Arriba de la turbulencia política que vive el país con motivo de las campañas políticas para elegir el 1 de julio a quien será el próximo presidente de la República, está la disputa de poderosos grupos empresariales por el control económico del país. Es en esta batalla económica, que se libra lejos del lodazal político y de la guerra sucia que sale de las casas de campaña y de las sedes de los partidos políticos, en donde los candidatos apuestan sus fichas para buscar financiamiento y, al mismo tiempo, hacer los compromisos necesarios que les permita gobernar el país los próximos seis años.

 

En este juego perverso entre la política y el dinero, los empresarios se dejan querer y mientras algunos demuestran abiertamente sus inclinaciones hacia el candidato que les garantice mayores ganancias de sus fortunas, otros otorgan con discreción apoyos (con dinero en efectivo por eso de los límites legales) a todos los aspirantes para cubrir cualquier resultado en sus apuestas por el que será el nuevo gobernante.

 

En ese terreno identificamos cómo el magnate Carlos Slim, dueño del grupo Carso y de muchas empresas más, inclina junto con el grupo Monterrey sus preferencias hacia el candidato presidencial de las izquierdas Andrés Manuel López Obrador. El grupo rival lo encabezan el presidente de la Televisa, Emilio Azcárraga; el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y el exdueño de Banamex, Roberto Hernández, quienes apuestan abiertamente por el aspirante priista Enrique Peña Nieto. De Josefina ni hablar, prácticamente los empresarios abandonaron como ratas el barco de campaña ante su inminente hundimiento, pues en el capitalismo salvaje nadie apuesta a perder y en el juego político los compromisos sociales son los que menos importan.

 

Otra guerra no menos intensa se libra en las fuerzas armadas, en donde las venganzas, las traiciones, los chantajes, las mentiras y las amenazas están en el terreno de la disputa por el control de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.

 

Es el Ejército otra de las víctimas de la caótica administración de Felipe Calderón. Ni siquiera las Fuerzas Armadas escaparon al caos que generó la desarticulada gestión del Poder Ejecutivo. Hoy, el Ejército Mexicano y sus más altos mandos enfrentan y sufren un gran desprestigio y la división de sus filas frente al cambio de régimen, pero sobre todo frente al entreguismo del actual gobierno ante Estados Unidos. Todo con fines políticos y de protección que buscaría Calderón en el vecino país una vez que concluya su gobierno, pues permanecer en México para él sería un suicidio después de los 70 mil muertos y desaparecidos que acumuló su gestión.

 

En una detallada e interesante investigación del reportero Zósimo Camacho, publicada en la revista Contralínea, se establece cómo generales y coroneles en activo acusan al gobierno de Felipe Calderón de desarticular al Ejército Mexicano.

 

Para empezar, los arraigos ordenados contra exmandos superiores de la Secretaría de la Defensa Nacional, y los amagos contra decenas de militares más, no buscarían limpiar una institución claramente penetrada por el crimen organizado, sino apuntalar al actual subsecretario Carlos Demetrio Gaytán Ochoa como el próximo secretario de la Defensa, quien por lo demás también es investigado en Estados Unidos.

 

Este general de división buscaría imponerse al candidato triunfador de las elecciones del 1 de julio. Generales en retiro y especialistas en Fuerzas Armadas y seguridad nacional aseguran que Calderón dejará un Ejército dividido, desprestigiado y débil frente a las presiones de los poderes civiles y militares estadunidenses.

 

El operativo con el que se detuvo y arraigó a tres generales y un teniente coronel en mayo pasado habría sido preparado y supervisado por otro militar: el poderoso subsecretario de la Defensa Nacional, Carlos Demetrio Gaytán Ochoa. Este general de división diplomado de estado mayor habría coordinado, junto con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna (quien se paseaba tranquilo en las gradas del partido entre las selecciones de México y Guyana la semana pasada), el golpe en contra de los militares que se oponían a sus aspiraciones a la titularidad de la Defensa.

 

“El grupo del general Gaytán Ochoa festeja porque todo le salió bien”, asegura un general de división en activo que habló con la condición de que su nombre se mantuviera bajo reserva.

 

Según las fuentes castrenses, el golpe contra los exmandos superiores Tomás Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia Vargas –además de Roberto Dawe e Isidro de Jesús Hernández– habría sido objetado por el general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, y por el propio presidente de la República, Felipe Calderón. La causa, los costos que pagaría la institución: desprestigio social e inestabilidad interna. Gaytán Ochoa se habría encargado de convencer al titular de la Seden, y García Luna, al Ejecutivo federal.

 

Y es que el general de división diplomado de estado mayor en retiro Tomás Ángeles Dauahare –quien contaba con prestigio y liderazgo entre la comunidad castrense– había cometido cuatro “faltas” desde que él mismo se desempeñaba como subsecretario de la Defensa durante los dos primeros años del calderonismo: se opuso a la creación de una fuerza militar continental, como lo había propuesto Estados Unidos y, en términos generales, se oponía a lo que consideraba la “injerencia” de ese país en los asuntos internos de México; criticaba severamente la “guerra” contra el narcotráfico y aseguraba que el gobierno de Felipe Calderón no contaba con estrategia alguna; se había acercado al priísmo con el que incluso se mostraba obsequioso; y, finalmente, había iniciado una investigación –con medios propios y al parecer por encargo del equipo de Enrique Peña Nieto– de los grupos y los intereses al interior del Ejército Mexicano.

