Se cuelan cacicazgos universitarios en la Ley General de Educación Superior

El 20 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se expide la Ley General de Educación Superior (LGES). En la exposición de motivos de la iniciativa a partir de la cual fue expedida queda de manifiesto que se busca “garantizar una cobertura universal en educación… desde el nivel inicial hasta el tipo superior”, además, se dice que se reconoce “… a las maestras y maestros como agentes de transformación social y se establecieron mecanismos para dignificar y respetar su labor”. En dicho apartado se afirma, también, que la iniciativa fue una “construcción colectiva”, pues según, en ella se incluyeron las propuestas y experiencias de especialistas, profesionistas, académicos, investigadores, autoridades universitarias y educativas, así como del público en general, las cuales supuestamente fueron recabadas a través de seis foros regionales de consulta sobre legislación secundaria en materia educativa, llevados a cabo entre el 27 de junio y el 11 de julio de 2019. Nada más lejos de la realidad.

Estos seis foros se efectuaron a discreción, con una convocatoria que tuvo una difusión limitada. Las bases de trabajadores académicos y administrativos así como estudiantes no tuvieron voz para manifestar las difíciles realidades que enfrentan debido a las profundas condiciones antidemocráticas, de precarización laboral, violencia institucional y corrupción que imperan en las universidades públicas del país. En cambio, lo que sí quedó plasmado en la LGES fue la voluntad de los rectores y las cúpulas burocráticas universitarias, quienes tuvieron oportunidad de efectuar audiencias previas tanto con autoridades de la Secretaría de Educación Pública como con el entonces presidente de la Comisión de Educación del Senado, el morenista Rubén Rocha Moya, quien actualmente es candidato al gobierno de Sinaloa.

Veamos un ejemplo. Los 20 y 21 de junio de 2019, pocos días antes del inicio de los foros mencionados, acaeció la LV Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). En dicho evento Juan Eulogio Guerra Liera, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), presentó una propuesta ante esa Asociación y el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Luciano Concheiro, la cual fue apoyada y tiene que ver con un planteamiento aparentemente progresista pero que contiene un fondo sumamente antidemocrático. La idea expuesta en ese momento por Guerra Liera pregonó que “los Congresos de los Estados se abstengan de reformar las leyes orgánicas de las universidades públicas porque ello representa un atentado y violación de la autonomía universitaria”

Dicha propuesta quedó plasmada en el artículo 2 de la Ley en cuestión, el cual establece que: “Cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas en este artículo deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada de los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía y deberá contar con una respuesta explícita de su órgano de gobierno colegiado” (cursivas nuestras). Dado el férreo control que a nivel fáctico tienen caciques universitarios y sus grupos políticos sobre las universidades y los métodos violentos que aplican contra toda oposición política, en los hechos esta Ley establece, prácticamente, que se les vaya a preguntar a los cacicazgos universitarios si aceptan de buena gana que se reformen las leyes orgánicas universitarias al amparo de las cuales han logrado enquistarse en puestos directivos, en algunos casos durante décadas.

No es casual que el rector de la UAS haya sido el que presentara esta idea, ya que dicha universidad se encuentra secuestrada desde hace 15 años por el jefe político de Eulogio Guerra: Melesio Cuén (exrector UAS 2005-2009), quien es presidente del Partido Sinaloense (Pas), también conocido como “universidad-partido”, instituto político que nace en 2012 producto del uso clientelar de la UAS y con el cual el Morena ha establecido una alianza por el gobienro de ese estado de cara a las próximas elecciones.

Precisamente, en gran medida, el grupo cuenista consolidó su dominio sobre la UAS gracias a dos reformas a la Ley Orgánica de dicha Casa de Estudios. La primera mediante el Decreto 389 (año 2006), en la cual se sustituye el voto unitario, universal y nominal de la comunidad universitaria como método para la elección de autoridades por otro en el que: “El Rector será nombrado por el H. Consejo Universitario en votación secreta y por cédula de una terna que le presente la Comisión Permanente de Postulación…” (sic, artículo 36). Así las siguientes elecciones han tenido a una Comisión Permanente de Postulación totalmente a modo y un Consejo Universitario caracterizado por su falta de representatividad y su sumisión absoluta a Cuén y su grupo. La segunda, mediante el Decreto 945 (año 2013), permitiendo la reelección de rectores a través de la modificación del artículo 32, dejando establecido que: “El Rector durará en su cargo cuatro años y podrá ser reelecto una vez…” (sic). En ambos casos las administraciones de rectoría cuenistas no realizaron ninguna consulta: las sacaron adelante con las más burdas imposiciones. Ahora, con poco más de una década y media en el poder, con toda la estructura a su favor, con un afinado dispositivo panóptico para vigilar a los universitarios, y con recursos mediáticos y mecanismos represivos para difamar y combatir cualquier oposición tanto al interior como al exterior de la universidad (por incipiente que sea), resulta que les llegó una súbita preocupación para que no ocurran reformas a la Ley Orgánica de la UAS sin “consultar” a la comunidad universitaria. Y claro, asegurándose de que eso se realice a través de las instancias que ellos mismos controlan con garrote en mano.

