Miles de personas, de familias, han quedado en la calle por la catástrofe que causaron los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados. Muchas de ellas con injustas deudas hipotecarias de casas o departamentos ahora inexistentes o de automóviles que ya son chatarra.

Esos adeudos no se cancelarán porque la usurera banca nacional y extranjera nunca pierde. ¿O acaso alguien ha escuchado decirles que ante la emergencia condonarán los pagos pendientes a los damnificados? Claro que no.

La única comunicación que existe del sector financiero es para que las víctimas se acerquen a reestructurar sus compromisos y evaluar “individualmente” los casos, pues no quieren protestas masivas que los obliguen a dar soluciones humanitarias, tan urgentes en este momento de precariedad nacional.

Esos bancos, a los que ya se les olvidó que los damnificados han estado pagando (porque todos los mexicanos lo hemos hecho) el multimillonario rescate del Fobaproa-IPAB derivado de la crisis de 1994-1995, harán su agosto no sólo al seguir cobrando las deudas, sino también al otorgar más créditos para que las víctimas reconstruyan o adquieran viviendas.

Un negocio apoyado incluso por el presidente Enrique Peña y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quienes ante la emergencia han gestionado con los bancos “créditos blandos” como “solución”.

Y no es que la banca o los políticos no comprendan la dimensión real de la tragedia, es que sólo les interesa la rentabilidad. Por eso, el gobierno federal ha advertido que para los habitantes de la Ciudad de México no habrá recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden).

El mismo criterio se aplicará a aquellos que viven en el resto de los estados afectados que no aparezcan en las listas oficiales de pobres extremos, pues el recurso público es para atender a las personas en situación de miseria.

La afectación que hemos padecido, sin embargo, exige de los gobernantes una atención integral a todos los damnificados y no sólo a los que aparecen en las listas asistenciales y que suelen integrar el voto blando.

Entre las miles de víctimas hay quienes no sólo perdieron su vivienda y automóvil sino también el trabajo, porque las oficinas, hogares o comercios donde laboraban han desaparecido, literalmente, en el desastre. Para ellos, la incertidumbre de su futuro personal y familiar es de proporciones inimaginables.

¿Quién se atreve a regatearles la pobreza en la que se encuentran en estos momentos sólo por no aparecer en las listas de la Secretaría de Desarrollo Social? El gobierno y los bancos, precisamente.

Esas miles de personas pasaron de una vida económicamente resuelta a una situación absolutamente precaria. Y son mayoría, porque el único decil socioeconómico que posee riqueza en abundancia, y que en efecto no debería recibir dinero público de la reconstrucción, no vio afectado su patrimonio.

Pero en un país tan desigual como México, la realidad de los damnificados es, en estos momentos, comparable con la que enfrentan millones de personas consideradas como pobres y pobres extremos. Y es que en la mayoría de los casos lo han perdido todo, incluyendo lo más esencial: alimento, vestido, techo.

No seamos ingenuos, la insensibilidad de los políticos, que raya claramente en discriminación, tiene fines político-electorales: en el gobierno federal saben que la Ciudad de México es una de las entidades que menos votos le genera al Partido Revolucionario Institucional. Por eso no le interesa atender la catástrofe, no le interesa rescatar a las víctimas y, menos aún, reconstruir integralmente la Ciudad. Por eso la Secretaría de Gobernación ya amenazó con que no habrá dinero del Fonden para la capital del país.

Las encuestas que mandan a hacer desde la residencia oficial de Los Pinos para medir las preferencias electorales, apuntan que la capital del país será gobernada por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al igual que la mayoría de sus delegaciones (ayuntamientos).

Frenar la ayuda pública para la reconstrucción significa heredar ese gran problema a la futura administración capitalina. Está claro que, por sus aspiraciones, Mancera se enfocará en conseguir la candidatura presidencial y no en reconstruir la Ciudad. De tal suerte que será el futuro gobierno de Morena el que enfrente la real problemática que ya afecta a miles de capitalinos.

La Agenda Nacional de Riesgos –documento altamente confidencial, elaborado por los aparatos de inteligencia de México– observa como una de las amenazas a la seguridad nacional el uso político de los fondos públicos destinados a atender los desastres por causas naturales. En la Ciudad de México, desde ahora mismo, podemos observar el daño que causan esos fines políticos al tema de la reconstrucción.

Los damnificados que no reciban un peso de ayuda del erario serán revictimizados por la misma corrupción política que los ha dejado en la calle, al igual que por los mismos intereses mezquinos del sector privado, llámese inmobiliario o bancario. Así la atención de la crisis postsísmica.

Nancy Flores

[AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]