A de que en los primeros 6 meses de gobierno la persistencia en la aplicación del modelo neoliberal ha estacando la economía, ha desplomado la generación de empleo y empobrecido a millones de mexicanos con el alza de la canasta básica, la energía eléctrica, el gas doméstico y las gasolinas, los nuevos tecnócratas –como el actual secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray– insisten en alentar la reforma energética que, a su parecer, contribuirá a abaratar las tarifas eléctricas bajo el sofisma de que al existir una mayor participación de empresas privadas en el sector habrá mejores precios. Argumento similar al esgrimido para abrir las puertas de la privatización en Petróleos Mexicanos (Pemex).

 

 

Es por ello oportuno y conveniente recordarle a la actual tecnocracia, incrustada en la administración de Enrique Peña Nieto, algunas lecciones de la historia del pasado siglo en que el país debió remontar una dura cuesta en aras de nacionalizar los recursos naturales y energéticos que Porfirio Díaz entregó a las empresas extranjeras y que representaron un muy alto costo social y económico al desarrollo de México.

 

Desde que en 1880 se encendieron en la calle de Plateros (hoy Madero) las primeras bombillas eléctricas, pequeñas empresas productoras de electricidad hicieron paulatinamente su aparición en el escenario de las principales ciudades como Guadalajara, Monterrey, Veracruz, Mérida y, evidentemente, la Ciudad de México.

 

Pero fue a raíz de la llegada al país, en 1902, de la empresa canadiense Mexican Ligth and Power Company (Mexligth) que nació uno de los monopolios más rentables para los extranjeros, apadrinado al igual que las compañías mineras y petroleras de capital foráneo por el entonces presidente Porfirio Díaz, quien en la mayor de las irresponsabilidades históricas les entregó el manejo de nuestros recursos naturales y energéticos a precio de ganga.

 

A sólo 3 años de su fundación, la Mexligth ya controlaba a las empresas Compañía Mexicana de Electricidad, Compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica y Compañía Exploradora de las Fuerzas Eléctricas de San Ildefonso. Y por si fuera poco, en 1906, la poderosa trasnacional obtuvo nuevas concesiones del gobierno de Porfirio Díaz y de las autoridades locales de Puebla, Hidalgo, Estado de México y Michoacán. Sobra decir que en esos años y con la manga ancha del dictador, la Mexlight contaba ya en la primera década del siglo XX con una poderosa filial, México-Trainways, la compañía de tranvías eléctricos de la Ciudad de México. En pocos años, el naciente monopolio se había encargado ya de liquidar a las pequeñas firmas locales, avanzando como voraz pulpo en la reproducción de sus tentáculos.

 

Además, las firmas extranjeras no tenían de qué preocuparse, pues en su erróneo sentido por “modernizar” al país, Díaz les había otorgado concesiones de 50 y 97 años de explotación a su favor no sólo en el área de la generación de electricidad, sino en las explotaciones de los recursos mineros y petroleros. Por citar un ejemplo de cómo se dilapidaban nuestros recursos naturales, el 24 de marzo de 1903, la Mexican Ligth obtuvo la concesión para explotar en su totalidad los ríos Necaxa, Tenango y Xaltepuxtla. El entonces presidente no estaba modernizando de forma alguna al país, sino entregando en bandeja de oro la dependencia económica al capital extranjero.

 

Por supuesto que tanto la electricidad como el servicio de los tranvías no eran nada baratos y la población que escasamente tenía acceso a los mismos debía pagar altas tarifas y soportar la imposición de arbitrarios aumentos; en sentido opuesto, el monopolio trasnacional pagaba sueldos de hambre a sus trabajadores, al tiempo que los obligaba a laborar en jornadas de más de 8 horas, en condiciones de inseguridad y sin el menor derecho a una indemnización en caso de accidentes.

 

Condiciones similares de injusticia fueron las que motivaron años atrás, en 1906 y 1907, las huelgas de Cananea y Río Blanco donde fueron masacrados cientos de obreros por exigir sus derechos.

 

Fue esta injusta relación laboral la que motivó el surgimiento de gremios como el de los tranviarios y los electricistas, lo que dio como resultado el nacimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en diciembre de 1914, ante los abusos cometidos por la Mexican Ligth y sus filiales, y que 1 año después, en 1915, conllevara a la consumación de la histórica huelga que abrió las puertas de la legítima lucha obrera en el país y –más tarde, en el Constituyente de 1917– representara una de las fuerzas sociales que alentaron la consumación de las conquistas de la clase trabajadora en el Artículo 123.

 

No obstante el triunfo de la Revolución y la promulgación de la nueva Carta Magna, el monopolio de la electricidad controlado en la década de 1920 –dominado además de la Mexlight, por la American and Foreign Power– llegó a tales excesos como el obligar a la ciudadanía a pagar altas tarifas por un deficiente servicio –algo similar a lo que ocurre hoy con la Comisión Federal de Electricidad (CFE)–, que al entonces presidente Álvaro Obregón no le quedó otra salida que crear, en 1923, la Comisión para el Fomento y Control de la Industria y Generación de la Fuerza Eléctrica, con lo cual trató de corregir los excesos prohijados por los permisos y concesiones de Díaz, así como restringir, en la medida de lo posible, sus excesivas ganancias.

 

Pero la medida no fue suficiente para acabar con los abusos de las ya entonces poderosas e intocables trasnacionales, y el 30 de abril de 1926, cuando era presidente Plutarco Elías Calles, se expidió el Código Nacional Eléctrico que permitió por primera vez al gobierno controlar las concesiones y establecer los requisitos técnicos para la construcción, el manejo y la conservación de las empresas eléctricas.

 

También, se operó la reforma al Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorgó al Congreso la facultad de legislar en materia de electricidad, declarando a la industria eléctrica de utilidad pública, así como la exclusiva jurisdicción del poder federal en la reglamentación, regulación y vigilancia de la generación de energía por medios industriales. Además, por primera vez, reguló, en la medida de lo posible, las tarifas y obligó a las empresas generadoras a firmar contratos de suministro con los consumidores.

 

No obstante las nuevas reglamentaciones, el monopolio siguió haciendo lo que le venía en gana al grado de que en 1933 –y también como hoy sucede–, los consumidores de todo el país se organizaron para presionar a las autoridades a tomar medidas más drásticas contra los ya desmedidos e imparables abusos de ambas empresas extranjeras. Fue así que el gobierno de Abelardo L Rodríguez envió al Congreso el 2 de diciembre de ese año una iniciativa para dar facultades al Ejecutivo para la creación de la Comisión Federal de Electricidad, misma que fue aprobada en 20 de enero de 1934, pero que no se concretaría sino 3 años después, ya en el gobierno nacionalista del general Lázaro Cárdenas.