Para dar más contexto: hay que decir que en el caso particular de esta universidad, el Congreso de Sinaloa, con amplia mayoría morenista, envió a la congeladora iniciativas de reforma a su Ley Orgánica, las cuales se habían hecho llegar por profesores y estudiantes con el objetivo de luchar, en el ámbito legislativo, contra la universidad-partido; ahora, gracias a esta ley secundaria, esas iniciativas no podrán ser siquiera discutidas. Sin embargo, hay que entender que este candado afecta a todas las universidades públicas del país. El mencionado Rocha Moya, como presidente de la Comisión de Educación del Senado, desempeñó la función de cabildear que ese interés antidemocrático en particular quedara establecido en la Ley: esto no es cualquier cosa, Rocha ha contribuido a dañar gravemente a la educación pública nivel superior en México. La maniobra se hizo supuestamente en nombre de la defensa de la autonomía de las universidades, pero de quien en realidad buscan “defenderse” es de las comunidades universitarias organizadas que quieren tomar en sus manos el destino de la educación superior.

Ahora bien, en relación con el aspecto de la gratuidad de la educación superior, el artículo 66 refiere: “Las universidades e instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, a partir de la disponibilidad presupuestaria derivada del financiamiento previsto en esta ley, propondrán mecanismos para la transición gradual hacia la gratuidad de los servicios educativos…”. Finalmente, la fracción II del tercero transitorio del artículo 77 de esta Ley establece que: “La gratuidad de la educación superior se implementará de manera progresiva en función de la suficiencia presupuestal, a partir del ciclo 2021-2022”.

Es decir, la gratuidad de la educación superior queda supeditada a lo que se destine del presupuesto federal a las universidades del país; cifra que año tras año ha sido insuficiente y no hay absolutamente nada que indique que dicha tendencia vaya a cambiar, tal como pone en evidencia la persistente situación financiera de las 11 universidades públicas del país que están en quiebra: la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y la Universidad Veracruzana (UV) a las cuales se les suma recientemente la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

A esto hay que agregar algo muy importante: el hipotético escenario de lograr la gratuidad de la educación superior, sin mejorar las condiciones laborales e institucionales actuales en universidades, supondría preservar la estructura de precarización que en el nivel superior se expresa en la figura de “profesor de asignatura”, emblema de la más aguda inestabilidad laboral, añadiendo a la misma una sobrecarga abismal de trabajo al profesorado. No puede haber gratuidad en educación superior sin un gran aumento al presupuesto educativo y sin justicia laboral para trabajadores universitarios, tanto académicos como administrativos. Para esto último se requiere contratación de más personal con la subsecuente basificación de los mismos. Nada de eso se va a lograr empoderando todavía más a caciques universitarios, tal como lo ha estado haciendo Rubén Rocha Moya: en los hechos, su papel ha sido netamente reaccionario.

Tomando en cuenta las condiciones vigentes en las universidades del país, recientemente visibilizadas gracias al loable movimiento unitario de estudiantes y profesores de asignatura de distintas escuelas y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, , así como el proceso de elaboración de la Ley en comento, vale la pena preguntarse: ¿Es la LGES un constructo democrático?, ¿la LGES logrará la dignificación de las maestras y los maestros de educación superior?, ¿será la LGES un garante para lograr la gratuidad de la educación superior tal como Rocha ha pretendido hacer creer mediáticamente? Evidentemente, no. La LGES es una simulación antidemocrática y demagógica.

Norberto Soto Sánchez*

*Psicólogo y maestro en Ciencias de la Educación