Por una Comisión de la Verdad que investigue asesinato de Miroslava Breach

Ante el artero asesinato de nuestra compañera periodista Miroslava Breach Velducea, las organizaciones de la sociedad civil manifestamos:

Se trata de un feminicidio cometido en perjuicio de una periodista, crítica y valiente, que lesiona profundamente al gremio de las y los trabajadores de la comunicación en Chihuahua y en México, el país más peligroso del mundo para las personas que ejercen este oficio.

El feminicidio de Miroslava es un acto terrorista que busca disuadir a las y los periodistas de Chihuahua de seguir documentando y denunciando la operación y control del crimen organizado sobre varias regiones de la entidad, así como los múltiples hechos de corrupción perpetrados desde los poderes públicos.

Ni el gobierno del estado ni el gobierno federal han sido capaces de garantizar a la fecha las condiciones mínimas para el ejercicio pleno, libre y sin amenazas de la libertad de expresión en el estado. Como tampoco han podido poner un hasta aquí a las incursiones del crimen organizado en el estado de Chihuahua, ni han podido acabar con el control que ejercen sobre las policías y varias dependencias de diversos municipios, ni han podido terminar los enfrentamientos armados que ponen continuamente en peligro a la población civil.

El gobierno federal ha abandonado a su suerte a las y los chihuahuenses. No ha respondido a los llamados continuos para hacerse presente y evitar los desalojos de varios poblados serranos, forzados por las bandas criminales. Lejos de hacer vigente el estado de derecho, la Policía Federal y el Ejército Mexicano brillan por su ausencia y por sus omisiones en perjuicio de la seguridad y la paz de la ciudadanía.

El Mecanismo para la Protección de Defensoras, Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, promovido por la Secretaría de Gobernación, ha sido un rotundo fracaso, como muestra el feminicidio de Miroslava Breach. No ha implicado ningún compromiso por parte de las autoridades federales y deja caer toda la responsabilidad y operatividad en la sociedad civil chihuahuense y en el gobierno del estado. Exigimos la presencia de Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación,  para que presente y ejecute el plan para esclarecer este asesinato.

Para impedir que el asesinato de Miroslava Breach quede impune exigimos al gobierno del estado un compromiso claro, categórico, público y eficaz para esclarecer la autoría del mismo y castigar a quienes resulten responsables con todo el peso de la ley. Demandamos que se ponga al frente de la investigación al doctor Pedro Díaz, perito internacional con amplia y reconocida experiencia en la investigación de crímenes relacionados con los derechos humanos.

Asimismo, demandamos la constitución inmediata de una Comisión de la Verdad que dé seguimiento a las investigaciones de este crimen, integrada por periodistas, juristas, derecho-humanistas y personas representativas de la sociedad civil.

La única manera de terminar con las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas es que los diversos órdenes de gobierno se apliquen de lleno a la terminar con la impunidad de criminales, asesinos, narcotraficantes y servidores públicos corruptos.

Si no hay investigaciones que lleven al esclarecimiento de los autores materiales, intelectuales e institucionales de los asesinatos y las agresiones y al castigo de los responsables; si no se procede con todo el rigor penal y administrativo contra quienes han usado el poder del Estado para enriquecerse y para fincar su poderío personal,  seguirán cayendo defensoras y defensores de los derechos humanos y periodistas ejemplares, comprometidos con la verdad, con la libertad y con la democracia, como fue siempre Miroslava Breach Velducea.

