En Estados Unidos, sólo en 2012 las empresas dueñas de prisiones privadas recibirán 2 mil millones de dólares del dinero del pueblo como pago por el encarcelamiento de más de 400 mil migrantes.
Entre los encarcelados están algunos con o sin documentos migratorios, sobrevivientes de tortura, solicitantes de asilo político, mujeres embarazadas, niños e individuos que están seriamente enfermos y sin cuidado médico adecuado.
De acuerdo con el periodista Scott Cohn, los penales que los albergan emplean casi 800 mil trabajadores, lo que equivale a una fuerza laboral mayor que la de la industria automotriz.
El Grupo GEO, asociado íntimamente al banco Wells Fargo, y cuyo principal cliente es la policía de migración, reporta que sus ganancias desde 2000 aumentaron de 16.9 millones a 78.6 millones de dólares.
En medio de una cortina de humo creada por una campaña mediática promovida por Lou Dobbs en CNN, otros abiertos antiinmigrantes en la red radial Clear Channel y políticos al servicio de las empresas carcelarias privadas, se ha logrado la aportación de más dinero para las compañías Corrections Corporation of America (CCA), el Grupo GEO y Management and Training Corporation.
Estas empresas gastaron casi 45 millones de dólares en contribuciones a campañas electorales de políticos y en cabildeo para obtener las lucrativas concesiones del gobierno.
Los encarcelados suman poco mas de 2.4 millones de hombres, mujeres y niños, pero por el ansia del lucro, las empresas tienen puestos los ojos en los más de 12 millones de indocumentados que pueden convertirse en sus “huéspedes” y lograr con ello un crecimiento exponencial para sus negocios.
El director ejecutivo del grupo Enlace, Peter Cervantes-Gautschi, dijo a Inter Press Service que en México entidades financieras elevan los intereses a niveles astronómicos forzando a la gente a vender sus casas y emigrar a Estados Unidos, donde al llegar descubren que las mismas empresas (Wells Fargo, General Electric, Fidelity Instruments y otras) promueven su persecución y encarcelamiento con el fin de lucrar con su encierro forzado.
En el caso del estado de Arizona, el periodista Chris Kirkman señala que en el condado del Pinal, CCA se ha convertido en el “centro de detención de migrantes” con más de 3 mil detenidos diarios.
El condado recibe 2 dólares al día por cada prisionero retenido por la empresa. En 2011, CCA pagó 1.4 millones de dólares, lo cual significa una inyección de vida para un estado azotado por la crisis económica.
Poco después de los trágicos eventos del 11 de septiembre de 2001, la creación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (United States Department of Homeland Security, DHS) dio paso al crecimiento financiero de las empresas de cárceles privadas.
El entonces presidente George Walker Bush cedió a DHS el trabajo de “controlar la frontera para prevenir la entrada de terroristas y explosivos al país”.
En 2004 George Zoley, el principal ejecutivo del Grupo GEO, ayudó a reunir 100 mil dólares para la campaña de reelección de George Bush hijo.
Los contratos de la policía de migración (Immigration and Customs Enfocment) han sido una bonanza para las prisiones privadas. De acuerdo con la Comisión de Seguridades e Intercambio, en 2005 la CCA tuvo ingresos de 95 millones de dólares, y el año pasado la suma ascendió a 208 millones.
Mientras que en el mismo periodo los ingresos del Grupo GEO subieron de 33.6 millones a 216 millones de dólares.
El largo brazo de las empresas no se limita “al convencimiento” de los legisladores en Washington. El periodista William Fisher ofrece un ejemplo de manipulación del sistema judicial.
Fisher señala que en Scranton, Pennsylvania, los jueces Mark Ciavarella Junior y Michael Conahan admitieron haber recibido 2.6 millones de dólares en sobornos a cambio de que enviaran jóvenes a dos centros de detención privados: El PA Child Care, en Pittston Township y el Western PA Child Care, en el condado de Butler.
Desde 2003, Ciaverella había sentenciado a cerca de 5 mil jóvenes, mientras que Conahan se encargaba de arreglar los contratos.
Luego está el importante papel que juega el American Legislative Exchange Council (ALEC), financiado parcialmente por la industria carcelaria.
