Un movimiento revolucionario recorre todo el territorio nacional: el de las radios comunitarias y alternativas. A lo largo y ancho del país, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, las comunidades y los colectivos de ciudadanos politizados e inquietos se organizan para instalar y operar sus propios medios informativos. La gente necesita instrumentos de comunicación cercanos, útiles, eficaces y que sean operados con sentido solidario, humanista y democrático. Para concretar estas exigencias, nada mejor que las radiodifusoras comunitarias y alternativas.
En tanto proyectos autogestivos, estas radios facilitan la organización y la movilización con sentido político de los núcleos sociales a partir de sus propias aspiraciones. Surgidas de la base social, están seriamente comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la salvaguarda del medio ambiente o la protección de la democracia, así como con la denuncia sin concesiones de los abusos cometidos tanto por la clase política como por la empresarial.
Sin embargo, este levantamiento cívico, pacifista y libertario generó una dura reacción de la oligarquía empresarial y política. Las radios comunitarias han sido excluidas del marco regulatorio en materia de radio y televisión. Ni la Ley Federal de Radio y Televisión ni la Ley Federal de Telecomunicaciones reconocen la existencia, a partir de su propia naturaleza, de las radios comunitarias y alternativas. Esto ha provocado que la radiodifusión comunitaria esté sujeta a una serie inacabable de trabas burocráticas para obtener el reconocimiento del Estado.
Para una radio comunitaria o para una radio alternativa, la obtención de un permiso de transmisión, otorgado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), se convierte en un viacrucis legal y financiero que suele acabar en fracaso. Las leyes les otorgan a las autoridades un amplísimo margen de discreción para conceder o negar un permiso, y los estudios técnicos necesarios para motivar una solicitud de uso de una frecuencia son muy caros. El gobierno federal, además, cuenta con eficaces filtros políticos y técnicos. Para que se niegue un permiso de transmisión, basta que la Secretaría de Gobernación señale que el peticionario no es idóneo para obtenerlo, o bien que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes diga que los estudios técnicos demuestran que hay saturación de frecuencias y que no cabe una más o que la Comisión Federal de Competencia manifieste que el peticionario del permiso representa una competencia desleal para los empresarios de la radio y la televisión. Asimismo, el peticionario se encuentra en absoluto estado de indefensión ante la negativa de las autoridades de otorgar el permiso de transmisión, puesto que la Cofetel les niega ilícitamente a los interesados el acceso a sus propios expedientes, con lo que se les impide que conozcan las actuaciones de las autoridades, así como los trámites que se realizaron ante ellas.
El trato discriminatorio al que son sometidas las radios comunitarias y alternativas las orilla indefectiblemente a la ilegalidad y, con ello, el Estado encuentra el pretexto perfecto para criminalizarlas mediante la imposición de sanciones penales y administrativas. La Ley General de Bienes Nacionales sanciona hasta con 12 años de prisión a quienes operen una radio sin el permiso de la Cofetel, y la Ley Federal de Radio y Televisión permite que el Estado decomise los bienes muebles e inmuebles propiedad de las personas que transmitan sin la autorización legal.
La Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sección México, (Amarc-México) ha señalado, a partir de los criterios establecidos tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que las sanciones penales y administrativas que el Estado mexicano les impone a quienes operan una radio comunitaria o alternativa sin permiso son desproporcionadas, innecesarias y no idóneas, y constituyen un fuerte inhibidor para la libertad de expresión y el derecho a la información en México, lo que impide, en última instancia, el desarrollo de la democracia incluyente. El 29 de octubre de 2010, el juez Quinto de Distrito en Materia Penal en Nuevo León condenó a dos años de prisión al doctor Héctor Camero Haro, de la radio comunitaria Tierra y Libertad de Monterrey, por usar una frecuencia sin permiso. La sentencia fue apelada por la Amarc, y el caso se perfila para que lo resuelva en definitiva la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las radios comunitarias y alternativas en México son constantemente agredidas tanto por las autoridades federales como por las estatales y las municipales. La Procuraduría General de la República (PGR) organiza operativos desmedidos y violentos en los que participan innecesariamente cientos de agentes policiacos para catear los inmuebles de las radios y detener a sus ocupantes. En Ocumicho, Michoacán, un centenar de agentes de la PGR desmanteló violentamente la radio indígena purépecha La Preferida, de apenas 3 watts de potencia, en cuyas instalaciones sólo se encontraban mujeres y niños, quienes fueron agredidos por los policías. En Veracruz, el presidente municipal de Paso del Macho permanentemente agrede a los integrantes de la radio comunitaria Radio Diversidad. En Chiapas, el gobernador Juan Sabines ejecuta operativos ilegales para desmantelar a las radios comunitarias, no obstante que la materia de radio es competencia exclusiva de la Federación.
Es urgente que el Estado reconozca la existencia de las radios comunitarias y que les otorgue un marco regulatorio que acabe con el estado de criminalización que sufren. Mientras esto no ocurra, el Estado mexicano compromete día con día su responsabilidad internacional en materia de derechos humanos.
*Abogado defensor de los derechos humanos
