarecido aún el caso.

Los homicidios dolosos de menores de edad –incluidos los que ocurren en fuego cruzado– son, sin duda, los peores impactos del crimen organizado en ese sector poblacional: no hay manera de reparar el daño a las familias. En muchas desapariciones se enfrenta la misma situación, porque hay víctimas que jamás regresan a casa.

Homicidios de infantes

Cada día, siete niñas, niños y adolescentes son asesinados en el país, y otros siete son desaparecidos en total impunidad, estima la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). De cada 100 carpetas de investigación donde menores son víctimas, sólo tres alcanzan algún tipo de sentencia o procesos judiciales, “garantizando [con ello] un alto índice de impunidad en torno al 97 por ciento”.

Esto, porque los menores de edad han quedado en medio de una de las peores crisis humanitarias que vive el país –y de la que aún no puede librarse–, a causa de la violencia que desató Felipe Calderón Hinojosa con su guerra para empoderar al Cártel de Sinaloa [baste ver el papel que jugó su súper-secretario de Seguridad Pública, Genero García Luna, actualmente sujeto a juicio en Estados Unidos por su cooperación con esa organización criminal] y contener por la fuerza el descontento social.

Tan sólo en la Ciudad de México y en el Estado de México ocurrieron 208 homicidios violentos de niñas, niños y adolescentes en 2019. El 58.8 por ciento en la capital y el 41.7 por ciento en el Estado de México correspondían a adolescentes de entre 15 y 17 años, apuntan datos de la Redim. Los municipios y alcaldías con más homicidios de personas de 0 a 17 años fueron: Ecatepec, Naucalpan, Tecámac, Tlalnepantla, Nicolás Romero, Iztapalapa y Coacalco.

En el caso de las desapariciones de menores en la Ciudad de México, la organización ha documentado que, de 516 casos vigentes, el 50 por ciento (273) se registró en 2019 y lo que va de 2020.

Al respecto, la Red ha destacado la crueldad del crimen organizado en diversas expresiones de violencia extrema contra adolescentes, y en el caso de la capital, ha señalado el grave error de las autoridades al negar la presencia y operación de los cárteles de la droga, pues al reducirlos a pandillas o “pequeñas mafias” les ofrece una capa de protección.

En ese contexto de violencia, impunidad y expansión de los cárteles es en el que ocurre un tercer fenómeno asociado: el reclutamiento forzado de menores para delinquir. Según la Redim, 30 mil personas de hasta 17 años han sido cooptadas por grupos delictivos, como el caso de la “Tropa del Infierno”, con sicarios de 5 años de edad en adelante y que se relaciona con el Cártel del Noreste.

Su rol en estas bandas criminales va desde ser halcones o informantes, hasta el sicariato, que incluye “labores” de ejecución, tortura, desaparición. También se les emplea en la producción y el tráfico de drogas ilícitas, como mulas en la frontera Norte o dealers en sus escuelas y entornos sociales.

Trata de infantes

El crimen organizado también está detrás de cientos de casos de trata de personas, en sus modalidades de explotación sexual de menores, pornografía infantil y tráfico internacional de infantes no acompañados con fines migratorios. Además, por años se ha presumido que algunas de las desapariciones podrían estar relacionadas con tráfico de órganos.

En su estudio Violencias contra grupos vulnerables. Una visión complementaria para la atención integral en la prevención de las violencias hacia mujeres, niñas y niños en México –recién publicado–, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) apunta que el país es el segundo lugar mundial en turismo sexual infantil y el primer lugar a nivel mundial como emisor de pornografía infantil.

Además, destaca que uno de cada cinco menores enganchados en esos delitos que vulneran la vida –tanto física como mentalmente– es abordado por internet. Recuerda que la Organización de las Naciones Unidas ha estimado que “hay más de 1 millón de pedófilos que están atrapando a nuestros niños por medio de este nuevo delito”.

Otro dato que proporciona el análisis –elaborado por los investigadores Omar Cortés Macías y José Martín Iñiguez Ramos– corresponde a información generada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en donde apunta que de 1 mil denuncias de violencia sexual contra niñas y niños, sólo una llega a condena. “La impunidad es de 99 por ciento y la cifra negra, aún mayor”.

El estudio del Cesop agrega que el abuso sexual infantil no está tipificado en los estados de Aguascalientes, Nayarit, Nuevo León, Tlaxcala y Sonora. Junto a la impunidad, esto, sin duda, representa un aliciente para los criminales y los pedófilos.

Por su parte, la Guardia Nacional y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes han alertado de un incremento del 73 por ciento en la pornografía infantil desde que inició el confinamiento nacional por la pandemia de Covid-19. Y han identificado a la Ciudad de México y Jalisco como las entidades con mayor incidencia.

Adicciones

En la revisión de los impactos más severos del crimen organizado a la infancia mexicana no puede faltar el tema de las adicciones. De acuerdo con Centros de Integración Juvenil (CIJ), los hombres suelen iniciar el consumo de tabaco y alcohol a los 15 años, y de drogas ilícitas a los 16 años; y las mujeres a los 15 y 18 años, respectivamente.

Las drogas de mayor consumo en los pacientes de los CIJ son: alcohol, 89 por ciento; marihuana, 84.8 por ciento; tabaco, 84.8 por ciento; cocaína/crack, 48.5 por ciento; estimulantes, 47.9 por ciento (principalmente metanfetaminas, 43.8 por ciento; y éxtasis, 7.5 por ciento); inhalables, 21.1 por ciento; depresores, 16.9 por ciento; drogas alucinógenas y disociativas, 14.8 por ciento; y opiáceos, 4.2 por ciento (principalmente heroína).

Otro dato que proporciona el CIJ es que las sustancias más utilizadas por sus pacientes un mes antes del inicio del tratamiento fueron: tabaco, 60.9 por ciento; alcohol, 55.8 por ciento; cannabis, 44.9 por ciento; metanfetaminas, 25.4 por ciento; cocaína/crack, 15.2 por ciento; benzodiacepinas, 5.7 por ciento; e inhalables, 5.6 por ciento.

Es urgente e imprescindible que –más allá de la discusión social que han desatado los más recientes homicidios dolosos de niños en la capital del país– México combata todos los delitos asociados al crimen organizado con impacto en los infantes, y también que se les proteja de las adicciones. Para ello es necesario que se consoliden políticas públicas coordinadas en los tres niveles de gobierno y eso no se puede postergar más.