Después de estar dormidos por casi 12 años, lapso en el que el Partido Acción Nacional asumió el poder presidencial, los órganos de inteligencia del Estado parecen haber despertado y se han puesto a trabajar para contener uno de los problemas que más preocupa al gobierno de Enrique Peña Nieto: el robo de combustibles petrolíferos, clasificado como un asunto de seguridad nacional.

 

Oportunamente, al cumplirse este lunes 18 de marzo 1 año más de la histórica expropiación petrolera a manos del entonces presidente Lázaro Cárdenas, los órganos de inteligencia han reanudado su capacidad de investigación para descubrir a exfuncionarios petroleros, empresarios y transportistas privados vinculados con el crimen organizado para robar combustibles refinados de ductos y plantas de Petróleos Mexicanos (Pemex).

 

Información de esos órganos de inteligencia revela cómo una red de delincuencia organizada utilizó a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) para introducir en el convenio marco que tiene firmado con Pemex Refinación, desde diciembre de 2008, camiones para transportar combustibles sin que fueran descubiertos y, al mismo tiempo, robar productos petrolíferos, trasladarlos a grandes almacenes y después venderlos clandestinamente.

 

El grupo de delincuentes que operaba para los cárteles de Los Zetas y del Golfo era liderado por Fabián Rodríguez Moreno, quien fue capturado hace 3 meses junto con varios cómplices, y ahora los órganos de inteligencia del Estado indagan a varios funcionarios, empresarios y líderes sindicales que habrían intervenido en facilitarles el acceso a la Canacar, para que contaran con los permisos correspondientes y transportar los productos sin ser molestados por las autoridades.

 

A esta banda criminal le aseguró la Procuraduría General de la República (PGR) 22 camiones, 15 tractocamiones, 44 semirremolques, cuatro vehículos, tres contenedores con capacidad para 32 mil litros de combustible (diésel), los cuales contenían 16 mil litros de combustible aproximadamente; 19 mil 773 litros de gasolina Magna, valuados en más de 210 mil pesos; 20 mil 976 litros de Pemex diésel, con un valor de 230 mil 526 pesos, entre otros productos.

 

De acuerdo con las fuentes de inteligencia, fue el secretario General de la Sección 34 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Héctor Sosa Rodríguez, quien habría solicitado a funcionarios petroleros que los camiones de transporte de combustibles de Fabián Rodríguez fueran autorizados por la paraestatal dentro de su red de servicio, mediante lo cual obtenían permisos oficiales de Pemex y evitaban ser detenidos cuando trasladaran petrolíferos robados de la misma paraestatal.

 

Según las investigaciones oficiales, el dirigente petrolero Héctor Sosa, el segundo en la estructura del sindicato petrolero, apenas abajo del cuestionado líder Carlos Romero Deschamps, es primo del jefe de la banda que fue capturado a finales de noviembre de 2012, Fabián Rodríguez, por lo cual, aseguran, lo recomendó en Pemex y en la Canacar.

 

Sin embargo, entrevistado en sus oficinas de la Sección 34, ubicadas en el Distrito Federal –por el rumbo de Azcapotzalco–, el líder petrolero negó cualquier parentesco con el líder mafioso capturado y aseguró que tampoco lo recomendó para que sus tractocamiones recibieran permisos oficiales de Pemex.

 

La información de inteligencia revela que empresas de transportistas afiliadas a la Canacar habrían dado su aval para permitir que los camiones de la delincuencia organizada fueran autorizados para dar servicio a Pemex.

Según la información gubernamental, en la red de contrabando de combustibles hay funcionarios petroleros, empresarios, transportistas, exdirectivos de Pemex y cárteles de las drogas.

 

 

La Procuraduría General de la República (PGR) y los órganos de inteligencia investigan los vínculos de la principal banda de robo de combustible en el Noreste del país, que operaba bajo la protección de Los Zetas y del Cártel del Golfo, en Nuevo León y Tamaulipas, respectivamente, a la cual se le aseguró casi 1 millón de litros de combustible.

