La impunidad en el manejo corrupto de las finanzas del PRD, al descubierto. Los mismos perredistas confiesan irregularidades, simulaciones y ocultamiento de información. Las revelaciones, en el informe final de la Comisión Especial Investigadora contra la Corrupción sobre la Administración de Rosario Robles, un documento celosamente ocultado en los sótanos del partido

Quienes emprendieron el esclarecimiento de la corrupción e impunidad en el manejo de las finanzas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) mejor se rindieron ante su descomunal caos o lo dejaron por la paz para no ser objeto de investigaciones de la Procuraduría General de la República por fraudes y del Instituto Federal Electoral (IFE), por rebasar topes de campaña en las elecciones federales de 2003.

Por eso, el noveno Congreso Nacional del PRD, realizado en abril de 2005, resolvió mejor mandar al archivo el informe de la Comisión Especial Investigadora contra la Corrupción sobre la administración de Rosario Robles, presidenta del partido de 2002 a 2003, en la que tuvo una participación destacada el empresario argentino Carlos Ahumada.

El carpetazo también recibió el visto bueno del entonces líder nacional del partido, Leonel Godoy, actual gobernador de Michoacán, cuya administración fue puesta recientemente en entredicho por las autoridades federales, en virtud de sus posibles nexos con el narcotráfico.

El congreso del PRD de 2005 tampoco dio a conocer el “voto particular” de Alejandro Morales Becerra, integrante de dicha comisión. El documento de 133 páginas, fechado el 22 de abril de 2005, sostiene que el partido se abstuvo de aplicar sanciones estatutarias y penales a todos aquellos que pusieron en riesgo su existencia con Rosario Robles Berlanga, inclusive ella misma, y a pesar de que había indicios suficientes para llevarlas a cabo.

Existían testimonios y evidencias para comprobar irregularidades graves como el endeudamiento inusitado, que sobrepasaba su capacidad de pago; conductas delictivas en el manejo de las prerrogativas del IFE; violaciones a los estatutos; componendas con medios de comunicación para subsanar adeudos, y pagos anormales a empresas privadas, entre otras.

No sólo tenía responsabilidad Rosario Robles, sino también otros destacados perredistas por acción u omisión, como Carlos Navarrete, entonces secretario general del PRD (actual coordinador de los senadores del partido); José Ramón Zebadúa González, coordinador general de administración y finanzas del CEN; María Eugenia López Brun, secretaria de Finanzas; Ricardo García Sainz, responsable del Órgano Central de Fiscalización (actual contralor general del gobierno de Marcelo Ebrard en el Distrito Federal), y Carlos Armando Bello, director de contabilidad, por distintos motivos.

El “voto particular” de Alejandro Morales asegura que el Comité Ejecutivo Nacional en tiempos de Rosario Robles Berlanga “incumplió mandatos estatutarios que lo obligaban a evitar el desastre económico, administrativo y ético en el que se encontraba el PRD”. Por lo tanto, fueron omisos José Luis Jaime Correa, José Antonio Rueda Márquez, Juan Guerra Ochoa (exdiputado), Mario Gilberto Saucedo Pérez, Martha Dalia Gastelum Valenzuela, Feliciando Rosendo Marín Díaz, Silvia Gómez Tagle, Trinidad Morales Vargas, Guadalupe Acosta Naranjo (expresidente del PRD), Claudia Sofía Corichi García (senadora), Carlos Sotelo García, Jesús Ortega Martínez (dirigente actual del partido) y Martí Batres Guadarrama (secretario de Desarrollo Social del gobierno de Marcelo Ebrard).

El documento de Alejandro Morales Becerra señala: “Nunca seremos capaces de transformar democráticamente al sistema ni de crear una sociedad más justa, si en nuestro interior no se practica la democracia y no se erradica la corrupción y la inequidad”.

Dice también: “El hallazgo, pues, de actos de corrupción en el instituto político sólo confirma lo que ya se sabía: en el PRD los recursos económicos y las posiciones han adquirido un poder inusitado capaz de corroer sus estructuras”.

Al defender su voto particular, sostiene: “Ha llegado la hora de tomar medidas de fondo. Se deben promover sanciones estatutarias y legales a todos los involucrados en los hechos de corrupción”. Pero la propuesta no fue tomada en cuenta.

