Un procurador atrapado en el Congreso

Si hubiera justicia en México, los últimos tres procuradores generales de la República, todos de extracción panista, deberían ser procesados penalmente por encubrimiento, complicidad, negligencia y omisión ante delitos cometidos por el crimen organizado.

En los últimos meses de la administración de Vicente Fox, el entonces procurador General, Daniel Cabeza de Vaca Hernández, recibió una denuncia penal de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en contra de varios miembros de la familia yucateca Patrón Laviada, incluido el actual procurador federal de Protección al Ambiente, de nombre Patricio, por los supuestos delitos de vínculos con el narcotráfico, lavado de dinero y desvío de recursos públicos, cuando éste se desempeñó como gobernador de Yucatán.

A pesar de la contundencia de las pruebas aportadas por la UIF, como cuentas bancarias en donde se acumulan millonarios depósitos (en pesos y en dólares), presuntamente procedentes del tráfico de drogas, la Procuraduría General de la República (PGR) se negó a iniciar la averiguación previa correspondiente y le heredó el problema al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, a quien lo menos que le preocupa es hacer justicia y, por el contrario, utiliza los órganos judiciales y de investigación para revanchas personales y ajuste de cuentas en contra de quienes piensan distinto a él.

El siguiente procurador General de la República, Eduardo Medina-Mora Icaza, revisó la acusación penal de la SHCP en contra de su compañero de gabinete, a quien, para encubrirlo, le dio carpetazo al asunto y desapareció el expediente que contenía las evidencias de la relación de la familia Patrón Laviada con el crimen organizado.

Pero Medina-Mora no actuaba por sí mismo: lo que hacía era seguir las instrucciones que recibía de Los Pinos para impedir llevar a juicio al líder de la familia Patrón Laviada, quien además es amigo cercano de Calderón y titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Así, lejos de buscar impartir justicia y velar por los intereses de los mexicanos, como es responsabilidad del abogado general de la nación, Medina-Mora se limitó a encubrir y proteger a panistas que cometen actos de  corrupción, y su actuación ministerial la centró en contra de políticos y funcionarios opositores al partido en el poder.

Esto explica, sin duda, por qué el encono del gobierno federal en contra de los alcaldes perredistas de Michoacán o el encarcelamiento de Gregorio Sánchez –aquel que soñaba con ser gobernador de Quintana Roo y terminó en un penal de máxima seguridad por sus vínculos con bandas del narcotráfico.

Después de esa pésima administración de Medina-Mora, lo sustituyó el tímido procurador Arturo Chávez Chávez, quien ha claudicado ante el narcotráfico y ha preferido delegarle todas las responsabilidades y funciones a las Fuerzas Armadas ante la enorme corrupción y complicidad en que se ha involucrado la mayoría de los servidores públicos de la PGR.

La semana pasada, Chávez Chávez acudió a comisiones de la Cámara de Diputados para rendir cuentas de su pésima actuación. Ante legisladores de todos los partidos, el procurador quedó atrapado ante las preguntas y los duros cuestionamientos de los diputados. Cuando no pudo más, respondió al petista Gerardo Fernández Noroña que la PGR actuará en contra de la familia Patrón Laviada si hay alguna denuncia penal en su contra.

A la administración de Felipe Calderón le faltan menos de dos años para concluir su gestión, de tal manera que si Chávez Chávez no cumple con su palabra de darle curso a la acusación penal presentada por la SHCP en contra de Patrón Laviada, el próximo gobierno podría procesarlo por ocultar una acusación penal y encubrir a la familia de un miembro del gabinete calderonista.

Para aquéllos que se perdieron el compromiso que hizo Chávez Chávez ante el Congreso, reproducimos el cuestionamiento del diputado Fernández Noroña y la respuesta del procurador sobre el caso Patrón Laviada.

Fernández Noroña: Buenas noches, compañeros diputados y diputadas. No me había dado cuenta del impresionante parecido que tiene con su jefe Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Él está un poco más abotagado ciertamente, a saber por qué. Vamos a ver si en las mañas también hay parecido (…) Le pregunto ¿por qué, si dice que están del lado de la legalidad, violan derechos y garantías constitucionales de manera sistemática? (…) Por supuesto que ustedes tienen un sesgo político. Le voy a dar un solo caso, a ver de qué le suena: el 25 de octubre de 2006, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público denunció, por lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico, a la familia Patrón Laviada. La PGR hizo perdidizo el expediente, y, por ese motivo, el 6 de septiembre de 2009, Hacienda volvió a insistir, a reclamar, de que se proceda. Y dentro (de esa familia) ustedes tienen a un funcionario, Patricio Patrón Laviada, que está señalado por Hacienda, no por mí, no por algún partido opositor, de que tiene vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero. ¿Por qué no promueven el desafuero de este procurador federal de Protección al Ambiente?.

Chávez Chávez: El tema de la familia Patrón Laviada, de la que usted hace alusión, o cualquier otra o cualquier otra… si hay una denuncia se va a investigar y se va a actuar conforme a derecho. No hay ni debe de haber distingos.
Fernández Noroña: Lo de Patrón Laviada, qué desfachatez de respuesta. Le estoy diciendo que esta denuncia está allí con ustedes desde el 25 de octubre de 2006. Si desplegaran una décima parte del encono que tienen contra los funcionarios públicos de Michoacán, ya lo habrían metido a la cárcel a Patrón Laviada y a su familia por vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero. Lo dice Hacienda, no lo digo yo. Y si no tiene el oficio donde lo acusan, se lo doy yo. Y luego, el 6 de septiembre de 2009, Hacienda les vuelve a decir, en otro oficio, “oigan, no están haciendo nada contra la familia Patrón Laviada”, y no la tocan en lo absoluto a pesar de tener señalamientos concretos por narcotráfico y lavado de dinero.