 

El líder de la banda capturado, Fabián Rodríguez Moreno, compraba el hidrocarburo a las células de las mencionadas organizaciones delictivas, según declaró a la prensa el encargado de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de la Delincuencia Organizada, Rodrigo Archundia Barrientos.

 

El combustible robado lo escondían en empresas de Nuevo León, en oficinas logísticas y administrativas, además de que contaban con gasolineras donde comercializaban el hidrocarburo y domicilios particulares.

 

Junto con el líder del grupo delincuencial fueron capturados Irineo Pompa González (segundo al frente de la banda), Juan Francisco Sota Mendoza, Inocencio Santes Castillo, Claudia Juárez Ovalle y Dayaena Margarita Jaramillo Álvarez.

 

 

El director jurídico de Petróleos Mexicanos, Marco Antonio de la Peña, señaló que de 2006 a la fecha se han presentado 6 mil denuncias por estos delitos, que han derivado en 300 procesos penales contra 600 personas.

 

A propósito del aniversario petrolero, el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, tiene la misión y el encargo directo de la Presidencia de la República de hacer una limpia de actos de corrupción y malos manejos en la principal empresa del Estado.

 

Por instrucciones de Lozoya Austin, los directivos petroleros revisan todas las áreas de la paraestatal a fin de hacer eficiente su operación, ahorrar costos y disminuir la corrupción y prebendas que durante décadas han marcado el trabajo de la paraestatal petrolera. Para ello, revisan meticulosamente todos los contratos multimillonarios asignados en el  sexenio pasado a empresas privadas nacionales y extranjeras, así como las nuevas contrataciones de bienes y servicios que realizan en este momento.

 

En esa exhaustiva revisión, aparece el convenio marco firmado en diciembre de 2008 entre Pemex Refinación y la Canacar para el transporte de productos refinados. Posterior a dicho acuerdo, Pemex ha firmado contratos individuales anuales con cada una de las empresas transportistas afiliadas a dicha Cámara.

 

El último contrato firmado tiene vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, y éste se amplió 2 años para su conclusión el 31 de diciembre de 2013. Una de las características de estos contratos es que establece que el pago del servicio de transportación de refinados se actualizará cuatrimestralmente de acuerdo con el Comité de Precios de Productos Petrolíferos, Gas Natural, Productos Petroquímicos e Interorganismos.

 

Este convenio marco se negocia actualmente entre funcionarios petroleros encabezados por el director corporativo de Operaciones, Carlos Murrieta Cummings, y los representantes de la Canacar, lo que ha desatado una batalla legal y mediática de los transportistas en contra de Pemex y su líder negociador, a quien han demandado penalmente ante la PGR y presentado una acusación en la Secretaría de la Función Pública por incumplimiento del convenio marco, al negarse Pemex Refinación, según los inconformes, a actualizar las tarifas desde el 1 de octubre de 2009.

 

En la PGR el Ministerio Público desechó la acusación en contra de Murrieta Cummings por “improcedente” y así puso a salvo momentáneamente a su director corporativo de Operaciones, a quien se niega Pemex a remover de las negociaciones como lo ha solicitado la Canacar.

 

En respuesta a la agresiva campaña legal y mediática en contra de la paraestatal petrolera y sus directivos, el director Lozoya pidió el auxilio de todo el gobierno federal por considerar que los transportistas de productos refinados ponen en riesgo la seguridad de abasto en todo el país, al comportarse con actitudes gansteriles de algunos transportistas que, se investiga, tendrían vínculos con el crimen organizado para el robo, almacenaje y transportación de petrolíferos.

 

Esta investigación de las áreas de inteligencia del gobierno apunta a encontrar más responsables por el robo de combustibles y esto ha puesto muy nerviosos a funcionarios de Pemex, transportistas privados y líderes sindicales que podrían tener algún vínculo con la delincuencia organizada.

 

*Periodista