Éste funciona como un frente poderoso para promover leyes favorables entre legisladores y políticos.
El senador estatal de Arizona, Russell Pearce, introdujo “el modelo” legislativo (SB1070 o Ley Arizona) de ALEC al gobierno de su estado, después de haberle incluido el perfil racial diseñado por la cabildera de CCA Laurie Shanblum. Ese mismo sistema ya había tenido un éxito rotundo en la privatización de cárceles en Texas.
En su investigación, la televisora Arizona’s KPHO-TV descubrió que Paul Senseman, el subjefe de personal de la gobernadora de Arizona, Janet Brewer, era un excabildero de CCA, y que su esposa Kathryn todavía trabaja para el Policy Development Group, una compañía cabildera al servicio de CCA.
Por su parte, Chuck Coughlin, jefe de campaña de la gobernadora Brewer, está a cargo de la compaña cabildera que representa a CCA.
La espina dorsal de las legislaciones antiinmigrantes es la implantación de Safe Neighborhoods/Comunidades Seguras; por medio de éstas la policía municipal detiene y arresta a personas de apariencia latina y luego las entrega a la policía de migración.
En tanto, algunos reportes hablan de detenidos que padecen enfermedades físicas o mentales, incidentes de tuberculosis, viruela u otras enfermedades contagiosas.
Catherine Rouse, una enfermera en Arizona renunció después de ver cómo se les negaba a los presos la medicina que necesitaban y a algunas enfermeras realizando labores que no estaban calificadas para hacer: “los perros reciben mejor trato en una perrera”, dijo.
Por su parte, el abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, David Shapiro, señala que los más recientes documentos obtenidos sobre el Departamento de Seguridad Interna revelan que su “cultura de hermetismo”, no ha cambiado.
El argumento de la guerra contra las drogas para justificar el encarcelamiento masivo de personas de color en Estados Unidos comenzó a usarse en California a principios del siglo XX, según reporta Pete Guither en drugwarrant.com.
La cannabis ya era conocida en Estados Unidos en 1600 y su uso legal permitía la existencia de muchos plantíos de mariguana en el país. Todo eso cambio a principios del siglo XX, con el empleo de mexicanos mal pagados por parte de los grandes rancheros estadunidenses.
Eso exacerbó las tensiones entre ellos y otros pequeños que enfrentaban un creciente desempleo.
Los políticos de California, a sabiendas de que ya no necesitaban el trabajo de sueldos de hambre de los que huían de la violencia de la Revolución en México, pronto aprobaron la primera ley que prohibía el uso de hemp, también conocida como locoweed o marijuana.
La campaña antimexicana se duplicó en otras partes de Estados Unidos. En 1927, el diario Butte Montana Standard, citando a un legislador, dijo: “cuando un peón del campo consume un poco de esa cosa, piensa que ha sido electo presidente de México y pronto empieza a ejecutar a todos sus enemigos políticos”.
Los diarios del capitalista William Randolf Hearst, que odiaba a los mexicanos, también fueron parte de la propaganda contra la mariguana.
En las páginas del San Francisco Examiner se podía leer: “¿fue la mariguana la droga mexicana que agitó el brazo asesino de Clara Phillips cuando mató a su víctima a martillazos en Los Ángeles?”.
En otra edición decía: “tres cuartas partes de los crímenes violentos en este país son cometidos por esclavos de la droga. Ésos son los hechos concretos”.
En 1934, los periódicos editorializaron: “la mariguana hace que los negros miren a la gente blanca directamente a los ojos, se paren en las sombras de los hombres blancos y miren dos veces a la mujer blanca”.
A su vez, Harry J Anslinger, titular de la Oficina Federal de Narcóticos, decía que esa mariguana causaba que mujeres blancas buscaran relaciones sexuales con hombres de color, entretenedores y otros.
Por su parte, la escritora Michelle Alexander señala que si bien Richard Nixon acuñó la frase “guerra contra las drogas”, fue el expresidente Ronald Reagan quien realmente la aplicó como un mecanismo para enviar a la cárcel a un gran sector de la población de color.
Eso tenía como fin convertir a los afroamericanos en exconvictos, robándoles con ello sus derechos a votar, excluirlos de los jurados, negarles el empleo, vivienda, educación y beneficios públicos.
