Desde la oposición en el Congreso, el priísta Ildefonso Guajardo impulsó férreamente la aprobación de la Ley de Asociaciones Público Privadas. La entonces iniciativa de ley fue enviada por Felipe Calderón Hinojosa y avalada por priístas y panistas entre el 13 y el 14 de diciembre de 2011, tanto por la Cámara de Diputados como por la de Senadores.

 

El diputado federal fue nombrado coordinador de Vinculación Empresarial del hoy virtual presidente electo Enrique Peña Nieto. Desde entonces, el también presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados se dedicó a reunirse con el sector empresarial de todo el país, con el fin de “exponerles su visión sobre el estancamiento económico y los cambios que requiere la nación”.

 

Desde que inició su campaña, Enrique Peña Nieto habló pública y reiteradamente de sus intenciones de mantener un vínculo estrecho con la iniciativa privada. La más reciente referencia al tema que el exgobernador del Estado de México había hecho fue en el mensaje de la media noche del domingo 1 de julio en la que se proclamó, anticipadamente, “presidente electo”. Desde la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Peña Nieto refirió que su gobierno habrá de “impulsar una renovada economía de libre mercado pero con sentido social”.

 

Calificada como ominosa por los investigadores Irma Eréndira Sandoval, Daniel Márquez y Jorge Witker, la Ley de Asociaciones Público Privadas, hoy vigente, legaliza los contratos de casi medio siglo, las expropiaciones a favor de privados y la entrega de recursos naturales propiedad de la nación para el desarrollo de negocios financiados con dinero público.

 

En entrevista con Contralínea, Ildefonso Guajardo niega que la ley aprobada en 2011 privatice los bienes públicos. Refiere que la participación del sector privado en el desarrollo nacional está garantizada en el Artículo 25 constitucional, por lo que a su parecer la norma fortalece la Constitución.

 

“Las asociaciones público-privadas lo que buscan es potencializar la capacidad del Estado mexicano para desarrollar infraestructura y oferta de servicios a los ciudadanos a través de incorporar dinero privado en proyectos públicos que resuelvan problemas de los usuarios, pero que al mismo tiempo sean rentables para los inversionistas”, afirma el también doctor en finanzas públicas y economía.

 

Ante las críticas y las muestras de rechazo por la inminente aprobación de una ley que permite las adjudicaciones directas, Ildefonso Guajardo justifica: “La ley lo permite con responsabilidad exclusiva y absoluta del secretario de Estado, y bajo justificaciones transparentes”.

 

Tal como lo documenta Contralínea, en México, al menos 29 proyectos operan desde 2000 bajo el esquema de “prestación de servicios”. Prisiones, escuelas, carreteras, hospitales, transportes, generadores de energía fueron adjudicados por el gobierno federal y los gobiernos estatales al capital privado para su construcción y explotación.

 

En los últimos 10 años, los gobiernos locales –en su mayoría panistas y priístas– de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas reformaron su marco jurídico para permitir el desarrollo de proyectos de prestación de servicios.

 

Es decir que en el 84 por ciento del territorio nacional hay leyes vigentes que han cedido la prestación de servicios públicos y la construcción de obra pública a la iniciativa privada, pero con financiamiento del erario.

 

Durante la votación del dictamen de la Ley de Asociaciones Público Privadas en la Cámara de Diputados, con nula discusión, los priístas, mayoría en el Congreso, votaron a favor y sin reservas el proyecto. Entonces fue evidente la instrucción de Ildefonso Guajardo Villarreal, quien desde lejos hacía a sus compañeros de bancada gestos afirmativos o negativos, según lo considerara.

 

Con la aprobación de dicha ley concluyó el impetuoso esfuerzo de la administración calderonista y el priísmo para otorgar un marco jurídico a la iniciativa privada, y que ésta se convierta en un proveedor permanente de obra y servicios públicos.

 

Originario de Monterrey, el diputado federal de 55 años cursó la licenciatura en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó estudios de maestría en la Universidad Estatal de Arizona y el doctorado en la Universidad de Pennsylvania, de donde ha sido profesor adjunto en los cursos de microeconomía.

 

Dentro de su trayectoria en el servicio público destacan su  desempeño de 1993 a 1994 como director de la Oficina para Asuntos del Tratado de Libre Comercio, con sede en la embajada de México en Washington, de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; y en 1990 y 1991, como economista asociado al Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional.

 

Con una larga carrera dentro del tricolor como secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional y coordinador de Asuntos Internacionales de este mismo Comité, presidente de la Fundación Colosio en Nuevo León, coordinador de programas de gobierno de la campaña de José Natividad González Parás, consejero político y asesor en la campaña por la Presidencia de la República de Francisco Labastida Ochoa, Ildefonso Guajardo Villarreal es parte de círculo rojo del probable próximo presidente, Enrique Peña Nieto.

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contralínea 294