Hasta en su última propuesta, el presidente Felipe Calderón se mantuvo fiel a la ortodoxia fiscal aplicada durante su gobierno y cuyos onerosos costos serán heredados como una verdadera camisa de fuerza al próximo mandatario y a la sociedad. Lo anterior sería padecido con mayor intensidad por un gobierno progresista, en caso de que triunfara en las elecciones de 2012. Cualquier intento por tratar de superar la precariedad de las finanzas públicas y cambiar su orientación será obstaculizado por los grupos de poder y los legisladores de la derecha panista y priísta que, probablemente, mantendrán el control del Congreso de la Unión. Esto implicaría la desgastante negociación de un gobierno “dividido” que, de todos modos, no impediría la ralentización y el riesgo de su administración, tal y como ahora enfrenta el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

 

Con el lema de “dejar de mimar a los más ricos”, el 15 de agosto pasado Warren Buffett –el tercer hombre más rico del mundo– sugirió a los legisladores que elevaran los impuestos a los millonarios para ayudar a reducir el déficit, ya que esa medida no afectaría la inversión productiva. Obama aceptó la invitación y presentó al Congreso de Estados Unidos para que apruebe lo que se ha nombrado “la regla Buffett”: incrementar la tasa impositiva de 15 a 35 por ciento a las personas que ganen más de 1 millón de dólares anuales, el 0.3 por ciento de los contribuyentes. Esos recursos se destinarían a la creación de empleos.

 

En 1992, los 400 contribuyentes más grandes reportaron un ingreso gravable por 16.9 mil millones de dólares, 22.2 millones de dólares en promedio, y pagaron el 29.2 por ciento como impuestos federales. En 2008, su ingreso se elevó a 90.9 mil millones de dólares, 227.4 millones de dólares en promedio, y la tasa bajó a 18.1 por ciento. Buffett dijo que en 2010 ganó casi 7 millones de dólares y le aplicaron una tasa de 17.4 por ciento, mientras que el de las mayorías fue de 33 por ciento a 41 por ciento.

 

En 2010, poco más de 40 “millonarios patriotas por la fortaleza fiscal” demandaron a Obama que ya no renovara los recortes impositivos de George W Bush para las rentas altas, en nombre de “la salud fiscal de nuestra nación y el bienestar de nuestros ciudadanos”.

 

En 2009, 23 empresarios alemanes emitieron el documento Ricos por una tasa para los ricos. Señalaban que “es una vergüenza la situación política a la que hemos llegado. Somos los ricos los que pedimos pagar más impuestos [5 por ciento más] ya que los políticos no hacen su trabajo”. El derechista Nicolás Sarkozy recién envió una iniciativa al Congreso francés con la que pretende elevar las contribuciones de las rentas del capital de 12.3 por ciento al 13.5 por ciento, “siempre en aras de la reconciliación de la tributación de las rentas del trabajo y las de capital”. Esto luego de que los más ricos de Francia, al emular a Buffett, dijeron el 23 de agosto pasado: “Nosotros, presidentes y directivos de empresas, hombres y mujeres de negocios, financieros, profesionales o ricos, pedimos la instauración de una contribución especial que afecte a los contribuyentes franceses más favorecidos”. Sarkozy también gravará el consumo y los salarios.

 

¿Prudencia ante los estallidos sociales, patriotismo, enloquecimiento o el macabro sarcasmo de la oligarquía metropolitana?

 

Los que no tienen sentido del humor son los congresistas republicanos que controlan la Cámara de Representantes y que se preparan para descarrilar la iniciativa de Obama. El líder republicano del senado, Mitch McConnell ya dijo que “nosotros no queremos paralizar la economía al aumentar los impuestos”. Otro miembro de ese partido, Lindsey Graham, fue categórico: “Cuando un impuesto afecta al 1 por ciento de la economía, eso se llama una ?guerra de clases’”. En 2008, la hooligan Sarah Palin calificó a Obama como “socialista” (El Mundo, 20 octubre de 2008). El gusano senador republicano Mel Martínez lo equiparó con Fidel Castro: “Donde yo nací, donde yo crecí, intentaron la redistribución de la riqueza. No necesitamos eso aquí. A eso le llaman ‘socialismo’ o ‘comunismo’, no ‘americanismo’”. El troglodita John McCain lo comparó con los socialistas europeos que elevan los impuestos a unos para darles cheques a otros. “No es un recorte de impuestos; es otro ‘regalo’ del gobierno”. “Extender la riqueza”, añade, es “uno de los dogmas del socialismo y de la ultraizquierda que abraza el demócrata”.

