En Sinaloa, los mayos o yolem’mem ocupan desde hace miles de años la fracción norte del Estado, hoy repartida en seis municipios: Ahome, Angostura, Choix, El Fuerte, Guasave y Sinaloa de Leyva, de los cuales Ahome es el que dispone de mayor densidad poblacional.

Inicialmente existieron 19 centros ceremoniales de comunidades yoreme-mayo en el norte de Sinaloa: Bacorehuis, El Colorado, La Florida, Lázaro Cárdenas, Ohuira y San Miguel Zapotitlán, en el municipio de Ahome; Capomos, Charay, Jahuara II, Mochicahui, El Ranchito de Teputcahui, Sibirijoa y Tehueco, en El Fuerte; Baca, Baimena y Huites, en Choix; Juan José Ríos en el municipio de Guasave; San Luciano en el de Angostura; y finalmente La Playa, en Sinaloa de Leyva. A cada centro ceremonial le corresponde, formalmente, un gobernador tradicional o cobanaro.

Una de las funciones principales de un centro ceremonial (también llamado “Ramadón” o “Enramada”) es dotar de un espacio colectivo a las comunidades yoremes para la ejecución de las celebraciones de su calendario religioso; son generadores de cohesión social y han tenido una importante función como reproductores de identidad para las poblaciones indígenas del norte de Sinaloa.

Por otro lado, la formalización de la figura del cobanaro entre la población yoreme-mayo nos remite al sexenio de Luis Echeverría, cuando fueron formulados los Consejos Supremos Indígenas, aunque los antecedentes históricos más lejanos de dicha figura probablemente se remonten al sistema de cargos que implantaron los jesuitas en los pueblos de misión.

Desde su institucionalización el nombramiento fue asumido por personas mayores de la comunidad, conocedores de la tradición, de la cultura y hablantes de la lengua yoreme, además de ser poseedores de un reconocido prestigio, con capacidad de convocatoria y mando. De manera espontánea quienes eran nombrados cobanaros fueron personas con un liderazgo y carisma dentro de sus comunidades, mismos que asumían el nombramiento con el aval final de los “fiesteros” –función equivalente a la de “mayordomo” o “mayordomía” para los pueblos indígenas del centro y sur del país– que son los ancianos encargados de organizar las fiestas de los centros ceremoniales.

El cobanaro formalmente tiene la obligación de servir tanto al sector civil como al religioso de sus pueblos; desde sus inicios fue una figura concebida también para fungir como gestora de la comunidad frente a instancias federales y estatales. El cargo de cobanaro era vitalicio y solo surgía un nuevo gobernador cuando el anterior moría o sus facultades físicas se encontraban severamente mermadas.

A principios de la década de 1990 el gobierno del Estado de Sinaloa comenzó a interferir en la forma de organización de los pueblos y comunidades indígenas, agremiándolos, primero, en una organización estatal de gobernadores tradicionales y centros ceremoniales: el Consejo de Cobanaros, cuyo primer coordinador fue el señor Tirso Buitimea, cobanaro del pueblo de Mochicahui, El Fuerte. No obstante, es de recalcar que quien otorga el reconocimiento como ente de interlocución al Consejo fue el extinto Instituto Nacional Indigenista, es decir, el gobierno federal.

En esta etapa es cuando el Estado comienza a proporcionar apoyos económicos mensuales a los cobanaros, así como recursos adicionales destinados a realizar pagos de locales de oficinas de gestoría, de personal administrativo, de abogados, y de alimentación. Así, la figura del cobanaro adquiere un estatus político, muchas veces utilizado con fines clientelares destinados a agremiar políticamente a la población indígena. Sin embargo, el Consejo de Cobanaros no siempre fue una instancia dócil para con el gobierno estatal.

Ulteriormente, y con el objetivo de debilitar la influencia política que había adquirido el coordinador de dicha instancia, el gobierno de Sinaloa fragmenta el Consejo haciendo aparecer Coordinaciones Municipales, alentando el surgimiento de nuevos liderazgos, mismos que no siempre tenían suficiente legitimidad, pero que servían a intereses gubernamentales en su afán de crear divisiones y pugnas al interior de comunidades y pueblos indígenas: a raíz de estas fricciones se propone que los cobanaros sean renovados periódicamente. Esta medida generó resistencia de los gobernadores tradicionales en turno. Frente a esto el Estado incentiva la creación de nuevos centros ceremoniales. Actualmente se tienen registrados 31.

En este escenario de división de las comunidades yoreme, a finales de 2017 los gobernadores tradicionales pertenecientes al municipio de Ahome reciben en sus oficinas la visita de un grupo de empresarios junto con dos exgobernadores del estado, Francisco Labastida Ochoa y Mario López Valdez (Malova). ¿La razón de dicha reunión? “Informar” a los liderazgos indígenas sobre el inicio de trabajos de instalación de una planta productora de amoniaco en las bahías del Sistema Lagunar Topolobampo-Ohuira-Santa María, el cual es un sitio Ramsar de importancia internacional por su valor ambiental.