“En el PRD, lo sabemos, se tienen muchos adversarios fuera, pero hoy el peligro mayor está adentro”, puntualiza.

Jaime Cárdenas, diputado electo por el Partido del Trabajo, también encabezó a la Comisión Especial Investigadora contra la Corrupción en la administración de Rosario Robles, pero renunció al poco tiempo porque no le dieron toda la información documental que solicitaba, no le dejaron practicar una auditoría integral y no le permitieron citar al entonces gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, para que compareciera.

No obstante, alcanzó a percibir por distintas versiones que la situación de las finanzas del partido era grave. El exconsejero del IFE recuerda, por ejemplo, que Carlos Payán, quien formó parte de una comisión previa a la de anticorrupción, se extrañó de la forma en que el PRD redujo su deuda de 600 a 400 millones de pesos en poco tiempo.

—El informe final de la Comisión Especial Investigadora contra la Corrupción recoge un testimonio de Carlos Armando Bello, director de contabilidad de la coordinación de Finanzas del partido, quien advirtió que si se daba a conocer toda la información no iban a poder justificar los gastos ante el IFE y eso podía dar lugar a un Pemexgate –se le menciona a Morales Becerra.

—El asunto de los videoescándalos de Carlos Ahumada con personajes del PRD era tan grave, desde el punto de vista electoral, como el Pemexgate o Amigos de Fox. Es un problema de esa magnitud y esas características, y sí requeriría de una investigación a fondo.

—¿En el informe final de la comisión anticorrupción se menciona la participación del empresario argentino Carlos Ahumada, como intermediario, negociador y beneficiario de la presidencia de Rosario Robles? –se le pregunta.

—Pues ahora en su libro Derecho de réplica, Ahumada cuenta todo eso. Con esos elementos y lo que sabe la gente del PRD, el IFE está obligado a abrir una indagación. Si ya prescribió o no, en su momento lo tendrá que decir el IFE, luego de que realice las investigaciones. A eso también está obligada la Fepade (Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales).

Si el partido no siguió fue por el temor a que las averiguaciones de la PGR o del IFE les implicaran multas mayores, puntualiza.

“Ésa es una historia no concluida en el PRD ni en el IFE, por eso ahora se requiere esclarecer los hechos. Tenemos que saber respecto de las acusaciones contenidas en el libro de Carlos Ahumada, sobre si hubo o no financiamiento ilegal en las campañas del PRD”, sostiene el también profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Los hechos

El “voto particular” de Alejandro Morales sobre el informe de la “Comisión Especial Investigadora contra la Corrupción sobre la administración de Rosario Robles” contiene una síntesis de las diligencias, documentos y testimonios del expediente, guardado celosamente en los sótanos del PRD.

Señala, por ejemplo, que el despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza no concluyó la auditoría que le encargó el PRD sobre la situación financiera del PRD al 31 de diciembre de 2003, una vez transcurridas las elecciones federales a diputados de ese año.

Sin embargo, el despacho mencionó los motivos: demora en los registros y la inconsistencia de los mismos, falta de documentación comprobatoria, ausencia de contratos debidamente requisitados que precisaran las condiciones de las operaciones del partido, particularmente con la radio y la televisión.

Asimismo, irregularidades en el diseño y operación de la estructura de control interno, destacando la falta de políticas para asegurar las mejores condiciones del gasto para adquirir bienes y servicios, como son cotizaciones o licitaciones para erogaciones por montos importantes o recurrentes.

El PRD no fue capaz de cruzar esta información con la que obtuvo a través del Órgano Central de Fiscalización del partido, de la denuncia interpuesta por la exdiputada Rosa María Avilés, de los testimonios de Adriadna Montiel Reyes, secretaria de Finanzas del partido en el Distrito Federal; de los testigos Dolores Padierna, exjefa delegacional en la Cuauhtémoc, y Agustín Guerrero Castillo, dirigente del PRD en la capital, así como de la revisión y sanciones millonarias que le aplicó el IFE por anomalías graves en la presentación de sus gastos de campaña de 2003. Todas las fuentes coincidían en las mismas irregularidades.

El partido simplemente se conformó con tener una auditoría privada irresuelta y se abstuvo de fincar responsabilidades.

