La región triqui, enclavada en la sierra mixteca de Oaxaca, se encuentra otra vez en guerra. Al momento de redactar estos párrafos (mañana del 28 de diciembre), la comunidad de Tierra Blanca sufría un ataque armado. Decenas de casas estaban siendo quemadas y no había visos de que arribara la Guardia Nacional para detener las hostilidades.

Sólo en diciembre, los enfrentamientos armados y la emboscadas dejaron 15 muertos, la mayoría de ellos de las comunidades Cumbre Yerbasanta, La Sabana, Vista Hermosa, Tierra Blanca, Rastrojo, Ojo de Agua y Yosoyuxi.

La frágil paz que se alcanzó en 2014 –luego de intensos combates que terminaron con la toma del Chuma’a (centro ceremonial) de San Juan Copala por parte de uno de los entes beligerantes– se rompió desde mediados de noviembre pasado.

Los enfrentamientos son en esta ocasión entre el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y la Confederación Nacional Campesina, pero las hostilidades están a punto de involucrar al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) y a la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).

De nueva cuenta, el control político de las comunidades y el reparto de los recursos de los ramos 28 y 33 del Presupuesto Federal desataron los enfrentamientos en una zona con, al menos, cuatro grupos armados con fusiles de asalto AK-47, AR-15 y Barret calibre .50.

Veremos si en este caso el subsecretario Alejandro Encinas sí interviene oportunamente antes de que explote San Juan Copala. Al funcionario se le complican las regiones indígenas. No ha podido parar la violencia paramilitar en Aldama, Chiapas; menosprecia el cerco narcoparamilitar que sufren las comunidades nahuas de la Montaña de Guerrero, y ahora se le reactiva un conflicto armado en la zona triqui oaxaqueña.

Ley General de Archivos, letra muerta

El Archivo General de la Nación (AGN) terminó 2020 con el enésimo exhorto para que, por favor, los estados de la República y entes del gobierno federal tomen en serio la Ley General de Archivos. A la fecha, a más de 2 años de inicio del gobierno de la “cuarta transformación” sigue siendo letra muerta.

En la última sesión del Consejo Nacional de Archivos, celebrada el primer viernes de diciembre, Carlos Enrique Ruiz Abreu, titular del AGN, de nueva cuenta apuró a los sujetos obligados hacer lo necesario para, primero, cumplir la ley, y segundo, ser coherente con la disposición del Ejecutivo federal para transparentar la vida pública y combatir la corrupción.

Y es que de eso se trata. Si se organizan y se preservan los archivos como establece la ley, se podrá inhibir la comisión de delitos y se podrán determinar responsabilidades cuando se cometan.

Se acabó el año y 15 estados de la República no hicieron siquiera nada para armonizar sus leyes estatales de archivos con la nueva Ley General. El plazo venció el 15 de junio pasado. Las entidades que iniciarán 2021 en desacato son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz.

Nayarit, pierde Morena desde dentro

Los 20 comités municipales del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) emitieron sendas cartas de rechazo al nombramiento del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero como abanderado de ese instituto político al gobierno del estado. Sin embargo, fue ratificado por el dirigente nacional morenista Mario Delgado.

Nayarit está en disputa desde hace, al menos, cuatro sexenios. Destaca la especulación de tierras que padece, la privatización de grandes extensiones de playas y los megadesarrollos turísticos en marcha. Inversionistas y especuladores de bienes raíces forjaron, en las administraciones pasadas, una mancuerna con autoridades locales de los tres poderes para repartirse, como botín, el estado.

Hasta la fecha pobladores de Chacala, por ejemplo, siguen sin tener acceso a las playas con todo y que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que se recuperarán aquellas controladas por hoteles y empresarios.

Por ello, ha sorprendido a la militancia morenista de esa entidad que un viejo conocido priísta termine por ser el abanderado de la “cuarta transformación” al gobierno del estado. Es decir, aquellos opositores que se asumen de izquierda, que pugnaron un cambio durante décadas y que impulsaron al obradorismo en el estado ya perdieron. Los derrotó su propio partido desde antes de las elecciones.

No es que Navarro no milite ahora en Morena; pero, como en el caso de muchos otros actores políticos, debajo de su camiseta morenista reluce su original tricolor. Que sea amigo del presidente de la Junta Coordinación Política en el Senado de la República, Ricardo Monreal, seguro nada tuvo que ver en su nombramiento.

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