El colapso inducido que asoma en al menos cuatro de las seis refinerías en el país anuncia el principio del fin para Petróleos Mexicanos (Pemex). De enero a julio de este año la producción de gasolinas y diésel presentó una caída del 26.7 por ciento, con una disminución de 334 mil barriles diarios. Desde 2016, en que por segundo año consecutivo se recortó el gasto, el director de esa Empresa Productiva del Estado, Antonio González Anaya, aceptó no contemplar un “plan de capitalización” para las agotadas plantas.

Excusando la caída de los precios internacionales del petróleo y la entrada en vigor de la Reforma Energética, las autoridades dejaron naufragar a la entidad pública que por varias décadas aportó, en promedio, el 38 por ciento de los ingresos del país. Los recortes iniciados en 2015 dieron la puntilla a la empresa que en términos de ingresos era una de las más importantes del mundo, ubicada en el sitio 13, con ganancias del orden de los 120 mil  millones de dólares anuales, solamente por debajo de trasnacionales como Exxon Mobil, Wal Mart, Chevron, General Motors, Petrobras o AT&T, por mencionar  algunas.

Un ejemplo de que Pemex era altamente rentable se dio en 2011, cuando registró sus mayores ingresos en el momento que los precios internacionales de los hidrocarburos rondaban los 100 dólares por barril. La todavía paraestatal captó recursos por 124 mil 180 millones de dólares, representando  un aumento del 14 por ciento en relación a los 107 mil 290 millones de dólares recabados en 2010.

En el pasado sexenio de Felipe Calderón, Pemex contabilizó ingresos por 539 mil 300 millones de dólares. Abundancia de recursos que fueron dilapidados, en buena parte, en su fallida guerra contra el narcotráfico y asignados de manera irresponsable por el Congreso de la Unión a engordar los altos cargos burocráticos, pero no a reactivar la economía en su conjunto y menos a  generar el millón de puestos de trabajo prometidos por el mal llamado “Presidente del Empleo”.

Con el objetivo de desarticular al sector energético desde la década pasada, a Pemex nunca se le liberó de la carga impositiva que a la larga anuló inversiones en áreas como la refinación. En su momento, se dijo hasta el cansancio que la petrolera mexicana era la única empresa de su género en el mundo que destinaba el 69.43 por ciento de sus ganancias al pago de impuestos. La norteamericana Exxon tiene una carga impositiva del 31.05 por ciento, mientras que la holandesa Shell paga en su país impuestos por 23.45 y la brasileña Petrobras apenas el 3.56 por ciento.

A pesar de haber aportado por varias décadas poco más de un tercio de los recursos públicos, al iniciar la debacle en los precios internacionales del petróleo y la apertura del sector energético, los tecnócratas neoliberales no tuvieron consideraciones con Pemex y la incluyeron entre las entidades afectadas por la tijera de los recortes.

En febrero de 2015, y tras el anuncio de una disminución en el presupuesto de 62 mil millones de pesos, los directivos de la empresa anunciaron que diferían “la reconfiguración de las refinerías”; no obstante que la producción anual iba a la baja.

Este franco retroceso en la refinación muestra en el actual sexenio la caída en la producción de combustibles: en 2012, las seis refinerías del país todavía producían un millón 252 mil barriles diarios, y de hecho este nivel se incrementó en 2013  a 1 millón 313 mil barriles diarios; en 2014 se mantuvo en 1 millón 254 mil barriles al día, pero en 2015 inició la debacle al bajar a 1 millón 121 mil barriles; en 2016 a 1 millón 78 mil y en 2017 a un estimado que no superará los 900 mil.

De hecho, lo antiguo de nuestras refinerías, aunado a la ausencia de reconfiguraciones, les ha impedido producir a un ciento por ciento de su capacidad; la de Ciudad Madero, Tamaulipas, se construyó en 1914; las de Minatitlán y Salamanca en 1950, y las de Cadereyta, Tula y Salinas Cruz entre los años 1977 y 1979.  Cuando en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se fragmentó a Pemex en cuatro subsidiarias, la refinación pasó a un segundo plano, que al día de hoy nos tiene importando la mitad de las gasolinas que consumimos. En 2015 el 53.8 por ciento de los combustibles que se requieren en México fueron importados.

Lo que está por venir, de acuerdo con los lineamientos de la Reforma Energética, no es nada alentador; la Secretaría de Energía (Sener) establece en uno de su estudios a futuro, que la demanda nacional de gasolinas va a crecer de 771 millones de barriles en 2016 a 1 mil 147 millones de barriles en 2029. Si nos basamos a lo proyectado en la citada reforma, nuestro país estará importando en los próximos 15 años la totalidad de los combustibles que requiere para mover su economía.

La dependencia reconoce que las refinerías no funcionan a su capacidad “por la falta de mantenimiento y recortes presupuestales”. En la escasez de recursos las autoridades han encontrado la justificación para parar a refinerías como Cadereyta, Salina Cruz, Minatitlán y Ciudad Madero, amén del argumento de los daños ocasionados por los fenómenos naturales como sismos o huracanes.

Empero, al revisar el número de permisos de importación otorgados por la Sener para  diversos combustibles, es fácil deducir que la aniquilación de las refinerías no tiene vuelta de hoja: hasta el 30 de octubre pasado la entidad pública otorgó 233 permisos para importar gasolinas, 341 para traer diésel, 117 para gas LP y 75 permisos para la importación de turbosina.

Cabe recordar que la Reforma Energética autoriza que toda la cadena de valor de la industria petrolera, integrada por refinación, transporte, almacenamiento, comercialización, distribución y expendio público, pueda ser operada por capital privado, nacional o extranjero.

Se prometió a los mexicanos que la reforma traería aparejados un sinfín de beneficios, como el abaratamiento de luz, gas, gasolina y diésel, pero hasta hoy el panorama es totalmente distinto y no se vislumbra que vaya a cambiar en beneficio de las mayorías. Un dato ilustra que lo peor está por venir: en 2015 nuestro país debió importar 571 mil 600 barriles diarios para atender su consumo interno a un costo de 12 mil 500 millones de dólares.

El paquete económico 2018 que se discute en la Cámara de Diputados contempla un presupuesto de 5 billones 236 mil 400 millones de pesos, con un incremento de 113 mil millones extras con respecto a 2017; por supuesto, los legisladores de todos los partidos se han cuidado de no ver afectados sus intereses en el año electoral por venir, evitando sacrificar recursos para sus campañas políticas y un jugoso retiro al concluir la LXIII Legislatura. Se oculta a la población que  los recursos que antes aportaba Pemex a las finanzas públicas, ahora se suplen con mayor deuda pública, que en el sexenio ha crecido anualmente a razón de 1 billón de pesos, llegando este año a la cifra record de 10 billones.

Este irresponsable endeudamiento es reflejo de la falta que Pemex le hace al país con sus abundantes recursos que ahora pasarán a manos de capital nacional y extranjero. Negocio redondo que la tecnocracia neoliberal ha puesto en manos de unos cuantos en perjuicio de las mayorías.

Martín Esparza Flores