Recientemente l periodista Chip Gibbons ofreció razones poderosas al Movimiento Ocuppy para que acampe en el complejo industrial militar de Estados Unidos.  

 

Gibbons dice que el actual régimen de encarcelamiento masivo está estrechamente vinculado con las medidas neoliberales que exigen estabilidad en el mercado, pero que, en resumidas cuentas, provocan inestabilidad con su generación de exceso de población y falta de recursos sociales.

 

Mientras el neoliberalismo busca limitar la intervención del Estado en el mercado –al reducir programas de bienestar social en el nombre de la libertad–, se incrementa la coerción, la militarización y el encarcelamiento.

Y con su deseo de sujetar todo aspecto de la sociedad al mercado, las prisiones se convierten no sólo en una necesidad bajo el neoliberalismo, sino en una empresa lucrativa.

 

Esos factores –no una epidemia de criminalidad, dice Gibbons– son la causa principal de los 2.4 millones de personas presas en Estados Unidos, y del hecho de que el país albergue en sus penales el 20 por ciento de la población carcelaria del planeta.

 

La población estadunidense conforma cerca del 5 por ciento de los habitantes del mundo.

 

Al centro de esa avalancha humana hacia los centros penitenciarios está el llamado plea bargain, es decir, la admisión de culpa de un delito que lleve a una condena más leve que la que pudiera imponer el fiscal, el jurado y el juez, si el caso fuera a juicio.

 

Si un acusado hace el plea bargain y acepta su culpabilidad, como resultado pierde el derecho a tener un juicio con un jurado presente.

 

No obstante las Cuarta, Quinta, Sexta, Octava y Catorceava enmiendas constitucionales –que incluyen la presunción de inocencia, el derecho a un proceso legal, a estar informado de los cargos y el derecho a confrontar al acusador en un juicio–, el gobierno estadunidense continúa rehuyendo su responsabilidad de probar la culpabilidad del acusado.

 

En 1920, en Nueva York, cerca del 88 por ciento de casos criminales se resolvían de la misma forma, pero en julio de este año, The New York Times –al citar al magistrado de la Suprema Corte, Anthony Kennedy– reportó que el 97 por ciento de casos federales y el 94 por ciento de casos estatales son resueltos a través del plea bargain. Luego están las prioridades de la clase en el poder en cuanto a la educación de la ciudadanía.

 

El crecimiento del costo del encierro de millones de seres humanos tiene como consecuencia la reducción del gasto en educación superior en varios estados.

 

Abogadas, como Michelle Alexander, proponen que la población insista en tener la defensa apropiada y el juicio que ordena la Constitución, para así frenar la ola de coerción usada para encarcelar más jóvenes afroamericanos y latinos.

 

 

En Pennsylvania, un juez aceptaba sobornos a cambio de enviar jóvenes a una cárcel privada.

 

La empresa Corrections Corporation of America (CCA) ayudó a redactar la tristemente célebre Ley Arizona. Además, CCA envió recientemente una propuesta a 48 gobernadores que ofrece comprar prisiones siempre y cuando éstas estuvieran llenas al 90 por ciento de su capacidad por 20 años.

 

Además, el banco Wells Fargo, que recibiera un rescate financiero del gobierno por 38 mil millones de dólares (provenientes del dinero del pueblo), también ha sido hasta hace poco el accionista más grande del Grupo GEO, dueño de prisiones privadas. Y Goldman Sachs y Merril Lynch venden bonos de construcción de cárceles que después proveen ganancias adicionales a Wall Street.

 

Por su parte, la periodista Yana Kunichoff subraya que mientras el banco Wells Fargo se presenta como el favorito de la comunidad latinoamericana, un nuevo reporte del grupo Acción Nacional del Pueblo descubre que ninguna institución ha tenido un papel tan importante en el financiamiento de las tres empresas carcelarias privadas más grandes que el mismo banco Wells Fargo. Estas empresas son: Corrections Corporation of America, GEO Group y Management and Training Corporation.

 

El rápido crecimiento de la industria carcelaria se debe en gran medida al incremento de detenciones de migrantes indocumentados.

 

De acuerdo con el grupo Detention Watch, entre 2005 y 2010, se duplicó el número de indocumentados arrestados, lo que implica un costo de 1 mil 770 millones de dólares.

 

Como la mitad de los 400 mil migrantes detenidos en centros penitenciarios están en cárceles privadas, así como el 8 por ciento de todos los reos federales y estatales, sólo en 2011, el ingreso anual de CCA y el Grupo GEO –que incluye sus operaciones dentro y fuera de Estados Unidos– ascendió a 3 mil 300 millones de dólares. De acuerdo con el reporte, Wells Fargo provee una línea de crédito de 785 millones de dólares a CCA y es dueña de 98 mil 731 acciones de esa empresa carcelaria. El valor de éstas en junio de este año era de 2.9 millones de dólares. Wells Fargo también invirtió 95.5 millones de dólares en el Grupo GEO y es dueño de 4 millones 201 mil 468 acciones de la empresa carcelaria. El banco también mantiene una línea de crédito para la empresa Management and Training Corporation, dueña de 22 penales que tienen una población carcelaria de 29 mil privados de la libertad. Las corporaciones lucran manteniendo un personal reducido en las cárceles y abaratando los costos; también dejan a los detenidos sin el cuidado médico apropiado y alimentación adecuada.

 

*Periodista en Radio Pacífica en California, Estados Unidos

 

 

 

 

Fuente: Contralínea 313 / Noviembre de 2012