Antes de dar su fallo sobre la elección presidencial de julio pasado, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fueron objeto de espionaje. El caso involucraría a servidores públicos del propio Tribunal en colusión con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que comanda Dionisio Pérez-Jácome Friscione.

 

Hace unos días una camioneta con el logotipo de la SCT, se apostó a las afueras de la Sala Superior (ubicada en Carlota Armero, 5000, colonia CTM, en la zona de Culhuacán, Distrito Federal), donde sesionan los siete magistrados, y con aparatos sofisticados registró ilegalmente las llamadas telefónicas, así como las discusiones del pleno sobre el expediente llamado “juicio madre”, presentado por el candidato de las izquierdas Andrés Manuel López Obrador.

 

El recurso que se analizaba entonces es aquel con el que los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano exigían la anulación y reposición de los comicios presidenciales, y que puso muy nerviosos a varios políticos.

 

Así, todas las conversaciones que se sostuvieron durante uno de los días más intensos en el Tribunal fueron ilícitamente grabadas y posteriormente analizadas por presuntos servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones.

 

El caso no es ajeno para los magistrados, quienes habrían sido alertados por el aparato de seguridad que resguarda la Sala Superior. Los elementos de seguridad de ese órgano judicial fueron quienes descubrieron la inusual conducta del vehículo de la SCT y, sobre todo, de una de las secretarias de un magistrado del Tribunal.

 

A lo largo del día, la secretaria entraba y salía de la Sala Superior. Su actitud despertó las sospechas de los guardias, quienes sin que ella se diera cuenta, iniciaron un seguimiento. Descubrieron que, invariablemente, la funcionaria “visitaba” la camioneta de la SCT, para interactuar con los sujetos que se encontraban en su interior.

 

A pesar de la gravedad del caso, los guardias se limitaron a improvisar un operativo de “revisión”. Al interior de la camioneta descubrieron un sofisticado equipo de telecomunicaciones para intercepción de mensajes y llamadas, así como la escucha de micrófonos que habrían sido ocultados al interior de la Sala Superior para grabar las discusiones privadas de los magistrados, por lo que tras unas llamadas a sus “jefes”, procedieron únicamente a “despejar” la zona y evitar que se continuara con las labores de espionaje.

 

La orden que recibieron los vigilantes desde el Tribunal Electoral fue ésa: permitir que la camioneta de la SCT se fuera después de varias horas de espiar a los magistrados. Además, éstos decidieron no denunciar el hecho ante la Procuraduría General de la República, como procedía, para no generar mayor tensión respecto del fallo sobre la elección presidencial.

 

En sigilo, el órgano judicial separó de su cargo a la secretaria del magistrado que colaboró con los espías de Comunicaciones y Transportes. Pero tampoco procedió judicialmente en su contra.

 

 

Al interior del Tribunal Electoral es un secreto a voces que después del fallo electoral su presidente, Alejandro Luna Ramos, dejará la presidencia para que el verdadero grupo de poder de dicho órgano judicial asuma abiertamente el control total. Cansado y agobiado por las presiones políticas externas e internas, el presidente magistrado habría tomado la decisión de dejar el cargo.

 

Hace unos meses informamos en esta columna cómo el miedo se había apoderado del TEPJF, al punto que los siete magistrados acordaron blindar las instalaciones de la Sala Superior ante cualquier contingencia al momento de dar su fallo. El jueves de la semana pasada se confirmó la presión que diversos sectores inconformes de la población hicieron sobre el Tribunal, el cual además del blindaje de su puerta principal y ventanas, fue resguardado por elementos de la Policía Federal, que establecieron un cerco que nadie podía rebasar.

 

Para justificar el cuantioso gasto del blindaje en sus instalaciones de la Sala Superior, los magistrados manifestaron su preocupación por su seguridad personal, como si desde hace varios meses supieran cuál era el fallo de la elección presidencial. El área encargada del blindaje fue Protección Institucional y el gasto ascendió a unos 300 mil pesos más otros 38 mil de una “puerta acorazada” con capacidad de resistir disparos de bazucas y hasta bombas.

 

Pero el temor de los magistrados no quedó allí, también se autorizaron camionetas blindadas marca Gran Cherokee, con valor aproximado al 1.5 millones de pesos por cada vehículo.

 

Explicábamos en la entrega anterior que el abuso del dinero público en este órgano electoral permitió que a su todavía presidente, el doctor José Alejandro Luna Ramos, le asignaran para su servicio otros dos automóviles con su respectivo gasto de gasolina; un ingreso mensual neto de 250 mil pesos, mientras que los otros seis magistrados ganan 230 mil; cuentan con un seguro de separación individualizado contratado con la empresa Metlife, consistente en que el magistrado aporta 10 por ciento de sus ingresos y el Tribunal otro 10 por ciento de dinero público, y el total lo recibirá cada magistrado cuando termine su gestión.

 

Además, dicho órgano de “justicia” le otorga a los magistrados un seguro de vida y un seguro de gastos médicos mayores, con cero coaseguro, es decir, que cualquier gasto que genere su internamiento en algún hospital de cinco estrellas, el magistrado no desembolsará un solo centavo de sus ingresos, pues todo estará cubierto por el seguro pagado con dinero público de los mexicanos.

 

Como estos siete magistrados fueron los responsables del cómputo final de la elección presidencial y de calificar su “legalidad”, se otorgaron más estímulos económicos, como un “bono de riesgo” por 500 mil pesos para cada uno.

 

Más dinero para los magistrados: hace unos días todos los trabajadores del Tribunal recibieron un “bono de apoyo al proceso electoral”, correspondiente a uno o dos meses de salario, dependiendo del cargo del funcionario; otro bono de la misma dimensión les será entregado en las próximas semanas, nuevamente por “apoyo a las elecciones presidenciales” y, por si lo anterior fuera poco, los magistrados han dispuesto que cada cuatro meses se les pague un bono económico equivalente a un mes de salario.

 

Después del fallo electoral presidencial, a la población le toca ahora juzgar públicamente la actuación de estos siete magistrados. Lo anterior es sólo información adicional para tener más elementos de juicio.

 

*Periodista

 

 

 

 

 

Fuente: Contralínea 300 / Septiembre de 2012