Al inicio de la gestión de Rosario Robles en la dirigencia nacional, los pasivos eran de 120 millones de pesos. Tres años después no se sabía a ciencia cierta a cuánto ascendían. Oficialmente se dijo que eran de 410 millones de pesos, pero había pasivos no reconocidos.

Robles Berlanga –primera jefa de Gobierno del Distrito Federal por el PRD, de 1999 a 2000– aceptó que el presupuesto de 2002 fue modificado y se elevó el endeudamiento, pero alegó que éste fue una medida política para posicionar mejor al partido, la cual fue aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo Nacional.

Pero los estatutos, dice el documento, no otorgaban a Rosario Robles Berlanga ni al Comité Ejecutivo Nacional la facultad de modificar el presupuesto, y no existe sesión alguna en donde el Consejo Nacional aceptara ese cambio.

Sin sesión de por medio, el Consejo Nacional consintió un acuerdo para que el CEN modificara el presupuesto, pero los estatutos tampoco le otorgaban esa facultad. Sus integrantes incurrieron en responsabilidad, además de que no se hizo del conocimiento al Congreso Nacional ni a la comisión de garantías y vigilancia.

“El pragmatismo político no justifica la violación de los principios del partido, pues de lo contrario se permitiría cualquier acto a costa de la obtención del poder”, señala el documento.

Además, Robles Berlanga incurrió en otra responsabilidad administrativa al modificar de facto el funcionamiento financiero del partido al crear y dar facultades amplísimas a la Coordinación General de Administración y Finanzas, relegando en la práctica a la Secretaría de Finanzas del partido.

“La modificación del funcionamiento del partido, en todo caso, correspondía al Congreso Nacional, en términos de lo establecido en el artículo 10, numeral 7, inciso a”.

La falta de atención de la secretaría de Finanzas –a cargo de María Eugenia López Brun– en el manejo de los recursos “puso en riesgo financiero al partido”, al no cumplir sus fines.

Carlos Navarrete, a la sazón secretario general, sostuvo que no tuvo ningún informe ni conocimiento sobre el uso y manejo de los recursos, pero contradictoriamente solicitó infructuosamente el aval del gobierno de Zacatecas para que el partido pudiera acceder a créditos de la Banca Afirme, a petición de Robles Berlanga.

Tampoco denunció las irregularidades administrativas de las que fue testigo ante las instancias internas del partido, e incumplió el estatuto al no representar al partido para efectos de enajenaciones y adquisiciones de inmuebles, suscribir títulos de crédito y otras obligaciones mercantiles, incluyendo arrendamientos. Es decir, señala el informe, “incurrió en violaciones estatutarias”.

El partido adquirió dos inmuebles en 60 y 6.5 millones de pesos –ubicados en avenida Chapultepec 284 y Jalapa 12 en la ciudad de México, respectivamente–, a pesar de que el Consejo Nacional sólo autorizó la compra del primero, el cual costó en realidad 44 millones de pesos. La diferencia fue transferida y utilizada “para un fin distinto al autorizado”.

Por otra parte, y con base en los testimonios y documentales del expediente, el documento asegura que Televisa canceló mediante notas de crédito facturas ya pagadas y las sustituyó por otras que amparaban anuncios del PRD nacional por un monto ligeramente superior a 14 millones de pesos, hecho realizado “por el área de Finanzas del PRD nacional en colusión con Televisa”, según el informe de fecha 15 de enero de 2005 del Órgano Central de Fiscalización.

Respecto del pago de diversos proveedores, el documento señala que no obstante la escasez de recursos, existió un grupo de empresas cuya venta global al partido ascendió a 85 millones de pesos, y a las cuales se les pagó a tiempo –a pesar de varias de ellas presentaron facturas que no cumplían con los requisitos fiscales, y con precios distintos por los mismos artículos–, en contraste con el diferimiento de pago a otros proveedores, por valor de casi 150 millones de pesos.

También tuvo conocimiento de estas irregularidades Carlos Armando Bello, director de contabilidad de la coordinación de finanzas del partido. Ante la comisión, Carlos Armando Bello dejó implícitas conductas delictivas en el manejo de los recursos durante las campañas de 2003: “El problema, si esto sale, es cómo le voy a justificar al IFE los gastos, y pueden aperturar una investigación a la campaña federal, y sancionar por rebase de topes de gastos de campaña y ocultar información, algo tipo Pemexgate”.