Andrés Barreda, Adriana Luna Parra, Blanche Petrich, Cecilia Castro García, David Lauer, Estela Reyes, Lydia Cacho, María Guadalupe Cruz, María Guadalupe López Vélez, Mirna Guadalupe Fiol Higuera, Ofelia Medina, Rosa María Méndez Aguilar, Salomo Cruz, Yaneth Nolasco Pérez, Yndira Sandoval Sánchez, Yuteita Valeria Hoyos Ramos; Alianza Sierra Madre; Asamblea Popular de Familias Migrantes; Bowerasa Haciendo Camino; Centro de Atención a la Mujer Trabajadora; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; Centro de Intervención de Crisis Alma Calma; Círculo de Estudios de Género; Colectivas Subversivas, Deconstructuoras; Colectivo 21 de mayo; Colectivo Epistémico de Teoría Crítica de Chihuahua; Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos; Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos; Comunidad Indígena de Bakéachi; Comunidad Raíz Zubia; Consultoría para el Desarrollo del Potencial Humano; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Consultoría Técnica Comunitaria; Derechos Humanos Integrales en Acción; Ecos de Mirabal; El Barzón Chihuahua; Enjambre Digital; EQUIS Justicia para la Mujeres; Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas; Fátima, IBP; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Grupo Abogadas Demócratas; Grupo Feminista 8 de Marzo; Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas; Grupo VIDA Laguna; Inclusión, Género y Ciudadanía; Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural; Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Jóvenes ante la Emergencia Nacional; Justicia para Nuestras Hijas; MIRA Mujeres Iberoamericanas en Red por la Igualdad Presupuestal entre Mujeres y Hombres; Mexicanos en el Exilio (Mexenex); Movimiento Igualitario en Chihuahua; Mujeres Barzonistas; Mujeres por México en Chihuahua; Mukira; Observa Ciudadan@, Observatorio para el Acceso a la Información Pública; Observatorio de Violencia Social y de Género de Baja California Sur; Ollin Espacio Feminista Colima; Observatorio Ciudadano en contra de la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio en el Estado de México; Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos; Personal Académico del Instituto de Pedagogía Crítica; Red Mesa de Mujeres en ciudad Juárez; Red por la Participación Ciudadana; Red por los Derechos de la Infancia en México; Uno de Siete Migrando; Tierra Nativa; Transforma; Wikipolítica Chihuahua; y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana)

Contra despido de productor y locutor Sergio Canales de Radio Educación

Ciudad de México a 27 de marzo de 2017

Señor director, solicitamos su ayuda en la publicación de la presente en defensa del productor y locutor del programa Del Campo y de la Ciudad, Sergio Canales, que recientemente fue despedido de Radio Educación.

La separación de Sergio Canales es una barbaridad, pues el argumento de Radio Educación es que Sergio no entregó a tiempo su facturación, luego de que la misma institución le proporcionó datos erróneos, situación que afectó esta entrega.

Sin embargo, no deja de ser un pretexto administrativo, ya que desde hace décadas Radio Educación ha usado salarios miserables y ha despojado de todo derecho laboral a los comunicadores bajo la triste figura de contratos de honorarios o de prestación de servicios profesionales para orillarlos a salir del aire.

Veintiocho años resistió Sergio Canales en condiciones de trabajo deplorables, para que finalmente lo despidan, sin ninguna prestación y precisamente en un momento en que se encuentra en delicado estado de salud, que por cierto tampoco puede atender debido a que no cuenta con ningún servicio en este campo.

Solicitamos la reinstalación inmediata de Sergio Canales, que se respete el programa Del Campo y de la Ciudad y se le brinden los apoyos necesarios para que opere con la dignidad que merece.