Eso también permitiría al Partido Republicano atraer votantes blancos pobres desencantados con el sistema.
Los demócratas pronto se incorporaron al juego tratando de probar que ellos eran más duros con los “parias de color”.
Alexander dice que las políticas de “duro con el crimen” de Bill Clinton se tradujeron en el más alto incremento de la población en las cárceles estatales y federales de la historia del país.
Clinton y los “nuevos demócratas” promovieron legislaciones que negaban a exconvictos el acceso a viviendas públicas y beneficios públicos básicos como estampillas de alimentos de por vida.
Ya en el siglo XXI, la periodista Yana Kinichoff señala que los migrantes se consumen en las cárceles privadas de Estados Unidos mientras son obligados a trabajar por menos del sueldo mínimo para empresas de lucro, como Corrections Corporation of America.
Kinishoff subraya que muchos de los prisioneros fueron detenidos supuestamente porque trabajaban sin permiso, y ahora se les pide que laboren por sueldos de entre 1 y 3 dólares al día.
Entre los patrocinadores corporativos de los centros penitenciarios privados están el banco Wells Fargo, Nordstrom’s, Microsoft, IBM, Revlon, Target, Dell, Hewlett-Packard y hasta AT&T.
Por su parte, Steve Fraser y Joshua Freeman aseguran que el trabajo carcelario ha retornado con furia, y ahora cerca de 1 millón de prisioneros están siendo rentados para trabajar fuera de los penales.
Éstos son empleados en la fabricación de muebles, centros de operaciones telefónicas, en carnicerías, en la manufactura de textiles, ropa y calzado. Los presos reciben salarios de entre 93 centavos de dólar hasta 4.73 dólares por día.
Este sistema de explotación no es nuevo, dicen, pues en la década de 1820 se inició en el estado de Nueva York y pronto se extendió a todas las regiones de Estados Unidos.
Durante la Gran Depresión, de entre 1870 y 1890, se aplicó como una medida para abaratar costos laborales con el fin de contrarrestar los constantes pánicos, bancarrotas masivas y competencia destructiva.
La aprobación de la décimo tercera enmienda constitucional que abolió la esclavitud permitió una excepción para el servilismo penal, porque era la forma dominante de castigo en los llamados “Estados libres”.
Al concluir la Guerra Civil, la renta de prisioneros sufrió una metamorfosis y adquirió varias formas, entre ellas los llamados Códigos Negros, peonaje para saldar deudas, el sistema de embargo de cosechas, contratos laborales de por vida y terror de vigilantes. Los convictos eran rentados a dueños de minas de carbón, herrerías y empresas de ferrocarriles, entre ellas la Tennessee Coal and Iron, la misma que al final del siglo se convirtió en el Complejo de Aceros de JP Morgan, que hiciera frecuente uso del trabajo de convictos.
Los prisioneros laboraban jornadas que duraban desde el amanecer hasta la puesta del sol y se extendían más allá del punto del agotamiento físico. Los que morían eran enterrados en fosas comunes sin marca en la orilla del camino o eran incinerados en los hornos. El promedio de heridos era de un obrero al mes e incluían fallas respiratorias, quemaduras, desfiguración física y mutilaciones del cuerpo.
El sistema del Sur también sobresalió por los íntimos nexos entre las empresas industriales, comerciales y agrícolas y los policías, jueces y oficiales del gobierno del estado, que conspiraban para mantener latente el sistema de trabajo carcelario.
Gran parte del salario de los policías eran las multas y cuotas asociadas con “las convicciones”, sumas que crecerían después con la cantidad de “trabajo forzado” exigido al prisionero.
Los arrestos eran sincronizados con el ciclo de negocios y su realización coincidía con el crecimiento o reducción de la demanda de mano de obra.
De igual manera, las autoridades del condado y del estado contaban con esos ingresos para revitalizar sus tesoros. La fórmula para solventar crisis económicas previas con trabajo forzado de prisioneros probó ser efectiva. El dramático retorno de esas prácticas recuerda la frase popular estadunidense: “mientras más cambian las cosas, más se quedan igual”.
*Periodista de Radio Pacífica en California, Estados Unidos
TEXTOS RELACIONADOS:
Fuente: Contralínea 297
