La campaña mediática de la administración de Barack Obama diseñada para obtener apoyo para su bombardeo (limitado por 60 días, con una posible extensión a 90 días, sin poner soldados dentro del país, según planes de un comité senatorial) contra Siria incluye acusaciones de “uso de armas químicas contra su propio pueblo”.

El argumento sugiere que si el presidente de Siria, Bashar al Assad, es capaz de usar esas armas terribles contra sirios, lo haría con más facilidad contra gente de otros países, lo cual incluye a Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio.

Los golpes de pecho de la administración de Obama sobre el tema coinciden con comentarios en los medios sobre un escándalo provocado en 1998 por el programa News Stand de CNN, el mismo que revelara que, en 1970, el ejército estadunidense envió fuerzas especiales a Laos en busca de un campamento donde vivían desertores (estadunidenses) y luego les dio muerte usando gas sarín.

De acuerdo con la periodista Jennifer Epps, se trataba de una operación negra o blackOp, llamada Operación Tailwind en la que murieron cerca de 100 laosianos.

El programa de CNN provocó airadas protestas del Pentágono, de veteranos de guerra y oficiales como Henry Kissinger, quien en el momento del ataque fungía como asesor de seguridad nacional.

La agencia noticiosa se disculpó ante su audiencia y despidió a Jack Smith y April Oliver, los productores del programa, tras decir que se trataba de un error.

Smith y Oliver demandaron a la patronal por despido injustificado, pero no sólo para ganar el pleito: uno de los demandantes recibió 1 millón de dólares y el otro una suma indeterminada como pago por daños a los dos periodistas.

Justicia para los productores

Los productores después obtuvieron reconocimiento por su integridad periodística con la publicación del libro Me and Ted against the world: the unauthorized story of the founding of CNN”.

En éste, el cofundador y primer presidente, Resse Schonfeld, relata cómo durante una deposición, el almirante Thomas Moorer, testigo clave en la historia, indicó que Oliver lo había citado correctamente en el reporte sobre la Operación Tailwind.

Admitió que a veces algunos desertores fueron asesinados porque el comandante Jack Singlaub (importante figura de la Liga Anticomunista Mundial) les había dicho que matar desertores era una prioridad.

Cuando le preguntaron sobre el uso del gas sarín, Moorer dijo que si el arma podría salvar vidas de estadunidenses él no vacilaría en usarlo.

El sitio en internet de CNN enfoca el incidente retrospectivamente con un mensaje que dice: “Nosotros no creemos que puede razonablemente sugerirse que cualquier información en la que se basó el reporte fue fabricada o inexistente”.

Experimentos nucleares y la salud pública

Luego está la radiación nuclear aplicada a los estadunidenses durante las llamadas pruebas nucleares. De acuerdo con la Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, entre 1951 y 1958, 100 pruebas nucleares fueron realizadas en el estado de Nevada, en un sitio ubicado como a 100 kilómetros de la ciudad de Las Vegas.

El poder promedio de las pruebas atmosféricas fue de 8.6 kilotones. El polvo radiactivo contenía radionucleidos y gases que fueron transportados por el viento a miles de kilómetros de distancia.

La población estadunidense fue expuesta durante esos años a los efectos de la radiación emitida por las pruebas que, por encima de todo, tenían por objeto la fabricación de armas de destrucción masiva como las usadas contra la población civil de Hiroshima y Nagasaki, en Japón.

Según relata el doctor Alan Cantwell, autor del libro Queer blood: the secret AIDS genocide plot, agencias del gobierno estadunidense –como la Comisión Atómica, los departamentos de Defensa, Salud, Educación y Bienestar, Servicio de Salud Pública, el Instituto Nacional de Salud, la Administración de Veteranos, la Agencia Central de Inteligencia y la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio– son responsables de que millones de personas fueran expuestas a las pruebas nucleares continentales atmosféricas y subterráneas.

Estas pruebas incluyeron la dispersión secreta de radiación.

Luego están los más de 200 mil “veteranos atómicos” que laboraban cerca de las detonaciones nucleares en Nevada, entre las décadas de 1950 y 1960.

Estas pruebas, dice Cantwell, impactaron a la gente que vivía en poblados, viento abajo, en Nevada, Utah, Colorado y Nuevo México.

El investigador añade que esos pobladores expuestos al viento radiactivo también sufrieron al ingerir la carne de animales de corral y otros productos agrícolas contaminados. El ensayo con fotografías de Carole Gallagher, titulado American ground zero: the secret nuclear war, revela el sufrimiento de esas víctimas de enfermedades inducidas por el gobierno en su afán de construir armas de destrucción masiva.

Cantwell subraya que la publicación –en el diario Albuquerque Tribune en 1993– de los nombres de 18 estadunidenses que fueron secretamente inyectados con plutonio y la historia de la periodista Eileen Welsome revelaron la falta de ética y lo inhumanos que eran los estudios nucleares. Las protestas provocadas por esas revelaciones llevaron al Departamento de Energía a ordenar la publicación de los archivos secretos sobre experimentos realizados durante la Guerra Fría.

La monstruosidad de los “estudios científicos”

Para Cantwell, el propósito de esos experimentos secretos era supuestamente establecer estándares de seguridad ocupacional para personas empleadas en la producción del plutonio. Algunos experimentos entre 1946 y 1954 incluyeron: exponer a más de 100 pobladores de Alaska a yodo radiactivo, alimentar a 49 jóvenes con retraso mental con cereal mezclado con hierro radiactivo y calcio, así como exponer a 800 mujeres embarazadas a hierro radiactivo, inyectar a siete bebés recién nacidos (seis negros) con yodo radiactivo y exponer los testículos de más de 100 prisioneros a radiación cancerígena.

Otros experimentos se realizaron con pacientes de una clínica siquiátrica en San Francisco, prisioneros en San Quintín y pacientes del hospital general de Cincinnati.

¿Y todavía piensan que les queda un fragmento de derecho moral para apuntar el dedo acusatorio hacia el gobierno de Bashar al Assad?

*Periodista en Radio Pacífica, en California, Estados Unidos