Atentamente,

por el Comité Organizador del Premio Nacional Carlos Montemayor

Susana de la Garza; Reyna García González; Rafael Tufiño Castillo; David Cilia Olmos; Teresa Rivera Ávila; Enrique Aguilar Cruz. Firmas solidarias: Enrique González Ruiz; María Elena Trejo; Teresa Rivera Ávila; María Dolores López Mariscal; Fernando Fernández Jaramillo; Adolfo Palma; Beatriz Reyes García; Silvia Reyes García. Por la sociedad civil: Josefina Bravo Rangel; Gustavo Esteva Figueroa; Javier Andrade; Mario Rechy Montiel; Carlos David Vargas Ocaña; Eneida Martínez Ocampo; Ernesto Martin Pereira Cámara; Ismael Cortés Nicolás; Ernesto Solís; Liliana Paola Ávila Meléndez; Francisco Martínez; María de Jesús Mejía Nájera; Yolanda Zequera; Roció Sánchez Constantino; José Antonio Yáñez Anaya; Ahremí Cerón Soriano; Enrique Tepalt Cervantes; Gerónimo Guerrero; Guillermo Morales; Lozedes Velázquez Luna; Angélica Balcázar; Martha Delia González; Jorge Carlos Sáenz Moguel; José Martínez Cruz; Laura Elena Negrete Sotelo; Mauro Larva; Mónica Gabriela Gutiérrez Awen; Ocelotl Zavala; Susana Romero Tahuilán; Verónica Hernández; Oscar Omar Patiño Tovar; Fabrizio Lorusso; Luz Sara; Patricia Martínez González; Saúl Ángel Carrillo; Delia Magaña; Francisco Palacios; Mara Chávez Salas; Guadalupe Olga Muciño Coleote; Daniel Vargas Anaya; Patricia Cilia Olmos; Martha Villavicencio; Francisco Javier Rivas Mendoza; Germán Meza Ramírez; Guadalupe Olga Muciño Coleote. Por la comunidad cultural: Juan Carlos Bautista, periodista; Heriberto Rodríguez, periodista; Gabino Palomares, cantautor; Víctor Guerra, cantautor; Tania Viramontes, actriz; León Chávez Texeiro, cantautor; Felipe Galván Rodríguez, dramaturgo; Inti Barrios Hernández, actriz; Antar López, cantautora; Francisco Barrios, Mastuerzo, cantautor; Nayeli Nesme, cantautora; Xilonen Luna Ruiz, etnomusicóloga; Rod Allison, escritor; Antonio Coronado Guerrero, promotor Festival Cultural de Navachiste; Francisco Ramírez López Chicolín, músico del grupo Los Parientes Playa Vicente; Juan Antonio García Delgado, escritor; Roció Pedrozo Félix, promotora cultural; Sonia Enríquez, actriz; Ricardo Salgado, músico; Bacoy Mayo, escritor; Ezequiel Castillo Martínez, promotor cultural; Eliza Pérez Meza, hija de Luis Pérez Meza; Jorge Flores Manjarrez, caricaturista; Jorge Gazca, escritor; Alejandro Ávila; Jorge Velazco, escritor y músico; Antonio Ramos Hernández, Proyecto Cultural del Sur de la Ciudad de México; Francisco Saucedo, músico; Ramón Ojeda, diseñador y caricaturista. Por el Posgrado en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco: Carlos Cortez Ruiz; Gisela Landázuri Benítez; Catalina Eibenschutz; Luz Angélica Dueñas, doctorante; Sofía Blanco Sixtos, doctorante; Adelina González Marín; Juan Carlos Chamorro. Académicos: Irasema Ramírez Espinoza; María Guadalupe Colín Vaca, académica; Samuel Cielo Canales, profesor-investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Antonieta Barrón Pérez; Cristina Steffen, UAM-Iztapalapa; Hilda Nereida Ramírez Monjaraz, académica; Itzel López Nájera, doctora en historia; Liliana García Sánchez historiadora; Lourdes Uranga. Organizaciones: Enrique Cisneros Luján, Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA-UNAM); Bloque de Organizaciones Sociales Emiliano Zapata; Unión General de Trabajadores de México; Frente Nacional para el Desarrollo Emiliano Zapata; José Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas; Sonia Rivera; Ricardo Gutiérrez Barreño, Preparatoria Popular Tacuba; David Roura; Ana Ignacia Rodríguez Márquez, Comité del 68; Pastor Ricárdez, Grupo Tacuba; Jermán Argueta. director de Crónicas y Leyendas Mexicanas; Marcelino Nolasco; Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec; Juan Desiderio Evangelista, Asamblea Democrática de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México; Mario Bernabé, Movimiento Mexicano de Solidaridad Con Cuba; Marcos Girón Hernández, Centro de Estudios Indígenas Xojob Lum.

Corte Interamericana ordena a México proteger a la comunidad de Choréachi

El pasado 27, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la Resolución de fecha 25 de marzo de 2017, mediante la que ordenó al Estado mexicano la adopción de medidas urgentes de protección (conocidas como medidas provisionales) a la comunidad de Choréachi, también conocida como Pino Gordo, en el municipio de Guadalupe y Calvo, en el estado de Chihuahua. De acuerdo con el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ese órgano puede dictar medidas provisionales “En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas […]”. Con base en tal disposición y habiendo valorado las circunstancias del caso, “la Corte consider[ó] pertinente disponer medidas provisionales de protección en favor de todos integrantes de la comunidad indígena de Choréachi, a fin de garantizar su vida, integridad personal, así como la seguridad colectiva de todos sus miembros”.

Las medidas provisionales fueron otorgadas por el tribunal interamericano luego de la solicitud presentada el pasado 18 de marzo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la cual, a su vez, había recibido una comunicación de cuatro organizaciones de la sociedad civil que representan a la comunidad ante los órganos del Sistema Interamericano. De acuerdo con la Convención Americana y el reglamento de la Corte, cuando un caso no se encuentra bajo el conocimiento de ese órgano, la única facultada para solicitar medidas provisionales es la CIDH.

