Hace unos días Juan José Suárez Coppel comparecía ante diputados de la Comisión de Energía cuando sintió que le movían el piso. Un terremoto con epicentro en aguas del Pacífico provocó el miércoles pasado un sismo en estados del Sur de la República Mexicana, lo que ocasionó que se interrumpiera la sesión y el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) tuviera que desalojar por unos minutos el edificio del Congreso de la Unión.
Por tratarse de la principal empresa del Estado, los legisladores arremetieron duro en contra del funcionario petrolero y también del titular de la Secretaría de Energía, Jordy Herrera, a quienes culpan de la privatización del petróleo y de los múltiples problemas que enfrenta la paraestatal; uno de ellos, el indiscriminado robo de combustibles en todo el país, sin que autoridad alguna haga algo para evitarlo.
Según el director general de Pemex Refinación, el ingeniero Miguel Tame, sólo en 2011 la paraestatal perdió poco más de 5 mil millones de pesos por el robo de combustibles. A diario se extraen ilícitamente entre 7 mil y 8 mil barriles de crudo. Por su gravedad, la situación se considera un tema de seguridad nacional, al grado de que son la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal las que custodian, de manera parcial, los 14 mil kilómetros de ductos.
Las cifras no dejan dudas respecto de la magnitud del problema: al cierre de junio de 2012, Pemex Refinación estimó que el combustible sustraído ilícitamente a 1 millón 841 mil 478 barriles. Esta cantidad representa 18 por ciento más que el faltante calculado para el mismo periodo de 2011, por 1 millón 557 mil 569 barriles. Para el director general de Pemex Refinación es imposible vigilar cada centímetro de los ductos; Miguel Tame asegura que la subsidiaria que encabeza reacciona lo más pronto posible ante una toma clandestina: una vez que se detecta, el personal tarda entre una y dos horas para llegar al lugar, debido a las dificultades del camino.
Pero otro asunto que los diputados no pudieron preguntar a Suárez Coppel porque, para variar, están desinformados, es el relativo a la inconformidad que hay en todas las direcciones generales de las subsidiarias de la empresa petrolera, por un oficio confidencial (DG-320/2012) que el propio Juan José firmó el 6 de septiembre y envió a la plana mayor de Pemex.
Altos funcionarios petroleros se quejan de su director general (fuentes cercanas al próximo gabinete aseguran que Suárez Coppel ya no repetirá en la Dirección General de Pemex como él pretendía) y lo acusan de abuso de autoridad y de pretender controlar y gestionar en las últimas semanas de su administración los contratos para las adquisiciones de bienes, arrendamientos o contratación de servicios del área de tecnologías de la información.
El gran malestar ha llegado a tal grado, que funcionarios petroleros acusan a su jefe Juan José de pretender hacer negocios al final del sexenio en colusión con el director corporativo de Tecnología de Información y Procesos de Negocio, para impedir la libre contratación con empresas diversas.
Ese oficio de la Dirección General, que ha causado enojo en muchos funcionarios, fue dirigido a los directores generales de Pemex Exploración y Producción, Carlos A Morales Gil; Pemex Refinación, Miguel Tame Domínguez; Pemex Gas y Petroquímica Básica, Alejandro Martínez Sibaja; y Pemex Petroquímica, Rafael Beverido Lomelín. También a los directores corporativos de Operación, Carlos Murrieta Cummings; de Administración, Agustín Castro Pérez; y de Finanzas, Ignacio Quesada Morales; y al director Jurídico, Marco Antonio de la Peña Sánchez.
El oficio DG-320/2012 firmado por el director general de Pemex instruye a todos los directores de la paraestatal petrolera para que cumplan lo siguiente:
“Con el objeto de fortalecer la implementación [sic] de estrategias institucionales así como la gobernabilidad de las tecnologías de información (TI), entre las que se encuentran la infraestructura de hardware, software, comunicaciones, automatización industrial, sistemas técnicos y SCADA [software que permite controlar y supervisar procesos industriales a distancia], es necesario que se observe en aquellos casos en que las direcciones corporativas de Petróleos Mexicanos o los organismos subsidiarios a su cargo estén llevando o vayan a llevar a cabo cualquier tipo de procedimiento para la adquisición de bienes, arrendamientos o contratación de servicios que contengan componentes de TI, incluyendo los servicios de supervisión relativos a dichos bienes y servicios, se cuente con el dictamen técnico favorable de la Dirección Corporativa de Tecnología de Información y Procesos de Negocio (DCTIPN).
“Para que la DCTIPN esté en posibilidades de emitir el dictamen técnico que corresponda, será indispensable que las áreas anexen a sus solicitudes de dictamen de procedencia los siguientes documentos:
• Antecedentes y objetivo del requerimiento.
• Riesgo en caso de no llevar a cabo la contratación.
• Justificación del requerimiento y estudio de mercado.
• Monto a ejercer.
• Especificaciones técnicas.
“Asimismo, personal de la citada Dirección deberá participar en la evaluación de las propuestas, en cada una de las distintas etapas del proceso de contratación, incluyendo la junta de aclaraciones y evaluación de las propuestas técnicas, con la finalidad de emitir la opinión correspondiente de los elementos de TI evaluados, conforme a las especificaciones técnicas que previamente dictaminó.
“Agradeceré se lleve a cabo la debida difusión del presente documento al interior de los organismos subsidiarios y unidades administrativas a su cargo para sus efectos inmediatos, y se remita la documentación antes referida, así como la que, en su caso, sea requerida por dicha Dirección para el dictamen de las contrataciones que se estén llevando a cabo o se realicen en lo sucesivo”.
*Periodista
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Fuente: Contralínea 310 / Noviembre de 2012
