La presión sobre el presidente Felipe Calderón va en aumento. Su capacidad de maniobra política se acota día con día, sin importar que aún le reste un año como ocupante de Los Pinos. Sus contrapesos se hacen sentir en todos los terrenos. En el Congreso de la Unión, la oposición lo obliga a modificar sus propuestas de reformas de ley y reprueba abiertamente su gestión; en los organismos políticos de oposición lo acusan de autoritario y de generador de la violencia; en su partido no le hacen caso los precandidatos que se niegan a declinar a favor del elegido Ernesto Cordero; y en el propio gabinete hay una rebelión para impedir que el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) enfrente a la justicia por la corrupción y el desvío de recursos públicos en Coahuila.

 

En medio de esta crisis política, de credibilidad y de confianza hacia el presidente de la República, su gobierno destapó un escándalo de corrupción en Coahuila, que va a marcar la contienda electoral de 2012 hacia la Presidencia de la República.

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República (PGR) cuentan con evidencias sólidas del monumental fraude que llevó a endeudar a la entidad cuando Humberto Moreira se desempeñaba como gobernador, cuyo monto alcanza los 34 mil millones de pesos. Ante ello, el priísmo nacional se ha volcado en apoyo a su líder y hasta el mismo precandidato Enrique Peña Nieto se ha pronunciado para impedir que el profesor Moreira enfrente a la justicia como cualquier ciudadano.

 

Hasta ahora suman cinco expedientes acumulados en el Ministerio Público federal que involucran a Moreira en el cuantioso fraude, pero en la PGR, en Hacienda y en la Procuraduría Fiscal de la Federación hay funcionarios que operan a favor del dirigente priísta para evitar que sea llevado a juicio. Algunos de esos burócratas corruptos esperan beneficios posteriores si Peña Nieto asume la Presidencia y otros, por temor a represalias futuras, tampoco están dispuestos a enfrentarse a la maquinaria priísta en el siguiente sexenio.

 

El mismo Moreira considera que nadie se atreverá a consignarlo ante un juez federal y mucho menos que algún impartidor de justicia se aventure a sentenciarlo y declararlo culpable. Nos refieren que algunos funcionarios del gabinete de Calderón han enviado mensajes de apoyo al líder nacional del PRI, con la promesa de que ellos harán hasta lo imposible para evitar que enfrente a la justicia.

 

Presión, miedo y oportunismo de burócratas es lo que marca esta investigación de fraude y abuso de poder en contra del exgobernador coahuilense, quien confía en librar la cárcel y mantenerse al frente del PRI hasta pasadas las elecciones presidenciales.

 

En Los Pinos y en el Partido Acción Nacional (PAN) las cosas no son menos complicadas. Es el propio secretario particular de Calderón quien está al pendiente del proceso que se sigue a Moreira en la PGR y, por todos los medios, busca sentar en el banquillo de los acusados al responsable principal del desvío escandaloso de recursos bancarios con cargo al erario de Coahuila. Para lograrlo, tendrían que hacer a un lado a varios funcionarios del gabinete que se han dedicado a bloquear y entorpecer la investigación. Algunos de éstos son priístas infiltrados en el gobierno y a otros les han ofrecido un hueso de regresar el PRI a la Presidencia.

 

En el PAN también están hechos bolas. Por un lado el candidato oficial, Cordero, se niega a declinar y ceder la candidatura a Josefina Vázquez Mota, quien encabeza las encuestas. Calderón, sin fuerza y un poder disminuido, ha tenido que hacerse a un lado para que el Consejo de ese partido político de derecha sea el responsable de nombrar al mejor candidato, que como sabemos será Vázquez Mota. Pero sea una u otro el nominado, ya se prevé que el PAN pase a ser la tercera fuerza política del país, por abajo de la “izquierda” y del PRI.

 

Y sobre el coahuilazo, de Los Pinos salió la instrucción de perseguir a los empresarios que supuestamente hicieron obras a cambio de contratos multimillonarios que, de acuerdo con Moreira, ocuparon los 34 mil millones de pesos del endeudamiento. Es ahí en donde van a apretarlos para que confiesen cómo expidieron facturas abultadas para el desvío de recursos públicos, pues las obras hechas en esa entidad en la gestión de Moreira no pueden justificar la millonada gastada.

 

Lo que sí es seguro es que este caso de corrupción y abuso de poder político enmarcará el proceso electoral de 2012, y enfrentará al PRI y al PAN en una de las batallas más cruentas de que se tenga memoria.

 

*Periodista