Óscar R Guzmán R, el Yaguarete*
Desgraciados los pueblos donde la juventud no haga temblar al mundo, y los estudiantes se mantengan sumisos ante el tirano
Lucio Cabañas
Así la patria mexicana desde siempre ha parido jóvenes consecuentes con sus pensamientos de justicia, jóvenes no sólo preocupados por su país, sino dispuestos a extender el conocimiento de las luchas libertarias en todos los pueblos.
Cinco internacionalistas mexicanos asistieron, en 2008, al segundo Congreso Bolivariano en la hermana República del Ecuador, estudiantes de la realidad latinoamericana.
Pero no de aquella contenida en los discursos de políticos, gobernantes y seudoanalistas televisivos, sino de la que mantiene en la pobreza económica y de pensamiento a la gran mayoría de nuestros pueblos.
Su sueño: participar en el proceso que borre los puntos y las rayas que en los mapas sólo sirven para dividir el hambre de los pueblos, ser artífices en la construcción de la Patria Grande que pensaron Martí, Bolívar, el Che, Sandino, Lucio, Genaro y muchos más.
La oportunidad se presentó para asistir a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), asentado en territorio de Ecuador; campamento que servía de enlace diplomático y donde se gestionaban los intercambios de retenidos.
Era entonces necesario conocer de primera mano las formas que han mantenido a la guerrilla más longeva de nuestro Continente desde 1964, y no reconocida como grupo beligerante para, precisamente de esta manera, evitar por parte del narcogobierno colombiano cumplir las mínimas normas éticas de honorabilidad en un proceso de guerra.
El arribo de los estudiantes mexicanos a ese campamento pareció ser el detonante para que el Ejército y policía colombianos, violentando la soberanía de la hermana República del Ecuador y en contra de toda norma internacional, atacaran de manera artera y con alta tecnología estadunidense el campamento. No con la intención de neutralizarlo, sino con la finalidad de exterminar a sus ocupantes, “dar de baja” dice el gobierno colombiano; homicidio y ejecución extrajudicial, decimos nosotros.
Así, de la forma más ruin y cobarde se perpetró el asesinato de 25 personas mientras dormían, entre ellas los cuatro mexicanos (Soren Ulises Avilés Ángeles, Fernando Franco Delgado, Verónica Natalia Velázquez Ramírez y Juan González del Castillo), asesinato que debe ser calificado como crimen de lesa humanidad. Dos ataques con bombas inteligentes de fragmentación y el posterior aniquilamiento de sobrevivientes asesinándolos por la espalda y con tiros de gracia, no dejan lugar a dudas.
Sin embargo, la fortaleza de tres mujeres sobrevivientes (una mexicana y dos colombianas), abandonadas con graves heridas y con la esperanza de su muy posible muerte, superó las expectativas de las “gloriosas fuerzas colombianas”. Hoy son testigos de esa barbarie, y Lucía Andrea Morett Álvarez es perseguida injustamente hasta nuestro tiempo, pero no sólo por el gobierno colombiano: lo más terrible es el contubernio de organismos rastreros de la extrema derecha mexicana con la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores buscando su criminalización.
Las estúpidas declaraciones del entonces Ejecutivo federal, Felipe Calderón, lo exhibieron como una marioneta sometida a los grupos del poder económico al calificar, en primera instancia, como guerrilleros a nuestros compañeros sin conocer su trascendencia académica, muy superior a su alcoholizada vida.
A la fecha, después de 5 años y 5 meses, y a pesar de las denuncias por el artero crimen presentadas desde 2009 ante la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno federal mexicano sigue prestando oídos sordos a los reclamos de justicia de los padres, familiares y amigos de las víctimas, y al contrario, fomenta con beneplácito las visitas a México de los asesinos Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos.
Sin embargo, algo más aterrador es el esquema de dominación y entreguismo que se lleva a cabo con la presencia del exoficial de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) y exdirector de la Policía Nacional Colombiana, Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, negociador y partícipe con los cárteles del narcotráfico en su país, y ahora invitado por la otra marioneta llamada Enrique Peña Nieto para ser su asesor externo de seguridad pública, figura que contraviene el Artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ya ha sido violentado por el gobernador de Chihuahua.
Sus “asesorías” vienen representando, desde el 1 de diciembre de 2012, la aplicación del Manual para el Servicio de Policía en la Atención, Manejo y Control de Multitudes, de la Policía Nacional de Colombia, dado en la resolución 03514 el 5 de noviembre de 2009, con su símil mexicano: el Acuerdo 16/2013 que expide el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal para el Control de Multitudes (similitud que será objeto de análisis en una posterior entrega).
No olvidamos Villas de Salvárcar, recordamos con rabia la Guardería ABC, nos indigna el New’s Divine como las aberraciones más recientes.
Pero nuestra memoria va más allá, hasta las luchas de los ferrocarrileros y de los médicos en la década de 1950, desde Tlatelolco en 1968 y Los Halcones de 1971, Aguas Blancas, El Charco, El Bosque, Acteal, Atenco, y muchas, muchas luchas más por la dignidad.
Y si todavía nos preguntamos ¿qué hacían ahí los muchachos?, es que no hemos comprendido que el internacionalismo del pueblo mexicano se manifiesta de mil maneras.
Por eso la gente de los estados por donde cruza la Bestia con su carga de migrantes, alimentan y alojan a los hermanos que vienen del Sur.
Por eso el padre Solalinde mantiene sus casas de migrantes.
Por eso alzamos la voz para que regresen los desaparecidos y se libere a los presos políticos.
¡Por eso exigimos justicia!
*Integrante de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
Fuente: Contralínea 347 / agosto 2013