Rosario y Ahumada

Aunque Rosario Robles Berlanga sostuvo que como presidenta del PRD no favoreció al empresario argentino Carlos Ahumada ni participó éste en reuniones políticas partidarias, y que los ataques que ella recibió se debieron a su condición de mujer, lo cierto es que en el expediente 02/04 y su acumulado 039/2004, que integró la Comisión Especial Investigadora contra la Corrupción, abundan evidencias en contrario.

Por ejemplo, la agencia de medios del PRD era Publicorp, una compañía de Carlos Ahumada que mediaba para la transmisión de spots a través de Televisa, pero en condiciones desventajosas para el partido.

En sus declaraciones ante la comisión, Dolores Padierna Luna refirió el 8 de noviembre de 2004 que acudió con su esposo René Bejarano a una reunión en la casa de Emilio Zebadúa, en donde se encontraban Pablo Gómez, Ramón Sosamontes y Rosario Robles Berlanga.

Esta última mostró una carpeta con todos los costos pagados a las televisoras por los spots de campaña. Dolores Padierna constató que los precios que se liquidaron a Televisa por la transmisión de los spots eran más altos que lo que pagaron el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional. También notó que las finanzas del partido “tenían un manejo discrecional y arbitrario”.

Ariadna Montiel Reyes, entonces secretaria de Finanzas, refiere que a Publicorp se le dio un anticipo de 20 millones de pesos para transmitir spots por Televisa. “Cuando la agencia acude a Televisa, les dicen que hay una deuda del PRD y que entonces ese dinero era para abonarlo a la deuda”. Publicorp lo permitió.

Rosario Robles y el coordinador de Finanzas, José Ramón Zebadúa González, arreglaron el problema. Acordaron con Televisa que la deuda del PRD por 14 millones de pesos se iba a cancelar, con el compromiso de invertir en la empresa igual cantidad. De nuevo se autorizó a la empresa Publicorp la administración de las pautas.

Montiel Reyes refiere luego una maniobra para simular ante el IFE menos cantidad de spots. Marcelo Arreola, del CEN, “me propuso hacer unos movimientos de spots, y me dijo que de 23 millones se hicieron 11 millones. Le dije que mi monitoreo me indicaba algo diferente. Me dijo que no me preocupara y que el CEN me iba a transferir campaña institucional, y que en lugar de tener pocos spots iba a tener más, y que así le quitaba un problema ante el IFE”.

Continuó: la agencia de medios “dijo que se trataba de una mala negociación o que se había pasado de sus gastos. Él dijo (Marcelo Arreola) que nos convenía hasta que admitió que se habían rebasado los topes y que necesitaba ayuda”.

El Instituto Mexicano del Seguro Social intentó embargar al PRD Distrito Federal en sus prerrogativas por falta de cuotas patronales de los trabajadores. “Nosotros depositamos en cuentas del CEN”, pero el CEN nunca pagó, dice Montiel Reyes.

“En una reunión a la que yo no acudí, Carlos Bello le dijo a mi contador que me iba a dar unas facturas para que hiciéramos nuestros registros contables”. Revisó una copia “y se trataba de movimientos efectuados con Televisa sin nuestro consentimiento”, puntualiza.

Por otra parte, el Instituto Electoral del Distrito Federal notificó a la secretaría de Finanzas que diera explicaciones sobre un gasto de 5 millones de pesos para beneficio de candidatos de la capital, pero esta oficina informó que no había hecho ese gasto.

Descubrió que el gasto lo había hecho, en realidad, la Organización Editorial Mexicana (OEM), de Mario Vázquez Raña. Esta empresa periodística informó que se trataba de una negociación con el PRD, mediante la cual OEM acordó un sobreprecio con Ramón Sosa Montes y un pago del CEN del PRD para que hubiera una línea editorial a favor de Rosario Robles.

Por otra parte, Publicorp fue una de las empresas privilegiadas a las que no se les debía nada, a diferencia de otras que traían pasivos, aseguró Agustín Guerrero Castillo, presidente del PRD en el Distrito Federal.

