La administración de Felipe Calderón ejerce “presión” política mediante las áreas de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los instrumentos de presión a sus opositores son auditorías, investigaciones por lavado de dinero y requerimientos de pago de impuestos, consideran legisladores
Érika Ramírez / Isabel Argüello
Expedientes integrados por las áreas de inteligencia financiera del país son utilizados como “arma de control político” en contra de empresarios, legisladores, políticos y luchadores sociales. Auditorías, investigaciones por lavado de dinero u operaciones con recursos de procedencia ilícita y requerimientos de pago de impuestos, entre otros, son la vía de este ejercicio de “presión” en la administración de Felipe Calderón, aseguran legisladores.
Luego de que Contralínea hiciera públicas las investigaciones que siguen las áreas de inteligencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a “personas políticamente expuestas”, diputados de las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y del Trabajo (PT) coinciden que éste es un mecanismo de “represión” del gobierno federal.
Entre los casos expuestos, están el de Emilio Chuayffet Chemor, diputado federal por el PRI; Gregorio Sánchez Martínez, excandidato a la gubernatura de Quintana Roo; Patricio Patrón Laviada, actual titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y el del senador priista Manlio Fabio Beltrones. Éstos han sido tratados de distinta forma por la administración federal. Las encargadas de llevar los expedientes son la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Mario Di Costanzo, integrante del grupo parlamentario del PT en la Cámara de Diputados, explica que siempre que se lleva a cabo una operación o averiguaciones sobre manejo de recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero o evasión fiscal es porque las autoridades creen tener elementos suficientes para iniciar acciones judiciales.
Sin embargo, agrega, “es preocupante que las pesquisas se inicien para amenazar a los políticos; abrir investigaciones por si estos señores se pasan de listos o hacen algo que políticamente no le convenga al gobierno.
“Si no se hace nada ante las evidencias [de lavado de dinero], es claro que se está utilizando a la Unidad de Inteligencia Financiera como un arma de represión política. Si se tienen pruebas, que procedan, como lo hicieron en el caso de Greg Sánchez”, añade.
Investigaciones desde los estados
Manuel Clouthier Carrillo, diputado federal panista, explica, en entrevista, que el mismo mecanismo se utiliza en el nivel local “para reprimir políticamente. Ésta es una realidad, y el movimiento magistral (de las secretarías de Finanzas) se lleva a cabo cuando utilizan a la Secretaría de Hacienda para esos fines. Es una preciosidad (su manera de actuar fiscalmente) porque no puedes señalar al gobierno del estado como quien ejerce esta presión. Te fastidian. Estos casos se dan y han operado así en Sinaloa”.
A los empresarios y políticos, dice, “se les practican auditorías, fincan responsabilidades, determinan supuestos adeudos fiscales. Todo esto precisamente para tenerlos bajo presión, sobre todo cuando se avecina un proceso electoral.
“En Sinaloa es muy común que se haga esto para que ningún empresario te apoye económicamente, porque va a estar bajo los ojos del fisco y de la autoridad. La gente no quiere que los vean contigo”, expone el hijo del candidato presidencial del PAN en 1988, Manuel de Jesús Clouthier.
Hace medio año, el diputado panista acusó al gobierno de Felipe Calderón de avalar la “narcopolítica” en Sinaloa, de donde es oriundo. En la entrevista publicada entonces en el semanario Proceso, acusó al régimen calderonista de proteger al cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, fugitivo desde los primeros meses del sexenio de Vicente Fox.
UIF reprobada
De los expedientes integrados en la UIF, el de Patrón Laviada involucra supestamente a miembros de su familia con cárteles de la droga y el blanqueo de capitales. El relacionado con Chuayffet Chemor fue iniciado al detectarse el depósito de varios millones de pesos en efectivo en diversas instituciones bancarias.
El expediente de Manlio Fabio Beltrones muestra que la pesquisa en su contra, y de su hermano Roberto Alcides, se debe a que los funcionarios de la UIF detectaron en las cuentas particulares del político sonorense que se han realizado operaciones financieras y bancarias “inusuales” y “relevantes”.
En tanto que el caso del perredista Gregorio Sánchez Martínez, ahora preso en el penal de máxima seguridad de Nayarit, se inició bajo acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero (Contralínea 194).
Para el petista Mario Di Costanzo, el trabajo de la UIF está en duda, pues además de los casos expuestos, la Unidad de Inteligencia debería investigar el flujo de capitales de los bancos, en los que se han detectado excedentes en el circuito financiero.
Di Costanzo dice que de las investigaciones relacionadas con el delito de lavado de dinero “le pondría una calificación de tres, siendo el máximo 10 y el menor cero. Esto porque en México sólo tres de cada 100 acusados por lavado de dinero son consignados”.
En el caso de los políticos o de las personas políticamente expuestas, arguye, “yo quisiera saber quién de los políticos efectivamente, en su declaración patrimonial, cuenta todos sus bienes. Esto refleja una gran mentira en su declaración patrimonial.
“Eso viene de la falta de transparencia que hay desde las cuentas del Estado mexicano, desde el verdadero sueldo de los senadores y de los funcionarios públicos y llega hasta lo que la Unidad de Inteligencia Financiera quiera inventar o quiera dilucidar”, opina.
Priistas en defensa
Felipe Solís Acero, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, duda de las investigaciones que lleva a cabo la UIF en contra de sus correligionarios.
“No creo que el senador [Manlio Fabio Beltrones] tenga problema alguno. Es un hombre cuidadoso, honesto, honrado. Lo conozco y me parece indebido que una información que está protegida por el secreto bancario sea difundida o filtrada”, opina el legislador priista.
Coincide con los legisladores del PAN y PT acerca de que se esté usando la información fiscal como instrumento de presión. “De ser así, el gobierno está utilizando información bancaria que está protegida por la ley, con el propósito de lastimar personalmente a adversarios políticos”.
Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados e integrante del grupo parlamentario del PAN, se limita a decir sobre las pesquisas de la SHCP: “Son momentos en que tenemos que hablar y ponernos de acuerdo y eso ocurrirá cuando veamos los grandes temas nacionales”.
Operaciones sospechosas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reporta al mes de junio de este año 24 mil 449 “operaciones inusuales”, que son aquellas “actividades, conductas o comportamientos que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los respectivos clientes de las instituciones financieras…”. La cifra representa el 46.16 por ciento de las operaciones detectadas en 2009, que llegaron a 52 mil 958.
De las “operaciones preocupantes”, la UIF indica que hasta el primer semestre de este año se registraron 53. En tanto, el año fiscal anterior llegaron a 119. Estas acciones involucran a “directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras y demás sujetos obligados en términos de dichas disposiciones que, por sus características, pudieran contravenir o vulnerar la aplicación de las normas en esa misma materia…”.
Los “expedientes consolidados”, que son llevados por la Unidad de Inteligencia hacendaria, hasta junio pasado, ascienden a 16 mil 141. Mientras que, en 2009, llegaron a 35 mil 807 casos. Estos documentos se integran una vez que el área de investigación tiene diversos reportes “inusuales” y “preocupantes” de una misma persona.
Fuente: Contralínea 195 – 15 de Agosto de 2010