 

La derecha estadunidense es militante de otra guerra de clases, la de los ricos contra los pobres iniciada por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, quien recortó los impuestos a los primeros y se los aumentó al resto, sin que mejorara el ahorro, la inversión y el crecimiento. Sólo fomentó la especulación financiera mundial que colapsó al capitalismo en 2008-2009.

 

¿Qué no se diría de un gobierno mexicano que pretendiera elevar los impuestos a las grandes empresas y a los sectores de altos ingresos?

 

Si ganara el candidato de los neoliberales –Ernesto Cordero está aniquilado debido a su mediocridad y el descrédito del panismo, por lo que su partido tendrá que ceder la administración para que las elites traten de cerrarle la puerta al aspirante progresista y puedan mantener el autoritarismo político bipartidista– Enrique Peña Nieto, que al igual que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) profesa la causa fiscal reaganiana, también padecerá los problemas financieros del Estado. Aunque el PRI y el PAN cogobiernan y se solapan, su disputa por usar el presupuesto y la nación como sus cotos privados se ha convertido en una fuente de conflictos. Ello explica la tentación de Peña Nieto –destapado por Emilio Azcárraga en las entrañas de su monopolio Televisa, que tanto se ha beneficiado con el cogobierno, y no por su partido– por restaurar la despótica sobrerrepresentación del PRI en el Congreso de la Unión, con el objeto de gobernar a su libre arbitrio, si es que gana las elecciones. Las coaliciones propuestas por Manlio Fabio Beltrones aspiran a lo mismo, pero de otra manera. Quiere legalizar, al margen de la molesta sociedad, el incestuoso matrimonio bipartidista de la derecha, en nombre de la colapsada “gobernabilidad” provocada por la crisis del sistema político autoritario, más que de la democracia que supuestamente fue parida, misteriosamente, con el triunfo de Vicente Fox, en 2000.

 

 

a) Entregará un déficit público que tendrá que ajustarse conforme el canon neoliberal de la Ley Federal de Presupuesto, aprobada por el PRI-PAN en marzo de 2006, que ante el temor de que ganara Andrés Manuel López Obrador impuso la ley de hierro del equilibrio fiscal.

 

Ante el colapso de 2009, el PRI y el PAN aceptaron un déficit para 2010, pues el artículo 17 de la ley indica: “Circunstancialmente, y debido a las condiciones económicas y sociales que priven en el país”, se podrá “prever un déficit presupuestario”, pero deberá señalarse “el número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que sea eliminado y se restablezca el equilibrio”. Como esto último es ambiguo, en 2011 se tendrá un déficit de 0.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) y para 2012 se programó otro de 0.2 por ciento. Para Calderón le corresponde al sucesor tomar las acciones para eliminarlo en 2013. Si el próximo gobierno acata la ley o lo obligan, ¿cómo realizará el ajuste? ¿Con nuevos impuestos, el alza de los existentes y de los precios públicos, con más recortes en el gasto no financiero? Si asume la ortodoxia, su inicio será pésimo: de ajuste fiscal con mediocridad económica, más desempleo, más delincuencia, un rápido desencanto y malestar social.

 

Si decide arrojar a la basura la ley de hierro que ha condenado al Estado al autismo y al país al estancamiento crónico, a la pobreza y la miseria masiva, enfrentará a los republicanos locales y la censura de los halcones globales del equilibrio que enloquecidos imponen la austeridad a escala mundial, aunque se hundan naciones, sociedades y gobiernos.

 

¿Resistirá la población un sexenio más de ajuste fiscal sin estallar políticamente y abrumada por la delincuencia descontrolada?

 

b) Heredará un alto endeudamiento que requiere crecientes pagos por concepto de intereses. Con Fox la deuda pública total ampliada pasó de 712 mil millones de pesos a 1.5 billones de pesos, de 22.1 por ciento a 21.4 por ciento del PIB. En 2011 será de 4.7 billones de pesos y en 2012 de 5.2 billones de pesos, 33.6 por ciento y 34.6 por ciento del PIB, respectivamente. Esto debido a que se asumieron como adeudos el rescate bancario y los Pidiregas de Petróleos Mexicanos, ambos envueltos en las sombras de la corrupción. En 2012 se pagarán intereses nominales por 322.12 mil millones de pesos, casi un tercio del gasto social programado. En su sexenio sumarán 1.6 billones de pesos. Calderón alecciona al sucesor: tendrá que bajar la deuda a 34.6 por ciento del PIB en 2017. Y desactivar la bomba de tiempo que le cederán.