Choréachi es una comunidad de hecho, que cuenta con una población aproximada de 800 hombres y mujeres, de los cuales aproximadamente 300 son niños y niñas. Y, de acuerdo con lo sostenido en la solicitud de medidas provisionales, “viene siendo objeto de graves hechos de agresiones, hostigamientos y amenazas en un contexto en el cual sostiene una disputa legal del territorio con otra comunidad, la nulidad de los permisos de aprovechamiento forestal y se alega además la presencia de grupos criminales con intereses en el uso de la tierra y vinculados al narcotráfico”. Por tal riesgo, inicialmente la CIDH adoptó el 6 de octubre de 2014 medidas cautelares para proteger a Prudencio Ramos Ramos y a Ángela Ayala Ramos así como a sus dos núcleos familiares. Prudencio y Ángela son integrantes de la comunidad que actualmente se encuentran desplazados forzadamente a raíz de los asesinatos impunes de los integrantes de la comunidad Jaime Zubías Cevallos y Socorro Ayala Ramos, en septiembre y noviembre de 2013, respectivamente. A finales del año pasado, la CIDH habría adoptado medidas colectivas para proteger a toda la comunidad.

A esos asesinatos se ha sumado el de Juan Ontiveros Ramos el pasado 31 de enero del año en curso, cuyo cuerpo fue encontrado la mañana del 1 de febrero. Juan era comisario de policía de Choréachi y había viajado a la Ciudad de Chihuahua para participar en una reunión el 20 de enero con personal de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y con otras autoridades, discutiendo en dos mesas de análisis la situación de seguridad y el conflicto territorial y ambiental de la comunidad.

Adicionalmente a las medidas que se implementen para garantizar la vida, integridad y seguridad colectiva de los integrantes de Choréachi, la Corte ordenó que: “a) el Estado realice un diagnóstico actualizado sobre la situación de la Comunidad y sus miembros, en el cual informe sobre la intensidad y naturaleza de un riesgo a su vida e integridad, en particular a la luz de los hechos de violencia ocurridos recientemente, y b) de forma inmediata proceda a sostener una reunión con los representantes de la Comunidad Choréachi para que se coordine la adopción de medidas adicionales a las que ya viene adoptando el Estado y que sean pertinentes para la protección de la vida e integridad de los miembros de la Comunidad”.

El otorgamiento de las medidas provisionales tiene importantes significados. En primer lugar, es evidencia irrefutable del incumplimiento del Estado mexicano de las medidas cautelares dictadas por la CIDH (de haberse cumplido éstas, no se habrían otorgado medidas provisionales).

En segundo término, es un reconocimiento a la situación de riesgo y abandono que impera en Choréachi en toda una comunidad indígena que ha resistido la violencia y los despojos, reivindicando el derecho a su territorio ancestral: de acuerdo con la resolución, “la Corte toma nota del contexto de violencia que se presentaría en la región de la Sierra Tarahumara en la municipalidad de Guadalupe y Calvo con la posible presencia de ‘grupos del crimen organizado’, así como el recrudecimiento de la situación que se habría presentado desde el año 2015 hasta la fecha […]”.

Finalmente, la resolución de la Corte Interamericana llega en un momento fundamental en Chihuahua, en donde es urgente, necesaria e impostergable la coordinación de los tres niveles de gobierno (especialmente del estatal y el federal) para que exista una verdadera seguridad en la zona, que no haya más pérdidas humanas y la comunidad esté protegida.

Estas medidas se suman a las adoptadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el 3 de febrero pasado, dirigidas a la Comisión Nacional de Seguridad y de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua para la protección de todos los integrantes de la comunidad indígena. Medidas que, hasta el momento, no han sido implementadas.

De acuerdo con el tercer resolutivo, el Estado mexicano deberá informar “a más tardar el 25 de abril de 2017, un informe completo y pormenorizado sobre las actuaciones realizadas para dar cumplimiento a las medidas provisionales decretadas, el cual deberá ir acompañado por el diagnóstico sobre la situación actual de riesgo de dichas comunidades.” Luego de ello, el Estado deberá seguir informando de manera trimestral sobre el cumplimiento de las medidas provisionales adoptadas.

Abogadas y abogados por la Justicia y los Derechos Humanos, Alianza Sierra Madre (ASMAC), el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y la Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC) instan a las diferentes autoridades responsables del Estado mexicano a implementar a la brevedad, en consenso con la comunidad y sus representantes, las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que los habitantes de la comunidad de Choréachi pueda continuar residiendo en ella, de manera segura. De igual manera, es apremiante abatir la impunidad en la zona, resolver rápidamente los procesos judiciales para restituir su derecho al territorio y acceso preferente a los bines naturales de  las comunidades e implementar la alerta preventiva notificada por el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en agosto del año pasado.

Abogadas y abogados para la justicia y los derechos humanos; Centro de Derechos Humanos de la Mujeres; Consultoría Técnica Comunitaria

NUESROS LECTORES

Contralínea 533 / del 03 al 09 de Abril 2017