Megaminería tóxica en México: muerte y saqueo 500 años después

Jorge Peláez Padilla*

En memoria de Bernardo Vázquez Sánchez

Ledo Ivo,Hora de hablar

El 15 de marzo de 2012, cuando muchas familias (en realidad las pocas que pueden) se preparaban para escapar del puente, Bernardo Vázquez Sánchez, líder de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), fue asesinado por sicarios. También fueron heridos Rosalinda Canseco y Andrés Vázquez Sánchez. Los asesinos –claramente identificados por la comunidad– fueron enviados por el presidente municipal de San José del Progreso, Oaxaca, Alberto Mauro Sánchez, acusado del asesinato de otro opositor al proyecto minero, perpetrado el 18 de enero de 2012, y por ese motivo prófugo de la justicia. Pero al dirigir los dedos que dispararon las armas se encuentran, de manera directa, la minera canadiense Fortuna Silver Mines (que opera en México con el nombre de Compañía Minera Cuzcatlán) y la impunidad y el desdén que reinan en la administración de Gabino Cué Monteaguado, gobernador de la entidad.

La lucha de los pobladores de San José del Progreso contra la Minera Cuzcatlán comenzó en 2008, cuando se enteraron que el presidente municipal, de espaldas a la población, otorgó los permisos para que la empresa operara en el territorio del municipio. El proceso de resistencia llevó a que los pobladores inconformes pidieran a las autoridades información. Como ésta nunca llegó, y en su lugar sólo encontraban mentiras y dilaciones, decidieron en una asamblea comunitaria oponerse a la nueva explotación minera y tomar acciones. Se ampararon en que como pueblos originarios debieron de ser consultados. Entre las medidas tomadas destacó el bloqueo a los accesos a la mina (que en esos momentos estaba en construcción). Esta acción se llevó a cabo entre el 16 de marzo y luego el 6 de mayo de 2009. Ese último día fueron violentamente desalojados.

La resistencia detonó en la comunidad todo un proceso organizativo y autogestivo por parte de los opositores a la Minera Cuzcatlán. También se generaron formas autónomas de financiamiento para la resistencia y los pobladores se empoderaron a contrapelo de las formas tradicionales de hacer política. La complicidad de las autoridades municipales con la empresa minera, las amenazas constantes a los pobladores y la ingobernabilidad e inseguridad en que habían sumido al municipio, llevó a que los opositores organizados y empoderados, solicitaran, en varias ocasiones, la desaparición de poderes en el municipio, petición que nunca fue tomada en cuenta por el Congreso de Oaxaca.

Todas las acciones coordinadas de resistencia no pudieron impedir que la mina se instalara, pero sí lograron retrasar el inicio de operaciones hasta el 1 de septiembre de 2011 (www.fortunasilver.com/s/home.asp). No obstante, el trabajo de la minera continuó encontrando obstáculos, ya que los opositores se han negado sistemáticamente a que extraiga agua de un pozo profundo en las cercanías de la comunidad, en una zona donde el propio estado ha reconocido la escasez del vital líquido.

El conflicto escaló cuando, en un supuesto acto de instalación de agua potable para la comunidad, el 18 de enero de 2012, policías municipales e integrantes del Cabildo abrieron fuego contra los pobladores, lo que causó la muerte de Bernardo Méndez Vásquez y heridas de bala a Abigaíl Vásquez Sánchez. A partir de ese momento las múltiples advertencias respecto a las amenazas por parte de los pobladores afines a la minera –armados y nucleados en torno a la organización SanJosé Defendiendo sus Derechos, AC– cayeron en oídos sordos y en las redes de la indolencia y la pasividad del gobierno de Oaxaca. El resultado: el reciente asesinato de Bernardo Vázquez Sánchez.

¿Cómo es posible que se pueda atentar de esa manera contra las comunidades y personas que lo único que intentan es defender sus derechos y hacer escuchar su voz?

Una de las posibles respuestas podemos rastrearla en la impunidad que reina en Oaxaca (como en el país). El caso del sistemático y selectivo proceso de aniquilamiento de los integrantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala –que llevó incluso al ataque de una caravana de paz que culminó con el asesinato de los activistas por los derechos humanos Beatriz Alberta Cariño y Jiri Jaakkola, en 2010–, es sólo uno de los tantos ejemplos en el estado. En éste, como en otros casos, la impunidad ha sido la regla. En el resto del país los ejemplos sobran: piénsese en el ataque impune a los derechos de la periodista Lydia Cacho por parte del empresario Kamel Nacif, en complicidad con el exgobernador de Puebla Mario Marín y el gobernador en turno de Quintana Roo (2006), Félix González Canto; la brutal represión a los pobladores de San Salvador Atenco, Estado de México, arengada desde los medios de comunicación y contemplada por millones como un reality show (mayo de 2006); los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en el Estado de México, y el exterminio de los defensores de derechos humanos que exigen justicia: el de Mariano Abarca, opositor a la implantación de ingenios por parte de empresas extranjeras en Chiapas, en la localidad de Chicomuselo (noviembre de 2009); el asesinato en 2011 de los activistas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en Ostula, Michoacán (Pedro Leyva, Trinidad de la Cruz Crisóstomo, entre otros), y Sonora (Nepomuceno Moreno)… La lista sería interminable.