 

c) Transferirá una estructura de ingresos públicos débil, petrodependiente e inequitativa que explica el endeudamiento y el bajo gasto. En 1983, los ingresos totales equivalieron a 30 por ciento del PIB, y en 2011 y 2012 será de 26.7 y 21.6 por ciento, respectivamente. Los tributarios pasaron de 9.4 por ciento a 9.9 por ciento y 9.8 por ciento en ese periodo. Es una de las peores administraciones del mundo en recaudación. Con Calderón, los ingresos petroleros aportarán el 34 por ciento del total, en promedio. En 2012 los hidrocarburos contribuirán con el 35 por ciento y se espera que aumenten 10.3 por ciento, en términos reales. En cambio los ingresos petroleros apenas aumentarán 0.6 por ciento, aunque se reducirán si la inflación supera el 3.5 por ciento. También se espera una caída real de los ingresos tributarios del gobierno federal en 2.3 por ciento, debido a un deterioro en el impuesto empresarial a tasa única, el impuesto a los depósitos en efectivo, gravamen al valor agregado y los subsidios especiales, al igual que los no tributarios en -14.2 por ciento. La eliminación propuesta en el cobro tiene dos metas: el oportunismo electoral y el traslado de su costo a los gobiernos estatales de oposición. Si aplican impuestos para compensar la pérdida de ingresos, su imagen se empañará ante los votantes.

 

Si el sucesor incrementa los tributos al consumo y los precios públicos de manera indiscriminada como lo hizo Calderón, aumentará la desigualdad. Si no cambia nada y opta por el equilibrio fiscal tendremos un sexenio más de estancamiento y pobreza, inevitablemente. Pero si aspira al desarrollo tendrá que recaudar más, por medio de impuestos más altos a quienes más ganan.

 

d) La precariedad en los ingresos explica que el equilibrio fiscal descanse en el gasto programable, que excluye el pago de intereses de la deuda. Para 2012, se propone su aumento real de 3.2 por ciento. La inversión presupuestada caerá 0.4 por ciento o más. Si la inflación supera la meta de 3.5 por ciento el primero será similar al de 2011 y el otro se desplomará incluso más. En 1980, dichos egresos equivalieron a 24 por ciento del PIB; en 2011 será de 18.9 por ciento; y en 2012 de 18.5 por ciento. La inversión pasó de 8 por ciento a 4.5 por ciento y 4 por ciento. La razón es sencilla: la obsesión neoliberal para retirar al Estado de la economía y ceder la obra pública al sector privado como un jugoso y oscuro negocio. Si alguien pretende un gobierno promotor del crecimiento y el bienestar, que regule al mercado y sea contracíclico, tendrá que impulsar una reforma fiscal integral, progresista por definición, y olvidarse del autismo.

 

Sin duda en el Congreso de la Unión se elevará una gran cantidad de renglones del gasto programable que Calderón aspira a recortar. Justo lo que quiere: el espectáculo desacreditador de los partidos peleándose por el dinero, como buitres sobre los despojos. Sobre todo por las participaciones fiscales de los estados y municipios, donde el mandatario pretende reducirlas 0.4 por ciento o más debido a una inflación mayor a la prevista. En especial busca inquietar a las principales entidades como la capital. ¿Objeto? Afectar el manejo turbio del dinero, sin eliminarlo, que permitió al PRI recuperar espacio electoral, como bien sabe Peña Nieto y el presidente del PRI, Humberto Moreira, por ejemplo. Incluso los panistas.

 

Es obvio que alguien que gusta de la guerra y el Estado policiaco-militar privilegie este tipo de gastos. En materia de seguridad aspira aumentarlo a 12.4 por ciento en 2012. A la Cámara de Diputados y el Instituto Federal Electoral podría irles bien, en especial a este último, ya que se requiere que simule la democracia electoral. A sus funcionarios se les pagaría obscenamente, como jeques petroleros. Pero en lo que es en educación, salud, ambiente, desarrollo rural o infraestructura, la tijera trabajó peor que un verdugo.

 

La tarea del Congreso de la Unión será ardua, si se quiere subsanar la política de “tierra arrasada” que Calderón diseñó para el gasto público programable.

 

*Economista