La sumisión

Una vez documentado el espionaje estadunidense sobre territorio mexicano y su población, incluido el presidente Enrique Peña Nieto –lo cual era del dominio público pero ahora ha sido comprobado con documentos extraídos de órganos de inteligencia de aquel país–, qué argumentos puede utilizar el gobierno federal para reclamar enérgicamente a su homólogo de Estados Unidos, cuando han sido las mismas administraciones priístas y panistas que durante décadas consintieron el intervencionismo extranjero en las decisiones políticas, económicas y de seguridad del país.

Para guardar las formas, las autoridades mexicanas han hecho tibios pronunciamientos por las intervenciones telefónicas de que fue objeto el ahora presidente de la República (antes de asumir la jefatura del Estado Mexicano) y los miembros de su gabinete, todos víctimas de la intercepción de sus comunicaciones por parte de corporaciones de inteligencia del vecino país.

De inmediato surgen dudas de si las empresas telefónicas mexicanas, especialmente la poderosa Teléfonos de México del magnate Carlos Slim Helú, han colaboraron con las agencias estadunidenses para grabar las conversaciones de Peña Nieto y su equipo de trabajo. Por supuesto siempre han habido sospechas de que las telefónicas han colaborado con los órganos de inteligencia para espiar a los distintos actores sociales del país.

Con estas revelaciones de la intervención de llamadas telefónicas al jefe del Ejecutivo, a los secretarios de Estado y a los responsables de la seguridad nacional del país, las corporaciones policiales de Estados Unidos, bajo las órdenes de Barack Obama, violaron no sólo los derechos humanos de los políticos mexicanos sino, lo más grave, vulneraron la soberanía del país, pisotearon la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y violentaron leyes y acuerdos internacionales.

Por lo anterior, México debe hacer un reclamo enérgico, y sus órganos de inteligencia y de defensa del Estado deben iniciar una investigación para determinar hasta dónde llegó el espionaje y si sólo fue la intercepción de llamadas telefónicas o atrás de ellas hay motivos de secretos industriales, productivos, de seguridad y de control político y social.

Ese escenario descubierto por el contratista estadunidense Edward Snowden, quien se refugia bajo el régimen de Rusia, no deja lugar a dudas del espionaje que practican las corporaciones estadunidenses: Agencia de Seguridad Nacional (NSA), Agencia Central de Inteligencia (CIA), Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y Agencia Antidrogas (DEA) en contra de políticos, empresarios, líderes sociales y periodistas.

El gobierno de Estados Unidos ha respondido con cinismo que este sistema de vigilancia y espionaje lo realizan las agencias en todo el mundo, lo cual es cierto, pero lejos de quitarle responsabilidad a ese abuso intervencionista del país que quiere erigirse como un imperio, se agrava aún más por la vulnerabilidad de los derechos fundamentales de los ciudadanos de todos los países en donde las agencias de inteligencia de Estados Unidos operan y violan las leyes.

Contrario a lo que ha sucedido en Brasil, en donde también Estados Unidos espió a la presidenta Dilma Rousseff y ésta ordenó de inmediato una investigación a fondo para aplicar sanciones a Estados Unidos, en el caso mexicano la respuesta de las autoridades ha sido tan tibia que sólo refleja la humillante sumisión y temor que el gobierno tiene ante su vecino del Norte. “Más vale morir de pie que vivir arrodillado”: Zapata.

Y cómo reclamarle a Estados Unidos cuando fueron los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón los que le abrieron las puertas a la CIA, a la DEA, al FBI y a la NSA para que actuaran con impunidad en México y hasta permitieron que los agentes portaran armas y participaran abiertamente en espionaje e investigaciones policiales y políticas. Ahora toca a Peña Nieto responder enérgicamente ante la flagrante intervención, de la cual él mismo ha sido víctima, o continuar en la sumisión y soportar que el imperio siga pisando la Constitución y la dignidad de los mexicanos.

Historias de espías

Permanentemente Contralínea ha dado cuenta de cómo el gobierno de Estados Unidos ha instalado su estructura de espionaje político, social y comercial en contra de México a través de las propias instituciones de seguridad, defensa e inteligencia mexicanas: Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina, Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Policía Federal, Procuraduría General de la República y Servicio de Administración Tributaria, entre otras.

Destacadamente, durante los 12 años de panismo (con más énfasis en el calderonismo) se firmaron decenas de contratos con empresas estadunidenses que, bajo el señuelo de la innovación y la excelencia tecnológica, obligaban a las instituciones mexicanas a “compartir” la información recabada. Por ello, incluso Estados Unidos financiaba el ciento por ciento de algunas compras y, en un caso, la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, autorizó directamente la venta de un equipo que se instalaría en México.

Es decir, con autorización del gobierno corrupto de Felipe Calderón, Estados Unidos instaló su estructura de espionaje en México a través de las propias instituciones mexicanas de seguridad nacional e inteligencia. Se valió de la política de puertas abiertas que le ofrecieron las administraciones federales panistas entre 2000 y 2012.

La supuesta guerra contra el narcotráfico con la que Felipe Calderón militarizó el territorio nacional a partir de 2006, sirvió para introducir poderosos aparatos de espionaje que operarían los mexicanos, pero a los que también tendrían acceso los estadunidenses. Entonces, cómo reclamarles ahora, cuando fueron todos los órganos de seguridad del país, con órdenes desde la Presidencia de la República, los que autorizaron dichos convenios y contratos para que las corporaciones policiales gringas espiaran en México.

El Cisen, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, a cargo de los servicios de inteligencia civil del Estado mexicano; la Secretaría de la Defensa Nacional; la Secretaría de Marina; la Procuraduría General de la República; la Policía Federal; el Servicio de Administración Tributaria, todas instituciones federales de seguridad nacional, adjudicaron de manera directa decenas de contratos por miles de millones de pesos a empresas como Verint Systems Inc, Security Tracking Devices y Broadlink, entre otras.

Con ellas erigieron estructuras capaces de intervenir masivamente todo tipo de comunicaciones electrónicas: desde llamadas telefónicas hasta computadoras, teléfonos inteligentes y sistemas encriptados. Con estas empresas, el gobierno federal del sexenio pasado construyó el Sistema de Intervención de Comunicaciones del Cisen, la Plataforma México (en la Policía Federal) e instaló el sistema más importante de espionaje masivo jamás instalado en el país: la Plataforma Pegasus (en la Sedena).

En este último caso, Hillary Clinton –entonces secretaria de Estado de Estados Unidos– autorizó personalmente la salida del equipo de ese país para instalarse en la Sedena.

De todo ello Contralínea  dio cuenta a lo largo de los dos sexenios anteriores. Este semanario documentó en 2008 la firma de 14 contratos entre el Cisen y Verint Systems Inc, a través de su filial Sogams, SA de CV. En el reportaje escrito por Zósimo Camacho se señalaba que con la adquisición de los equipos, México se obligaba a “compartir” la información con las agencias de inteligencia estadunidenses.

Para el 1 de julio de 2012, en esta columna se reveló la existencia de 12 contratos firmados entre la Sedena, Security Tracking Devices y otras empresas. Reportajes posteriores también darían cuenta de un total de 18 contratos para la construcción de la Plataforma Pegasus.

A la profunda descomposición social que vive el país en medio de la violencia, la corrupción gubernamental, los asesinatos, los secuestros y la pobreza extrema, lo que nos faltaba es la humillación y amenaza del gobierno de Barack Obama y la sumisión del gobierno de Peña Nieto.

*Periodista

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Fuente: Contralínea 351 / 9 al 15 septiembre de 2013