En México, la tortura es una práctica generalizada que es negada sistemáticamente en al menos las siguientes tres modalidades: ya sea negándola descaradamente; desacreditando el trabajo de los expertos en el tema, o eliminando la visibilidad de la denuncia de la misma.

En el presente texto establezco ejemplos de las citadas modalidades. El primero de ellos con relación al caso de Alfonso Martín del Campo (sentenciado a 50 años de prisión); caso en el que el Estado mexicano negó categóricamente la existencia de tortura en México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y respecto del cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado 18 de marzo de 2015, reconoció la existencia de tortura en contra de Alfonso Martín del Campo. La segunda, con relación al informe que realizó el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Tortura y Otros Tratos Crueles, Juan Méndez, en donde señala que en México la tortura es una práctica generalizada. Respecto de dicho informe, en abril pasado, la cancillería mexicana se pronunció señalando que el informe carecía de bases y de un ejercicio de investigación serio para sustentar dicha afirmación. La tercera, respecto de la censura, de facto, realizada a las campañas publicitarias de Amnistía Internacional México en la que se denuncia la existencia de tortura.

Torturando y negando, nada nuevo bajo el sol

La negación por parte de las autoridades nacionales mexicanas respecto de la práctica de la tortura en México no es nueva. Hace ya más de 10 años, en el caso Martín del Campo, las autoridades negaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la existencia de tortura en contra del inculpado. Hace 1 mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló la existencia de tortura en contra del citado ciudadano, tortura mediante la cual lo hicieron confesar la comisión del delito de homicidio y se le sentenció a 50 años de prisión. A mayor detalle expongo el caso.

La madrugada del 30 de mayo de 1992, mientras Alfonso Martín del Campo Dodd se encontraba durmiendo en su domicilio en la Ciudad de México (domicilio que compartía con su hermana Patricia Martín del Campo Dodd, su cuñado Ricardo Zamudio Aldaba y las tres hijas de dicho matrimonio), lo despertaron gritos de pánico de su hermana. Ante tales gritos, el señor Martín fue a investigar qué ocurría con su hermana.

Cuando Martín del Campo intentó acudir a ver lo que sucedía, dos personas desconocidas, con la cabeza cubierta con medias, lo golpearon varias veces e intentaron desmayarlo. Luego, le ordenaron que se vistiera, lo introdujeron en la valijera de uno de los automóviles que estaban en la casa, y condujeron por unos 25 minutos hasta que detuvieron el automóvil. Ahí dejaron abandonado el vehículo.

El señor Martín del Campo logró abrir la valijera del automóvil y salió a buscar ayuda, caminó hasta llegar a un puesto de la Policía Federal de Caminos en la carretera a Cuernavaca. Los policías colocaron a Martín del Campo una bolsa de plástico que le cubría toda la cabeza, esta bolsa la apretaban con el fin de que le faltara aire y al mismo tiempo los policías judiciales iban redactando su versión de los hechos. Martín del Campo señaló que fue obligado a firmar una declaración autoinculpatoria y a colocar su huella dactilar sobre la misma. En dicha declaración, arrancada por coacción, el señor Alfonso Martín del Campo Dodd reconoció haber asesinado tanto a su hermana como a su cuñado, señalando también que trató de aparentar un secuestro para evadir su culpabilidad”.

Con base en la anterior declaración, Alfonso Martín del Campo Dodd fue procesado y condenado a 50 años de prisión por el doble homicidio de su hermana y su cuñado. Aunque el señor Alfonso Martín del Campo impugnó dicho fallo en las vías locales y federales, así como bajo diversos mecanismos jurídicos, se le condenó. Ante la falta de resolución satisfactoria a sus intereses, el señor Martín del Campo acudió a buscar el apoyo de instancias internacionales, dentro de ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Iniciada la petición de Alfonso Martín del Campo ante la CIDH, el Estado mexicano señaló a dicha Comisión que en ningún momento se habían violado los derechos del señor Martín del Campo, que se le respetaron sus garantías constitucionales y sus derechos humanos. Sin embargo, al analizar el caso, la Comisión Interamericana concluyó que Alfonso Martín del Campo fue sometido a torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes por policías judiciales de la Ciudad de México. Tras el dictamen de la Comisión Interamericana el caso fue turnado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la Corte Interamericana señaló que no contaba con competencia, en razón de temporalidad, para conocer del caso.

El caso nuevamente tocó las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2013. El expediente de Martín del Campo fue turnado al ministro Jorge Pardo Rebolledo y resuelto el 18 de marzo de 2015 por votación unánime en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Primera Sala ordenó la inmediata libertad de Alfonso Martín del Campo al haberse comprobado la tortura de la cual fue objeto para obtener su confesión en la comisión de dos delitos. La Primera Sala concluyó que se actualizó el supuesto previsto en el artículo 641 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal que establece que el reconocimiento de la inocencia del sentenciado procede en los siguientes casos:

 “VI. Cuando la sentencia se base de manera fundamental en una confesión obtenida mediante tortura.”

El caso de Martín del Campo es un claro ejemplo de la existencia de tortura en México y la descarada negación respecto de la misma que el Estado da a sus nacionales y a los organismos internacionales. Nada nuevo bajo el sol.