Con este clima de impunidad que el Estado genera por omisión y muchas otras veces por su acción directa represora, es perfectamente entendible que las mineras tengan licencia para dividir y matar de cara a la opinión pública.

Otra vía de respuesta a la pregunta formulada la encontramos si nos asomamos a todo el entramado institucional y jurídico, conformado a modo para garantizar la expansión de empresas mineras trasnacionales en el país. La puerta a todo el proceso de despojo y venta del país la abrió la modificación al artículo 27 constitucional, en 1992, y la entrada en vigor, en 1994, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). A ello se suma la conversión en ley de los pliegos petitorios de los empresarios mineros, a través de la aprobación de la Ley Minera de 1992 y sus subsiguientes reformas.

A todo lo antes referido hay que agregar la debilidad de la legislación internacional (el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) que, ante la parcialidad de las instituciones del Estado y la ignorancia o indolencia de los jueces, no ha podido hacer frente a la capacidad de corromper que tienen las empresas del ramo.

Con sólo poner algunos ejemplos de esta complicidad jurídica con la situación de muerte y despojo que generan las mineras, basta mencionar que la Ley Minera le otorga a esta actividad privada el carácter de “utilidad pública y preferente” (artículo 6). Esto permite expropiar en caso de que los particulares o los pueblos no quieran vender o rentar sus tierras o territorios, y exenta a las empresas mineras del pago de impuestos estatales y municipales. Además las concesiones son otorgadas por 50 años, prorrogables a otros 50 más (Francisco López Bárcenas y Mayra Montserrat Eslava Galicia, El mineral o la vida. Legislación minera en México, Colegio Oficial Agentes de la Propiedad Industrial, México, Distrito Federal, 2011).

Por si todo lo anterior fuera poco, las empresas del ramo están exentas de pagar el impuesto sobre la renta, ya que éste se lo tributan en sus países de origen (http://www.jornada.unam.mx/2011/11/14/min-privilegios.html). Gracias al TLCAN empresas canadienses y estadunidenses no pagan impuesto alguno por la extracción del mineral o sobre el valor de las ventas. Al final, sólo sufragan el 2 por ciento por concepto de nóminas, el impuesto sobre el valor agregado y un risible –como si no fuera indignante– impuesto anual que oscila entre 5 y 111 pesos por hectárea concesionada, que no distingue en el tipo de mineral que se extrae.

Este saqueo encuentra en los mercados internacionales otro motivo de expansión. Al día de hoy, la tendencia del oro y la plata se reporta, como balance, al alza. La onza de oro se vende a 1,660.5 dólares, mientras la de plata se cotiza en 32.62. Para tener una idea de lo que esto significa, sólo Peñasquito (mina propiedad de Goldcorp, en Zacatecas) producirá este año 425 mil onzas de oro y 28 millones de onzas de plata (www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9128251), lo cual representa en términos monetarios una ganancia de 705 millones 712 mil 500 dólares y 912 millones 800 mil dólares, respectivamente. El resultado se expresa en que hoy casi el 30 por ciento del territorio nacional se encuentra concesionado para la explotación minera. Además, entre 2001 y 2010, se extrajo el doble de oro y la mitad de plata que se produjo en 300 años de explotación colonial (www.jornada.unam.mx/2011/11/14/minera.pdf).

Por si no fuera suficiente con el saqueo de nuestra riqueza, estas empresas, que se presentan como “ecológicas” y “socialmente responsables”, dejan tras de sí una estela de muerte y destrucción ambiental: contaminación de las aguas con cianuro y metales pesados y en el agotamiento de sus fuentes hídricas, debido a que la minería es una actividad altamente consumidora del vital líquido (una mina consume como promedio 250 mil litros diarios de agua, el equivalente a lo que una familia campesina consumiría en 20 años).

Para ir en búsqueda de esta riqueza ya tienen, como hemos señalado, gran parte de la normatividad a su favor. Si se les atraviesan individuos, pueblos o una sociedad organizada en el camino del saqueo, tienen la suficiente capacidad económica para sobornar a funcionarios, quebrantar la justica y crear conflictos inter e intracomunitarios que debiliten el tejido social y dividan a las familias y pueblos. Si a pesar de ello la oposición continúa, recurren a los asesinatos selectivos de líderes sociales, sea directamente o a través de sicarios de las propias comunidades, como en el caso de la asociación San José Defendiendo sus Derechos.

Luchar contra esos monstruos del despojo, el ecocidio y la corrupción fue lo que le costó la vida a Bernardo Vázquez. En ello, el Estado mexicano es corresponsable por permitir el saqueo y la impunidad de estos nuevos conquistadores, y cómplices son todos los que con indolencia miran y callan.

El 17 de marzo de 2012, mientras la familia de Bernardo y más de 600 personas asistían al sepelio, y lloraban, con rabia y enojo, otra muerte más, los paseantes llenaban playas, balnearios y salones de baile; los políticos seguían alistándose para el inicio de otra campaña electoral más de nuestra hueca democracia; y los aviones Hércules continuaban cargando el oro y la plata y elevando vuelo hacia Canadá, llevándose además de la riqueza nacional, la vida de Bernardo y de muchos otros, la tierra que da cobijo a las plantas y animales que hacen posible que el planeta respire, los hogares y calles donde nos relacionamos con otros y construimos eso que llamamos humanidad.

*Profesor-investigador adscrito a la Academia de Derecho de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; integrante del Colectivo de Estudios Críticos en Derecho