El voto de castigo fungió un papel esencial en el histórico y contundente triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del pasado 1 de julio y, por ello, el próximo gobierno estará obligado a atender de manera urgente ese reclamo social implícito en su victoria.

Es imperante que el candidato electo conozca la magnitud y complejidad del México que le heredarán, porque administrar el desastre no va funcionar: las crisis se observan por doquier y requieren soluciones a corto y largo plazos, no paliativos.

El rechazo social que se manifestó masivamente en las urnas es a la violencia, incluida la institucional; a los crímenes de Estado; a las crisis económica, política y social; al desempleo, la precariedad, los bajos salarios; pero también a las privatizaciones, que acaban encareciendo la vida y hasta poniendo en riesgo la seguridad de las personas, amenazadas permanentemente por el gran capital.

Los actos de corrupción también han sido rechazados por los electores, y sobre todo la terrible impunidad que impera en este país, porque aquí la justicia no existe: el sistema está diseñado para castigar la pobreza y venderse al mejor postor. Por eso los delincuentes de cuello blanco casi nunca pisan la cárcel.

López Obrador tiene la encomienda de esos millones de mexicanos que lo han elegido de corregir eso que está terriblemente mal. No es, ni de lejos, un trabajo sencillo y por lo mismo no se pueden esperar resultados rápidos o fórmulas mágicas: las soluciones que se requieren son estructurales, no cosméticas.

El camino debe ser acompañado por la sociedad, y en éste se requiere la participación de todos, los que votaron por él y los que no lo hicieron, porque México está al borde del abismo y lo que menos necesitamos es una revuelta social.

Violencia

Uno de los asuntos que más lastima a la gente es, sin duda, la crisis humanitaria en la que estamos inmersos por la política pública de terror que implantó, desde 2007, Felipe Calderón.

Erradicar el narcotráfico, como lo he demostrado en mis investigaciones, no ha sido el objetivo de esta masacre permanente; sólo fue el pretexto para militarizar nuevamente al país y someterlo a los intereses regionales de Estados Unidos.

Por ello es imprescindible que López Obrador cumpla su promesa de modificar la estrategia de seguridad. Hay que mirar este problema como un asunto de salud pública y no de seguridad hemisférica. Ello no implica dejar que los criminales hagan lo que quieran, pero, como advertí, hasta ahora realmente no se les ha combatido.

Se pueden aplicar nuevas estrategias que no necesitan del ataque frontal armado, como golpear las finanzas a las organizaciones criminales que son las que les permiten funcionar: con el dinero compran sus armas, orquestan su cadena de producción y distribución (importación y exportación), corrompen autoridades.

Secuestradores, extorsionadores, narcotraficantes, lo mismo que servidores públicos corruptos, todos funcionan con dinero sucio.

Para combatir el lavado es necesario que el próximo gobierno no tenga miramientos: funcionarios, políticos, empresarios y banqueros que colaboren con el blanqueo de capitales deben ser tratados como lo que son: criminales. Y deben enfrentar la justicia por sus actos.

Es necesario que se reformen las leyes al respecto, para garantizar que los lavadores de dinero vayan a la cárcel y purguen sus condenas, pues en el gobierno de Enrique Peña el Congreso dio paso a una legislación todavía más laxa.

Limitar los flujos de capital impactará toda la cadena del negocio criminal. México no puede seguir sosteniendo una parte de su economía en esos capitales sucios, porque el costo social que paga el país es demasiado alto.

Urge pacificar de Norte a Sur, en especial los estados más violentos como Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Michoacán. Y para ello será necesario dejar de combatir la violencia con más violencia.

A lo largo de estos más de 10 años de supuesta “guerra” contra el narcotráfico ha quedado demostrado que la militarización no soluciona nada; al contrario, posibilita graves crímenes, como las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.

Ejemplos terribles como el de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 y en la que habrían participado policías estatales, federales y militares, evidencian que esa ruta no es la que requiere México.

Los casos sobre crímenes de lesa humanidad abundan tanto en el sexenio de Felipe Calderón como en el de Peña Nieto. Y este elemento, sin duda, fue castigado en las urnas por el pueblo: no más violencia institucional, no más crímenes de Estado, no más impunidad a militares y policías.

En el tema de la salud pública, hay que iniciar con los menores de edad: el acceso a las drogas ilícitas es cada vez más frecuente en primarias y secundarias y hay que evitarlo.

Respecto de los niños que ya han sido envueltos en la drogas deben recibir asistencia ya, y eso también implica ayuda psicológica y social. A los adictos mayores también hay que brindarles servicios de salud con miras en ambos casos a manejar la enfermedad y a superarla.

Despojos

Para López Obrador el reto es muy grande porque tendrá que atender los grandes dolores de este país, y no sólo es el tema de la violencia. Muchos de esos dolores sociales han sido provocados por el neoliberalismo rapaz que nos han impuesto durante décadas los gobiernos de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional.

Y es que el pueblo ya no aguanta más despojos ni privatizaciones. Si López Obrador está determinado a cumplir su promesa de asistir primero a los pobres, a los más olvidados, a los indígenas, tendrá necesariamente que echar abajo las reformas estructurales que dan paso libre a las empresas, sobre todo a las trasnacionales, en la ilegítima apropiación de tierras, territorios y bienes naturales.

México necesita respuestas a esos grandes dolores de su pueblo, no necesita demagogia, mesianismo ni autoritarismo. López Obrador declaró –en su primer mensaje como virtual presidente electo– que trabajará para construir un proyecto de nación de auténtica democracia: “No apostamos a construir una dictadura ni abierta ni encubierta”. Esperamos que cumpla su palabra.

Para un pueblo tan lastimado como el nuestro, es vital que en verdad no le mienta, no le robe y no lo traicione.

Nancy Flores

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