El incendio en la Refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Veracruz, que ocasionó heridas a varios trabajadores, tiene responsables por la falta de mantenimiento en las seis refinerías, bombas contraincendios en mal estado, escasez de personal por el bloqueo de plazas a empleados transitorios, trabajadores petroleros de operación en turnos de hasta 32 horas, la negativa de pagarles tiempo extra, la falta de refacciones y vehículos insuficientes para atender este tipo de contingencias.
Trabajadores de la Refinería enviaron un escrito al director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, y al director corporativo de Administración y Servicios, Marcos Herrería Alamina, en donde les exigen sus renuncia por la “ineptitud” e “irresponsabilidad” que han mostrado para la protección de los petroleros y la seguridad en plantas y refinerías, y les recuerdan que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho en reiteradas ocasiones que los trabajadores son indispensables para poder hacer más productiva a la principal empresa del Estado.
Herrería Alamina también sería responsable de un daño patrimonial aún incalculable, porque decidió desalojar a los trabajadores petroleros de miles de viviendas construidas específicamente para ellos en los alrededores de las seis refinerías, en donde los habían ubicado para que siempre estuvieran cerca de sus centros de trabajo ante cualquier contingencia, como ahora lo sucedido con el incendio en la refinería de Minatitlán, pero ese director corporativo les exigió que a partir de ahora quien quiera vivir allí tendrá que pagar una renta y el mantenimiento, lo que fue rechazado por muchos empleados que abandonaron las casas y al quedar éstas vacías fueron vandalizadas, sin que hasta ahora los directivos se hagan responsables, generando cuantiosas pérdidas para Pemex.
La administración y el mantenimiento de esas colonias petroleras estaban a cargo de la gerencia de cada una de las seis refinerías, pero Herrería Alamina decidió que él y su equipo asumirían esa responsabilidad, lo cual no ha ocurrido y las viviendas abandonadas están deteriorándose por la creciente vegetación y el saqueo, lo que representa un daño económico importante, pero sobre todo la inconformidad y el malestar de miles de trabajadores que se han visto afectados.
Luego de que el presidente López Obrador regañara al director general Octavio Romero y al director de Pemex Logística, Javier González del Villar, por promover denuncias penales en contra de gerentes de las seis refinerías, bajo acusaciones de robo de combustibles (huachicoleo), en una de las reuniones de seguridad que se llevan a cabo todos los días en Palacio Nacional, la secretaría de Energía, Rocío Nahle confrontó a González del Villar para que explicara ante los secretarios de Defensa, Marina y Gobernación, su decisión de llevar el caso ante la Fiscalía General de la República.
Sin la protección del director general de Pemex, quien ese miércoles 3 de marzo acompañaba al presidente de la República en la conferencia de prensa, González del Villar se sintió atrapado y tuvo que decir la verdad: “Yo no me manda solo”, y mostró a los cuatro secretarios de Estado un oficio firmado por Octavio Romero Oropeza en donde éste le instruye investigar y actuar en contra los seis gerentes de las refinerías que hay en el país.
Con gritos, Nahle le enfatizó que la jefa era ella y no Romero Oropeza, y le advirtió que ella va a dar la cara por los gerentes de las refinerías porque son buenos trabajadores, leales a la empresa y además de vivir en la medianía no son corruptos.
En esa reunión de seguridad, ocurrida hace un mes, se expuso que el tema ya se había judicializado y que la única solución para resolverlo era que Pemex se desistiera de la acusación penal; sin embargo, hasta el momento no se ha hecho.
Este es uno de esos raros casos jurídicos en donde Pemex está en contra de Pemex, pues la presidenta del Consejo de Administración, que es Rocío Nahle, está en contra el director general de Pemex, Octavio Romero, por lo que se planteó que de ser necesario la secretaria de Estado acudiría a tribunales para testificar en favor de los seis gerentes de las refinerías.
El presidente López Obrador sabe que Rocío Nahle siempre va a defender a los trabajadores, por lo que el propio abogado de la Secretaría de Energía es quien en cabeza la defensa de los funcionarios petroleros de refinación.
De hecho, la primera audiencia judicial ocurrió ya en la ciudad de Oaxaca, pero allí los representantes legales de Pemex no se desistieron de las acusaciones por huachicol y el proceso penal continúa.
La defensa, por su parte, sostiene que cuenta con todas las pruebas para demostrar la inocencia de los seis gerentes, a quienes el presidente directamente les pidió hace más de dos años que asumieran las riendas de las refinerías y se solidarizaran y ayudaran a la transformación de la 4T para sacar adelante el proyecto de la producción de gasolinas y que México alcance la soberanía energética.
Hasta ahora los ingenieros petroleros viven un fuerte desgastan por el pésimo trato y mala relación que tienen con el director Romero Oropeza, pues en lugar de estar concentrados en las labores de las refinerías, tienen que estar atendiendo citatorios y reunir pruebas de su defensa por el tema penal que enfrentan. Hasta ahora los seis gerentes sostienen que no renunciarán porque le dieron su palabra a López Obrador de que ayudarían a elevar la producción de combustibles, pero todo tiene un límite y no se sabe si aguantarán más el maltrato del director general de Pemex.
Desde que el ingeniero agrónomo Octavio Romero Oropeza asumió la Dirección General de Pemex no firma los documentos importantes que le implique alguna responsabilidad y, por el contrario, el responsable directo de la operación y administración es el director Marcos Herrería, quien deberá enfrentar las consecuencias cuando sea necesario.
Con displicencia, Romero colocó en puestos clave a personas sin preparación ni experiencia, así que sus dos colaboradores más cercanos ni siquiera tienen título, que son Marcos Herrería y Víctor Navarro Cervantes, directores corporativos de Administración y de Planeación, respectivamente; mientras que Jorge Luis Basaldúa Ramos, director general interino de Pemex Transformación Industrial (responsable principal de las refinerías), es un ingeniero agrónomo, igual que su jefe Octavio Romero.
Esa falta de preparación curricular de la cúpula petrolera, y que tal vez no se le ha informado al presidente de la República, puede traer severas consecuencias en cuanto siniestros se refiere. Por ejemplo, las plantas petroquímicas de Pemex tienen contratados seguros de riesgos catastróficos, los cuales tienen cláusulas muy puntuales respecto de la responsabilidad de los operadores de las plantas.
Cuando estalló la planta de Clorados III, en el complejo petroquímico de Pajaritos, los seguros para poder dar la cobertura contratada pidieron conocer el currículum de cada responsable y las aseguradoras exigieron que cada uno de los responsables acreditara su capacitación, desde los gerentes hasta el director general de la subsidiaria debieron demostrar que tienen estudios profesionales para operar esas plantas y si no pueden comprobar que tienen la capacidad, simplemente la aseguradora no paga.
Por lo pronto, ahora Pemex está en falla porque el titular interino de Pemex Transformación Industrial carece de esa preparación que se requiere para mandar en una refinería. Es decir, no está capacitado para el cargo que desempeña por ser ingeniero agrónomo y no ingeniero petrolero.
Entonces, en este momento que ocurrió el accidente en la Refinería de Minatitlán, la empresa responsable de la cobertura podría negarse a pagar los seguros catastróficos porque al frente de Transformación Industrial hay un ingeniero agrónomo.
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