La discrecionalidad con la que se ejercen miles de millones de pesos en materia de seguridad nacional entraña un insalvable problema: gracias a la reserva legal, no podemos saber en qué se gasta realmente ese dinero público. Ello podría derivar en el dispendio o el desvío del recurso a fines particulares o partidistas.

Pareciera que en los militares se tiene una fe ciega, como si ellos no incurrieran en actos de corrupción o en financiamientos ilícitos de campañas electorales. Como si nunca violaran la ley para beneficio de intereses ajenos a los de la sociedad. Por eso nuestros “representantes”, desde su cómoda curul, aprobarán sus millonarios y secretos presupuestos.

El gasto en 2018

Para el último año del gobierno de Enrique Peña, el Ejecutivo federal ha solicitado que a la función de seguridad nacional se le asignen 99 mil 129 millones de pesos, contra los 83 mil 451 millones que solicitó –y le fueron aprobados por la Cámara de Diputados– para 2017.

Sólo para darnos una idea del tamaño del gasto, hay que recordar que el presidente calculó que la reconstrucción del país (en particular, de las ocho entidades federativas destrozadas) por los sismos de septiembre pasado costaría 37 mil millones de pesos; aunque luego el mismo Peña rectificó: serían 48 mil millones.

La función de seguridad nacional, a la que le destinarán casi 100 mil millones, tiene como propósito mantener la integridad, la estabilidad y la permanencia de las instituciones que conforman el Estado mexicano, refiere el informe El proyecto del presupuesto público federal para la función seguridad nacional, 2017-2018, de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados.

El análisis, elaborado por el maestro en economía Reyes Tépach, descubre que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es la institución que más recurso recibirá: de aprobarse el presupuesto, le tocarían 68 mil 197 millones de pesos. Le sigue la Secretaría de Marina, con 27 mil 386 millones; en tercer lugar está la Secretaría de Gobernación (cuyo gasto lo ejerce el Centro de Investigación y Seguridad Nacional), con 2 mil 888 millones; y finalmente la Presidencia de la República, con 657 millones.

El destino del presupuesto

De lo poco que se puede saber sobre el destino de ese gasto –gracias al informe de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis– destaca lo que parece un pequeño cambio de prioridades en el último año de Peña: recortes en programas que históricamente habían registrado alzas y la creación de dos programas que concentran un monto superior a los 13 mil millones de pesos.

Según el análisis, los programas afectados son: “Emplear el Poder Naval de la Federación para Salvaguardar la Soberanía y Seguridad Nacionales”, de la Marina, y “Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional”, de la Sedena. De aprobarse la propuesta, el primero sufriría un recorte de 504 millones de pesos; y el segundo, de 134 millones.

Ambas instituciones, sin embargo, ejercerían poco más de 13 mil millones en un programa que en 2017 era inexistente: “Previsión para el fortalecimiento de infraestructura naval y militar”. En el caso de la Sedena, el recurso ascendería a 9 mil 485 millones, y en el de la Marina, a 4 mil 15 millones.

Otros programas a los que se le destinarían menos recursos en 2018 serían: “Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional”, que de 453 millones en 2017 pasaría a 100 millones; “Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales”, que de 3 mil 260 millones descendería a 3 mil 1 millones; “Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo federal”, que de 700 millones bajaría a 639 millones; y “Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN”, que de 89.95 millones acabaría en 85 millones.

Programas al alza

El informe también revela los programas que presentarían incrementos presupuestales: “Operación y desarrollo de la fuerza aérea mexicana”, con un aumento de 2 mil 213 millones; “Administración y operación de capitanías de puerto y asuntos marítimos”, de 434 millones; “Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social”, de 376 millones; “Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios”, de 170 millones; “Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria”, de 151 millones; “Servicios de inteligencia para la seguridad nacional”, de 64 millones; “Actividades de apoyo administrativo”, de 51 millones; “Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura”, de 29 millones; y “Coordinación y apoyo de las acciones a cargo del Consejo de Seguridad Nacional”, de 1 millón.

Los problemas en el gasto

En sus conclusiones, el análisis refiere el predominio del gasto corriente sobre el de capital como uno de los principales problemas. Y es que el 79.23 por ciento del presupuesto de esa función en 2018 cubrirá servicios personales (sueldos, prestaciones de seguridad social), gasto de operación para que las organizaciones operen adecuadamente (papelería y equipos de cómputo); subsidios (ayudas de carácter social y recursos para los fondos de pensiones y jubilaciones); y sólo el 20.77 por ciento será para la modernización de las actividades (adquisición de armamento, medios de comunicación móvil, tecnologías para el desempeño de las funciones del ejército y la marina, construcción de infraestructura).

Así las prioridades en materia de seguridad nacional en un año complicado, sobre todo por las secuelas de los sismos, la crisis económica que se arrastra desde 2016, la violencia provocada tanto por el crimen organizado como por la militarización del país y la descarnada contienda electoral.

*Segunda y última parte

[AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]

Nancy Flores