Se caen los dos procesos de licitación que realizó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) en forma desesperada y por la libre, para intentar “salvar” la producción de 220 millones de ejemplares que requiere para iniciar, en agosto próximo, el ciclo escolar 2019-2020.

Y es que el pasado 8 de abril fueron nuevamente diferidos los fallos de las licitaciones LA-011L6J001-E5-2019 y LA-011L6J001-E6-2019; ésta es la novena ocasión que se aplazan las resoluciones para evitar declarar desierto el proceso en espera de que haya alguna oferta.

Con esas licitaciones, la Secretaría de Educación Pública (SEP) pretendía asignar contratos para producir 19 títulos de preescolar y primaria, al margen de los procedimientos que aún no convoca la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El atraso en los procesos de adjudicación de contratos ya supera los 8 meses y, según impresores consultados, ya no se tendrá el ciento por ciento de la producción antes del inicio del ciclo escolar: si las máquinas empezaran a trabajar a finales de abril, sólo se tendría a tiempo entre el 70 y 80 por ciento; es decir, faltarán entre 44 millones y 66 millones de libros.

Esto impactará la educación básica y media de todo el país: preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, telebachillerato, sistema braille y educación indígena. Y en especial afectará a los más necesitados, porque es precisamente en este mes de abril cuando se debía de estar enviado el primer embarque que cubre las zonas más apartadas: áreas rurales y de difícil acceso, como sierras, cañadas, selvas y pantanos.

Las licitaciones de Conaliteg que están a punto de declararse desiertas fueron lanzadas el 22 de marzo y desde entonces han registrado nueve actas de diferimiento del fallo porque, según impresores consultados por Contralínea, se castiga tanto el precio que no sólo no les quedaría un margen de ganancia, sino que perderían hasta 2 pesos por cada ejemplar.

Otro problema detectado por los contratistas se refiere a los tiempos exigidos por la Conaliteg para la entrega de la producción total: 30 días naturales. Ese plazo tan limitado se estableció para intentar corregir el atraso de 8 meses: las licitaciones debieron hacerse en septiembre y los contratos asignarse en octubre de 2018.

Según los impresores consultados, aún cuando estas dos convocatorias derivaran en la asignación de los contratos, sólo se estaría contratando la producción de 50 millones de libros de los 220 millones que se requieren, y éstos sólo cubren una parte de educación preescolar y primaria.

La posibilidad cada vez más real de que ambas se declaren desiertas ya aumentó la incertidumbre, aunado a que esos procesos se hicieron al margen de las nuevas disposiciones que indican que la contratación debe realizarla la Oficialía Mayor de Hacienda.

Fuentes de la SHCP aseguran que la Oficialía está ocupada atendiendo de lleno el tema de compras de medicamentos, por lo que prevén que ni siquiera se lancen las convocatorias de los libros de texto gratuitos en las próximas 2 semanas, lo que de ser cierto implicaría que el atraso en la producción sume 9 meses.

Además, explican que la primera fase para atender este tema inició el 13 de marzo con la convocatoria para la compra de papel para impresión de libros de texto gratuitos, que realizó en forma directa y sin intermediación del sistema Compranet.

Este proceso de adquisición del papel fijó como fecha para el fallo este 9 de abril, sin que hasta este momento se haya informado si se asignaron los contratos o se declaró desierto o se pospuso la fecha para resolverlo.

Lo que es seguro es que en la Oficialía Mayor hay un descontrol total por la improvisada concentración de compras, que hasta ahora no ha servido y que pronto podría resultar en graves problemas para el país no sólo en el tema educativo, sino en el de la propia salud pública.

No obstante, según las fuentes de Hacienda, la Oficialía Mayor ya califica de exitoso el procedimiento de las compras de medicamentos, por lo que un modelo similar se aplicará en el tema de la impresión de libros. Para los funcionarios de Hacienda, no hay crisis en torno a la producción de los 220 millones de ejemplares porque, según sus cálculos, el tiempo es suficiente para su confección. Aquí deberían considerar también el tiempo de distribución, pues habrá zonas, las más pobres del país, a las que no lleguen los libros a tiempo.

Con la primera fase de las licitaciones, Hacienda buscó desagregar la compra: adquirir el papel de forma directa para castigar los precios de la impresión y el encuadernado, aseguran los contratistas consultados.

Por el contrario, la SHCP aseguró el pasado 13 de marzo que el propósito es “transparentar los procesos de compra y adquisición de bienes y servicios, fundamentales para lograr la ejecución eficiente de los programas prioritarios de esta administración”.

Pero su propio actuar contradice ese objetivo, porque esta compra se convocó en forma cerrada. “[…] todos aquellos proveedores interesados podrán enviar un escrito formal que contenga la intención de participar en el proceso que convoca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar a las 16:00 horas del día 14 de marzo de 2019, al correo electrónico [email protected]; cabe señalar que éste será el único medio de difusión de las bases de la convocatoria”.

Una búsqueda en el portal Compranet confirma que no hay datos abiertos sobre esta licitación, pues se hizo directamente con la Oficialía Mayor y hasta ahora se desconoce si en verdad este 9 de abril se dio el fallo y, sobre todo, a quién favoreció.

Oficialmente, Hacienda justifica el procedimiento al asegurar que éste tiene “la finalidad de realizar una primera compra de papel para la impresión de libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2019-2020”; y que, con éste, se proporciona “acompañamiento a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, con el objetivo de propiciar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad”.

La realidad es que en la Conaliteg y en la propia SEP hay mucha preocupación, a tal punto que, por la libre, se convocó a impresores para producir 19 títulos “sin entrega de insumos, con devolución de merma”; es decir, que en esos 50 millones de libros –si se asignaran los contratos– no será necesario el papel que comprará Hacienda.

Esta pugna entre la SEP-Conaliteg y Hacienda ya ha llegado a oídos del presidente Andrés Manuel López Obrador; el problema es a quién le cree. Evidentemente, no a los que alertan la crisis de los libros que en breve pondrá en jaque al sistema educativo nacional.

Nancy Flores

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