/Tercera y última

 

Luego de más de medio siglo en que el monopolio de las trasnacionales controló la generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica en el centro del país, el presidente Adolfo López Mateos anunció –durante su Segundo informe de gobierno, el 1 de septiembre de 1960– que procedería en los siguientes días a concretar la nacionalización de la industria eléctrica del país al adquirir la mayoría de las acciones de las empresas Mexican Light and Power y American and Foreign Power, que desde el gobierno de Porfirio Díaz se habían visto favorecidas con concesiones amañadas que les permitían manejar tan importante sector a la conveniencia de sus propios intereses, al grado de convertirse, al paso de las décadas, en un peligroso lastre para el desarrollo de la economía nacional.

 

La histórica y patriótica medida, que se concretó 27 días después, se apegó a la estrategia de que el suministro de energía eléctrica tenía que ser un servicio público con un claro compromiso social y nacional, por lo que no debía ser prestado por empresas extranjeras que a lo largo de varias décadas se negaron sistemáticamente a invertir en la expansión del sector para convertirlo en el detonante del desarrollo para el resto de las diversas ramas productivas, y de la población misma, que reclamaba no sólo un servicio más eficaz sino tarifas más justas.

 

Para situar el contexto en que se dio la nacionalización de 1960, es importante señalar que a principios de esa década, el país tenía una población de 34.9 millones de habitantes, de los cuales, el 44 por ciento aún no contaba con electricidad en sus hogares, pues de los 2 mil 308 megavatios (MW) de capacidad instalada en el territorio nacional, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aportaba un 54 por ciento, mientras que la Mexican Ligth and Power Co contribuía con un 25 por ciento, la American Foreign con el 12 por ciento, y el 9 por ciento restante otras compañías.

 

A diferencia del Decreto de la Expropiación Petrolera de 1938, el proceso de nacionalización de la industria eléctrica de la zona centro del país se echó a andar desde abril de 1960, cuando el gobierno del presidente López Mateos inició las negociaciones para la compra de las acciones de las empresas que tenían a su cargo el suministro de la energía eléctrica, así como de los bienes e instalaciones de las compañías privadas que operaban con serias deficiencias por la falta de inyección de capital, pues en vez de reinvertir seguían obstinadas en sacar sus ganancias fuera del país.

 

El gobierno mexicano destinó 52 millones de dólares, de aquellos tiempos, a la adquisición del 90 por ciento de las acciones de la Mexican Light and Power, comprometiéndose a saldar los pasivos de la empresa, que ascendían a 78 millones de dólares. A la American Foreign Power se le pagaron 70 millones de dólares; la negociación se cerró con el compromiso por escrito de ambas firmas extranjeras para invertir en el país el dinero que recibirían, y evitar así una excesiva fuga de divisas, obligándolas a retribuir en algo lo mucho que exprimieron a la economía nacional.

 

Fue así que pasaron a formar parte del patrimonio nacional 19 plantas generadoras que daban servicio a Puebla, Michoacán, Morelos, Hidalgo y el Distrito Federal, así como 16 plantas hidráulicas y tres térmicas; varios cientos de líneas de transmisión y distribución; dos subestaciones transformadoras; 38 subestaciones receptoras; bancos de transformadores; 11 mil transformadores de distribución y 6 mil 800 kilómetros de líneas de baja tensión; 15 plantas hidroeléctricas; 3 plantas termoeléctricas, el edificio de Melchor Ocampo y Marina Nacional y demás inmuebles y muebles de las plantas y estaciones hidroeléctricas y termoeléctricas, así como equipos y material de oficina. Igualmente fueron adquiridos los activos de las siete empresas administradas por la Compañía Impulsora de Empresas Eléctricas.

 

En cifras redondeadas puede decirse que la medida nacionalista del presidente López Mateos no sólo contribuyó a que el país reafirmará su soberanía nacional para el manejo de sus recursos energéticos; además, logró pagar las acciones de las empresas privadas en condiciones ventajosas para las finanzas públicas, pues si bien su gobierno erogó un promedio de 650 millones de pesos, la nacionalización le permitió entrar en posesión de activos que representaban en esos años un valor aproximado de 3 mil 375 millones de pesos.

 

Ahora que la tecnocracia pretende echar a andar, mediante la reforma energética, la encubierta privatización o, mejor dicho, la desnacionalización del sector, es de vital interés para el país recordar algunos de los planteamientos hechos por Adolfo López Mateos durante la lectura de su Segundo informe de gobierno, pues muestran un perfil de desarrollo nacional diametralmente opuesto al que ahora se pretende imponer sin el consenso de millones de mexicanos.

 

Textual, apuntó el entonces presidente: “He de informar a vuestra soberanía [Poder Legislativo] de la política que ha trazado el Ejecutivo a mi cargo en una materia de esencial importancia para el país, y cuyo alcance y significación van más allá de un ejercicio anual o de un periodo presidencial, pues trasciende a la vida futura de México, a su desarrollo y a las generaciones que nos sucedan. Está encaminada a que, como en el caso del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos, la prestación de los servicios públicos de generación, transformación y abastecimiento de energía eléctrica, sea realizada por instituciones gubernamentales, órganos de la nación, a través de los cuales esté siempre presente, como último mandante de toda su gestión, el pueblo mexicano”.

 

Reafirmó también ante el Congreso: “Desde que inicié mi gobierno, tuve el convencimiento de que el desarrollo del país estaba íntimamente vinculado con la creciente electrificación del mismo, y que era conveniente realizar cuanto esfuerzo e inversión se requirieran para incrementarla. Como, además, la energía eléctrica ha alcanzado mundialmente un rango superior al de los combustibles en las necesidades primarias de las nuevas economías, la administración pública no podía desentenderse de los problemas que presentaba, máxime cuando en México hemos sostenido tradicionalmente la tesis de que los recursos naturales y las fuentes de energía básicos, han de estar al servicio del desarrollo y de la elevación de los niveles de vida del pueblo mexicano”.

 

Y selló la histórica determinación al señalar a los miembros del Poder Legislativo: “Como culminación de este proceso de reivindicación, inspirado en el más puro patriotismo, promoveré la adición del Artículo 27 constitucional para que, como en el caso de los combustibles señalados en el párrafo sexto de ese precepto, no se otorguen concesiones a particulares para la prestación del servicio único de energía eléctrica”.

 

Ahora, los tecnócratas buscan que con la complicidad de un Congreso dócil, cuya mayoría de sus integrantes ignoran la historia nacionalista del país, se aprueben reformas que den marcha atrás a lo establecido hace 52 años, cuando México logró fortalecer su soberanía al recuperar el control pleno de sus recursos energéticos, y entregarlos a la nación como patrimonio de todos los mexicanos. Patrimonio que, como quedó establecido en su momento por Lázaro Cárdenas, y años más tarde por López Mateos, pertenece al pueblo y no a una elite de neoliberales que busca, como en el porfiriato, devolver a las empresas extranjeras sus antiguos privilegios para saquear nuestras riquezas naturales en aras de un inexistente desarrollo económico y social.

 

*Secretario del Sindicato Mexicano de Electricistas