 

Esa investigación lo habría llevado a reunirse con el general Mario Arturo Acosta Chaparro precisamente un día antes de que este último fuera asesinado el 20 de abril, y un día antes de que se concretara una nueva cita.

La operación en la Procuraduría General de la República (PGR) se habría realizado a través de un teniente coronel, comisionado de la Sedena en esa dependencia.

 

“La peor derrota al Ejército Mexicano se la impuso Felipe Calderón”, le dijo al reportero Zósimo Camacho el investigador académico Guillermo Garduño, sociólogo especialista en seguridad nacional y Fuerzas Armadas.

 

Especialistas y militares señalan que las detenciones constituyen un embate contra el Ejército Mexicano como institución. Aseguran que más allá de la inocencia o culpabilidad de los militares procesados, los tiempos y las formas de las detenciones revelan que las acciones persiguen fines políticos del grupo que encabezan el propio presidente de la República, Felipe Calderón, y el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

 

Jorge Luis Sierra –especialista en Fuerzas Armadas egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington– considera que las disputas al interior del gabinete de Felipe Calderón podrían ser el origen de los golpes propinados al Ejército.

 

Agrega que en esas disputas, el propio presidente de la República habría tomado una posición para favorecer a un grupo, pues en temas de tal trascendencia el titular del Ejecutivo “tendría que ser avisado y él mismo debería autorizar si se procede contra militares de alto rango, como este caso”.

 

En tan sólo tres días y en pleno proceso electoral para definir al próximo gobierno de la República, los militares –quienes ocuparon mandos superiores en la Secretaría de la Defensa Nacional– fueron detenidos y arraigados por supuestos nexos con la delincuencia organizada, en particular con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva. En esos días la PGR advirtió de manera inmediata que las investigaciones que involucran a efectivos militares continúan.

 

La mañana del 16 de mayo, en plena campaña electoral, la mayoría de los medios de circulación nacional destacaron las detenciones, la noche anterior, del general de división retirado Tomás Ángeles Dauahare y del general brigadier de estado mayor en activo, Roberto Dawe González. Un día después, el 17, serían detenidos el general de división retirado Ricardo Escorcia Vargas y el teniente coronel de caballería retirado Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto.

 

La tarde del 15 de mayo pasado, el general de división diplomado de estado mayor en retiro Ángeles Dauahare se convirtió en el militar de mayor rango detenido por supuestos vínculos con el narcotráfico.

 

Dauahare, de 69 años, fue comandante de dos batallones de infantería (el 27 y el quinto); jefe de la Sección Quinta del Estado Mayor de la Defensa Nacional, encargada de los planes estratégicos; jefe de Estado Mayor de la 23 zona militar; secretario particular del secretario de la Defensa Nacional (Enrique Cervantes Aguirre, durante el sexenio de Ernesto Zedillo); director del Heroico Colegio Militar y director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. También se desempeñó como agregado de Defensa Militar y Aérea en la embajada de México en Estados Unidos.

 

Desde que fue secretario del general Enrique Cervantes, se vinculó a los asuntos de inteligencia, particularmente a los de la lucha contra el narcotráfico. Egresó del Heroico Colegio Militar el 1 de enero de 1964. También cursó en la Escuela Superior de Guerra la licenciatura en Administración Militar. Al interior del Ejército se considera que ha llevado una vida austera.

 

La misma noche del 15 de mayo fue detenido un militar de alto rango en activo: el general brigadier diplomado de estado mayor Roberto Dawe González, quien fungía, hasta el momento de su detención, como jefe de Estado Mayor de la 20 zona militar en Colima. Se había desempeñado hasta 2010 como jefe de Estado Mayor de Guardias Presidenciales. En 2007 había sido acusado por subordinados de supuestos hechos de corrupción que incluían la venta de vehículos propiedad de las Fuerzas Armadas.

 

El 17 sería detenido por policías militares el general de división diplomado de estado mayor retirado Ricardo Escorcia Vargas. En su carrera castrense, llegó a ser comandante de la tercera región militar, con sede en Sinaloa, y de la 24 zona militar, con sede en Morelos. En su momento, fue señalado de inoperancia ante el aviso, por parte de la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por su sigla en inglés), del aterrizaje de una avioneta con cocaína en Xochitepec el 28 de diciembre de 2007. Egresó del Heroico Colegio Militar en 1967.

 

También el 17 de mayo sería detenido el teniente coronel de caballería retirado Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto. Llegó a ser subjefe de escoltas en la Residencia Oficial de Los Pinos. Durante el sexenio de Vicente Fox se desempeñó como inspector general en la Policía Federal. Fue director de la Policía Ministerial de Sinaloa y recientemente director de la Agencia Veracruzana de Investigaciones. En 2006 formó parte del equipo de seguridad que se encargó de la custodia del candidato a la Presidencia de la República por la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, bajo las órdenes del general de brigada Audomaro Martínez Zapata.

 

Los cuatro exmandos superiores del Ejército Mexicano han sido presentados ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) al ser vinculados por el testigo protegido Jennifer con los hermanos Beltrán Leyva. De la averiguación previa PGR/SIEDO/EUIDCS/0241/2008 se desprenden las órdenes de localización y presentación y las órdenes de arraigo. Jennifer ha señalado a los generales y al teniente coronel como colaboradores de los Beltrán cuando éstos integraban una facción del cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Ahora los Beltrán, aliados a Los Zetas, mantienen una lucha sangrienta contra el cártel de Sinaloa por el control de las “plazas”, como llaman los narcotraficantes a los territorios donde trasiegan y comercializan drogas.