Hace 14 años, el Estado mexicano negó la existencia de tortura ante organismos internacionales; hace más de 1 mes, la Suprema Corte negó jurídicamente lo sustentado por el Estado.

Desacreditando el trabajo de otros

Curiosamente, sólo 1 semana antes del pronunciamiento de la Suprema Corte respecto del caso Martín del Campo, el relator Especial de la ONU sobre la Tortura, Juan Méndez, había presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, un informe realizado tras su visita a México (del 21 de abril al 2 de mayo de 2014). En dicho informe, el relator señaló que la tortura era generalizada en México. En palabras del relator:

“La práctica de la tortura y el maltrato, usado como castigo y como medio de investigación, está generalizada. Esta práctica se produce por varios factores. En la Ley por una ausencia de definición de tortura. Y en la práctica por la costumbre de detener para investigar en lugar de investigar para detener.”

La respuesta por parte del gobierno mexicano a dicho informe no se hizo esperar. El secretario de Asunto Multilaterales de México y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, declaró que el relator de las Naciones Unidas actuó de manera irresponsable, poco ética y sin sustento al realizar su informe. En el mismo sentido, el canciller mexicano José Antonio Meade señaló que el informe del relator especial de las Naciones Unidas sobre Tortura dejó mucho que desear y había una preocupación de que no se aclararan las principales conclusiones del trabajo presentado. El canciller apuntó que el informe del relator se basaba únicamente en 14 casos y que, por lo tanto, no daba lugar a las conclusiones a las que llegó el relator.

Tras las declaraciones realizadas por Juan Manuel Gómez Robledo, el relator de las Naciones Unidas envió una carta al representante de México ante la ONU. En dicha carta, señaló que las declaraciones de Gómez Robledo constituían un ataque personal en su contra. El relator precisó que si bien se analizaron 14 casos, en los mismos existían más de 107 víctimas de tortura, cifra que ningún otro país alcanzaba.

En suma, Gómez Robledo y el canciller Meade desacreditaron categóricamente los informes del relator. Como recurso de última instancia para salvar la endeble imagen de México con relación a las violaciones cometidas en contra de los derechos humanos, las autoridades mexicanas desacreditan a todo aquel que señale la existencia de la misma, no importando si son especialistas en el tema o no.

Invisibilizando la tortura

Finalmente, quisiera señalar que la tortura en México no sólo es negada, sino también invisibilizada de facto. Para sustentar dicha afirmación conviene traer a cuenta lo que está aconteciendo en México a la organización no gubernamental Amnistía Internacional México.

El 7 de abril pasado, Amnistía Internacional México lanzó la campaña Dona tu Muro: Paredes contra la Censura. Mediante dicha campaña, el organismo internacional pedía a los ciudadanos que donaran sus muros y balcones para que sobre ellos se pintara o se colgaran lonas donde se denunciara la existencia de la crisis en México respecto de la situación de los derechos humanos.

La campaña señalada surgió a partir del disenso entre el organismo internacional y una agencia publicitaria. Amnistía Internacional había firmado un contrato y realizado el depósito para realizar una campaña sobre tortura, desaparición forzada y otras violaciones de derechos humanos con la citada agencia. Posteriormente, la empresa publicitaria señaló que no realizaría la campaña pactada, pues el contenido de la misma era “inapropiado”.

El director de Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz Rendón, informó que la campaña publicitaria sobre tortura, desaparición forzada y otras violaciones de derechos humanos descrita iba a ser realizada en varias líneas del Metrobús y del Tren Ligero, en la Ciudad de México. Sin embargo, la agencia publicitaria frenó el convenio horas antes de que se montaran los anuncios en las vallas de ese transporte público. El representante del citado organismo internacional señaló:

 “No sé si fueron presiones [por parte del gobierno], pero lo que nos dijeron es que el contenido era inadecuado. Se tardaron 2 o 3 semanas en reaccionar y decir que era inadecuado y que tenía tono político. Pero eso no nos frenó, si los concesionarios no quieren y tienen miedo de poner estos mensajes en espacios que son públicos –que debemos utilizar para temas que son de interés público y no sólo utilizarlos para los partidos políticos– nosotros buscamos una alternativa, y es que las personas nos presten sus muros.”

Si bien la negación de la citada agencia publicitaria no se puede atribuir de iure al Estado, tampoco se puede negar que la misma contribuye a un fenómeno de invisibilización. Uno que parece ser sistemático y que pretende que la sociedad civil y la opinión internacional señalen que en México no pasa nada.

A los mexicanos pido que se mantengan informados y denuncien la existencia de la tortura, así como de otras violaciones de derechos humanos cometidas en México en contra de nacionales y no nacionales. Pido que no se queden callados y vigilen al gobierno, que no se dejen engañar, ni permitan que se invisibilice la existencia de dicha práctica.

Donemos el muro (http://amnistia.org.mx/nuevo/2015/04/07/dona-tu-muro-paredes-contra-la-censura/?o=n).

Luis Enrique Rosas*

*Abogado constitucionalista, licenciado en derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, México

[OPINIÓN]

Contralínea 436 / del 11 al 17 de Mayo 2015