Ante la comisión, Rosario Robles sostuvo que Carlos Ahumada “jamás estuvo en reuniones políticas del PRD, únicamente en reuniones sociales”. Pero por lo menos hubo dos reuniones políticas a las que asistió el empresario argentino. Carlos Navarrete, entonces secretario general del partido, sostuvo: “Rosario Robles y yo decidimos tener una reunión de alto nivel con la dirigencia nacional del PRI. Ella habló con Roberto Madrazo y acordó una sesión comida en la casa particular de Rosario Robles”.

Continuó: “La casa era amplia, estilo colonial mexicano, y en los equipales estaban Ramón Sosamontes, al cual saludé inmediatamente y sentado una persona que no identifiqué (Carlos Ahumada, supo después), al cual saludé. No se presentó ni me lo presentó Ramón Sosamontes. A los dos minutos de haber llegado, platicando con Ramón, irrumpieron Manlio Fabio y Madrazo, saludaron y Ramón Sosamontes les dijo que Rosario Robles tardaría unos minutos en llegar. A los cinco minutos llegó y nos invitó a pasar a comer.

“Para mi sorpresa, en la mesa del comedor había seis sillas, Madrazo, Manlio Fabio, Rosario Robles, Sosamontes, yo, y el señor que estaba sentado cuando llegué a la casa (Carlos Ahumada). Este personaje no habló en la comida, no intervino, no opinó, pero estaba sentado en la mesa y discutíamos asuntos muy delicados…”.

A su vez, Guadalupe Acosta Naranjo refirió: “Yo conocí a Ahumada en una reunión cuando yo era delegado en Colima, iba Jesús Orozco, Socorro Díaz, Ramón Sosamontes, para tratar de convencerlos de que se sumaran a una alianza con nosotros, y llega un tipo que no conozco y se sienta al lado de Rosario, y al levantarme para ir al baño le pregunto a Ramón Sosamontes quién era él, y me dijo que era Carlos Ahumada”.

Simulaciones

José Ramón Zebadúa González tuvo en sus manos el manejo financiero del PRD a través de un nuevo cargo que se creó durante la presidencia de Rosario Robles Berlanga: la Coordinación General de Administración y Finanzas, que prácticamente sustituyó a la Secretaría de Finanzas del partido.

El Órgano Central de Fiscalización del partido detectó que Zebadúa González perjudicó al partido “alterando cuentas o condiciones de los contratos, haciendo aparecer operaciones o gastos de los cuales no se tiene certeza de su existencia, exagerando en algunos de ellos los reales, ocultó y retuvo información del instituto político”.

Durante su gestión, varias empresas privadas fueron consentidas, ya que les pagó puntualmente e incluso con anticipación: Corporación de editores, Diseño y Fotomecánica, Docuprint Digital Center, Maquiladora de Blancos, Jumen, Abastecedora Comercial Packard, Universal Flexo, Servicios de Comercio Exterior Mexicano, Comercializadora Prome, Maya Print, Comercializadora Silmac, Lara Corres y Grupo Hamcer.

Proveyeron pendones, dípticos, carteles, gorras, playeras, lápices y textiles, pasacalles, volantes, balones de fútbol, calendarios, urnas electorales, lonas y cobija, y carpetas, entre otros productos.

El órgano descubrió que Comercializadora Prome, Comercializadora Silmac, Docuprint Digital Center, Lara Corres, Maya Print y Universal Flexo presentaron 41 facturas que no cumplían con los requisitos fiscales correspondientes.

Por lo tanto, apuntó, no debieron ser pagadas dichas facturas por el importe de 22.5 millones de pesos, toda vez que éstas no contenían el número de autorización del Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda.

Además, los gastos de propaganda electoral efectuados a los proveedores soportaban artículos similares con precios distintos, habiendo sido favorecidos en la adquisición y agilización del pago por el área de finanzas del partido.

“Se desconoce si los artículos que amparaban dichas facturas ingresaron en realidad al acervo del partido, toda vez que no existe una requisición del área solicitante de los artículos adquiridos, a efecto de contar con la evidencia necesaria para acreditar cuáles fueron las necesidades que se requerían ser satisfechas, las características específicas de los artículos, forma de entrega y destino final, lugar y plazos y personal autorizado para su aprobación”.