Ahora bien, la Convención de Ramsar, también conocida como “La Convención de los Humedales”, es un tratado intergubernamental formulado en la ciudad iraní de Ramsar, en 1971, el cual entra en vigor en 1975; plantea un marco legal internacional destinado a la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. Los humedales se encuentran entre los ecosistemas más diversos y productivos del planeta.

Para el caso de México, la Convención Ramsar es aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 20 de diciembre de 1984, publicándose en el Diario Oficial de la Federación los días 24 de enero y 18 de julio del año 1985. El instrumento de adhesión de la Convención fue firmado por el Presidente Miguel de la Madrid el 23 de julio de 1985 y presentado ante el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por su sigla en inglés) el 4 de julio de 1986, entrando en vigor oficialmente el 4 de noviembre de ese año. En el norte de Sinaloa el sistema de bahía Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira es  un humedal de importancia internacional, designado como tal el 2 de febrero del año 2009.

El proyecto de fertilizantes en comento generará 2 mil 200 toneladas métricas de amoniaco anhídrido diariamente, lo que equivale a cerca de 770 mil toneladas al año, según datos que proporciona Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), empresa mexicana impulsora del proyecto, la cual a su vez es subsidiaria de la empresa suiza “Holding” y la  alemana “Proman AG”.

Para su funcionamiento a esta planta le será necesario abastecerse de gas natural y, una vez producido el amoniaco, transportarlo hasta el muelle de Pemex, justo en las afueras de la localidad de Topolobampo, cruzando una distancia de aproximadamente 3 kilómetros. En su estudio de riesgo GPO ha reconocido que en caso de fuga de 3.6” habrá efectos mortales en un radio de 2 kilómetros a la redonda, por la liberación de sustancias tóxicas; en caso de una ruptura mayor, el daño puede llegar hasta los 15 kilómetros, alcanzando inmediatamente al pueblo de Topolobampo, luego a los campos pesqueros Lázaro Cárdenas y Paredones, así como el Maviri y Ohuira. Es decir, su implementación pondrá en riesgo la totalidad del sistema de bahía Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira.

Cooptación de liderazgos indígenas

Desde la reunión mencionada, los personajes aludidos solicitaron a los gobernadores tradicionales su colaboración para lograr la anuencia de los pueblos indígenas hacia la construcción de la planta de amoniaco. Se polarizó el ánimo de las comunidades: en un inicio el proyecto fue rechazado de manera contundente, llegándose a promover amparos contra el mismo, sin embargo, los empresarios, junto con operadores del gobierno del Estado encabezado por Quirino Ordaz Coppel, establecieron dinámicas clientelares con algunos grupos de la población yoreme; se comienza a otorgar apoyos económicos para la organización de las celebraciones establecidas en el calendario religioso, así como para el mejoramiento de centros ceremoniales.

Incluso, GPO llegó a patrocinar  viajes a liderazgos indígenas junto a sus abogados para que visitaran un proyecto análogo que las mencionadas transnacionales Holding y Proman AG echaron a andar en Trinidad y Tobago, ello con el objetivo de persuadirles de que la planta supuestamente es inofensiva.

A través de este proceso de cooptación es que en 2018 GPO logra que el Cobanaro del Centro Ceremonial de Lázaro Cárdenas, Ahome, Librado Bacasegua Elenes –quien además funge como Coordinador del Consejo Supremo de Gobernadores del Estado de Sinaloa– desista, sin consultar a concejales, del amparo que su propia comunidad presentó por su conducto en contra de la implementación de la planta. Así, la influencia económica de GPO ha logrado que poco a poco la mayoría de las autoridades tradicionales cambien su postura en relación con el proyecto, quedando como único líder opositor a este el Cobanaro del pueblo de Ohuira, Felipe de Jesús Montaño Valenzuela.

Empero, la oposición a la planta no ha sido del todo mermada. No obstante, agroempresarios afines al proyecto de GPO han impulsado una feroz campaña mediática, principalmente en Televisión Azteca, destinada a crear en el imaginario colectivo de la región la idea de que la planta de amoniaco representa progreso y desarrollo y que quienes se oponen a ella son, necesariamente, personajes cuya supuesta ignorancia y prejuicio llevarán al norte de Sinaloa a perder la gran oportunidad de subirse al carro del primer mundo.

Por supuesto, esta campaña mediática omite mencionar el marco legal internacional que protege al humedal frente al proyecto ecocida en cuestión y tampoco refiere nada sobre la defensa jurídica que han emprendido las comunidades, razón por la cual la implementación de la planta se encuentra actualmente paralizada. Y, por supuesto, se omite también referir las dinámicas clientelares que GPO ha llevado a cabo de manera afanosa, mismas que han contribuido a diluir la cohesión social de los pueblos y comunidades yoreme-mayo del norte de Sinaloa.

Norberto Soto Sánchez*

*Psicólogo y maestro en Ciencias de la Educación