Minera Cuzcatlán, de la Fortune Silver Mines, quiere ser amiga de la 4T

En la Minera Cuzcatlán, de la canadiense Fortuna Silver Mines, están de plácemes. Finalmente los actuales funcionarios federales y estatales no han resultado tan duros de roer. Los sugestivos cabilderos del emporio minero han conseguido la bendición del gobierno de Oaxaca y de dos secretarías federales para que, en los hechos, continúe la extracción de plata y oro en la región de los Valles Centrales.

Lo anterior, a pesar del negro historial que su proyecto minero “San José” ha acumulado en tan sólo 11 años; de la oposición de las comunidades afectadas e, incluso, de las instrucciones que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dirigió a sus secretarías de Economía (SE) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para atender el caso.

Resulta que a pesar de estar en entredicho por sus prácticas que han arrasado con el ambiente y con el tejido social comunitario del distrito oaxaqueño de Ocotlán, la minera ha logrado aparecer como la patrocinadora oficial de la Feria del Mezcal y de la Guelaguetza. Lo anterior, gracias a las frecuentes reuniones de sus lobistas con el titular del gobierno estatal, Alejando Murat Hinojosa. A cambio de estas migajas (¿las únicas?), la administración del estado le lava la cara al hacerla parecer empresa modelo y dejar en segundo plano la violencia y los conflictos sociales que ha generado por contaminación del territorio y violación a los derechos elementales de pobladores y comunidades indígenas, mayoritariamente binnizá o zapotecas.

Y no sólo. Resulta que en pleno conflicto con las comunidades, y en medio de la pandemia que ha restringido actividades de todo tipo, la trasnacional pretende ampliar su proyecto. Lo sorprendente es que, otra vez, sus lobistas han logrado una “mesa de diálogo directo” con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo. Es decir, muy lejos está de que se siente a la Minera Cuzcatán en el banquillo. No. Se va a negociar con ella.

Encima, sin que haya justificación alguna, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha cumplido con ninguno de los compromisos firmados con las comunidades de San Martín Chilazoa, Ejutla, San Felipe Apóstol, Ocotlán, Texas de Morelos, San Pedro Apóstol y Magdalena Ocotlán. Son cuatro, totalmente justos y, con voluntad política, fáciles de cumplir:

1. Entrega de toda la información concerniente al derrame que hizo la minera en el Río Coyote el 8 de octubre de 2018.

 

2. Realización de estudios de agua, suelo, aire y sedimentos, en coordinación con las comunidades afectadas por la actividad minera.

 

3. Mantener activo el canal de comunicación con los representantes de las comunidades.

 

4. Entregar copia de la solicitud de consulta pública de la Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto San José II.

A tres meses de haber alcanzado tales acuerdos con las comunidades, nada ha cumplido la Semarnat. Y el diálogo se realizó luego de que el presidente López Obrador instruyera a la secretaría a entablar diálogo con los pueblos afectados. ¿De quién es la simulación?

Por ello, autoridades de las comunidades –entre las que encuentra el presidente municipal de San Pedro Apóstol Ocotlán, Alejandro Taurino Ávila Gopar–, pobladores y la organización Articulación por la Vida contra la Minería en el Valle de Ocotlán emitieron una denuncia pública en la que denuncian las actividades de la minera y el incumplimiento de acuerdos, por “racismo” –aducen–,  de la Semarnat con las comunidades.

En el documento se señala que gracias al proyecto minero San José, la minera Cuzcatlán –en 10 años de operación– ha extraído una riqueza equivalente a 1 mil 487 millones 778 mil 80 dólares por la explotación de oro y plata. Tan sólo en 2020, de acuerdo con información oficial de la minera, el complejo en Ocotlán produjo 6 millones 165 mil 606 onzas de plata y 37 mil 805 oonzas de oro.

Como se recordará, la Minera Cuzcatlán, de la canadiense Fortune Silver Mines, se impuso violentamente en territorio oaxaqueño durante el sexenio de Felipe Calderón. Un operativo con más de 1 mil efectivos desalojó al movimiento binnizá en 2009.

Las comunidades no se quivocaron. Entonces dijeron que el proyecto sólo traería muerte. Así ha sido. La región es hoy más pobre que antes y padecen más contaminación. Un polvo blanquecino se adhiere a las hojas de las plantas y a los techos y ventanas de las casas. Constantemente se encuentran peces muertos en los cuerpos de agua y los pobladores han observado que la fauna ya no es abundante y diversa.

Pero lo que más les preocupa en estos momentos es el derrame de 1 millón 516 mil litros de desecho tóxicos al cause del Río Coyote en octubre de 2018. El cambio de coloración del agua del río cambió desde entonces. Ahora reportan casos inusuales de hepatitis y de enfermedades respiratorias.

La alerta de los pueblos bininizá no podía ser más elocuente: “Dada la estrecha relación que guardamos los pueblos originarios con el medio físico que habitamos, la alteración de la geografía local repercute directamente en nuestra cultura y pone en peligro nuestra existencia como pueblo zapoteco. Sin embargo, el nivel de impacto ha sido tal, que la afectación pone en riesgo no sólo la continuación de nuestros modos de vida, sino la existencia de la vida misma en nuestros territorios”.

Veremos qué pesará mas en estos tiempos de una pretendida cuarta transformación en la historia de la vida nacional: los pueblos binnizá de los Valles Centrales o la Minera Cuzcatlán, nombre detrás del cual se oculta la Fortune Silver Mines.

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